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La Verdad del Sureste

Llevan a Trife denuncia por OHL-Del Mazo


Integrantes de la iniciativa Ahora impugnaron ante el TEPJF la negativa del INE a indagar la denuncia por el presunto desvío de recursos de OHL a la campaña de Del Mazo.
Integrantes de la iniciativa Ahora impugnaron ante el TEPJF la negativa del INE a indagar la denuncia por el presunto desvío de recursos de OHL a la campaña de Del Mazo.

Ciudad de México, 25 julio 2017.- Integrantes de la iniciativa Ahora impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la negativa del INE a indagar la denuncia presentada por el presunto desvío de recursos de OHL a la campaña Alfredo del Mazo en el Estado de México.
    Alfredo Figueroa y Emilio Álvarez Icaza acusaron directamente al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, Eduardo Gurza, de “dinamitar” desde el interior del árbitro electoral la revisión de los gastos de campaña del priista.
    Entrevistado a las afueras de la Sala Superior del TEPJF, Figueroa acusó que, en pleno proceso de fiscalización, Gurza -quien ha sido señalado de tener vínculos con Del Mazo- pidió a los partidos dejar de reportar gastos una semana antes de la jornada electoral, lo que ha impedido a la autoridad electoral conocer realmente cuánto erogaron los candidatos y si alguno rebasó los topes de campaña.
     El ex consejero electoral señaló que el INE renunció a las facultades de investigación que le confirió la Constitución con la reforma electoral de 2014.
    “Yo conozco muy puntualmente este caso. Sé muy buen que el proceso de fiscalización del INE se encuentra interrumpido merced a un oficio girado desde la propia UTF, contrario al Reglamento (de Fiscalización), que ha supuesto el inicio de un procedimiento oficioso para poder establecer con claridad cuál es el gasto que se ha hecho en Coahuila y el Estado de México”, advirtió.
    “El asunto es muy grave, porque, hasta el día de hoy, el responsable de que se giren esos oficios sigue como titular de la UTF; es desde la propia autoridad electoral desde donde se ha, en buena medida, dinamitado la certeza respecto de los informes de gastos de campaña”.
    Álvarez Icaza exigió el cese inmediato de Gurza como titular de la UTF, así como la renuncia de los 11 consejeros electorales.
    También planteó que, a instancias de un nuevo Consejo Electoral, el INE atraiga las elecciones federales y concurrentes de 2018.
    “Para nosotros es gravísimo en términos de lo que puede generar como precedente para 2018, la iniciativa Ahora ha pedido por eso la renuncia de los integrantes del Consejo General, que se anulen las elecciones de Coahuila y el Estado de México, el cese inmediato del titular de la UTF del INE y que, bajo la nueva integración de un nuevo Consejo General, se atraigan las 30 elecciones que se harán el año que viene”, asentó.
    Icaza anunció que serían recibidos por la presidenta del TEPJF, Janine Otálora, para exponerle los pormenores de su recurso de apelación.
Se suma a Ahora abogado de Infraiber
Paulo Díez Gargari, abogado de la constructora Infraiber, se sumó a la iniciativa Ahora.
    Díez Gargari había denunciado desde abril que la empresa española OHL habría aportado un financiamiento ilegal de mil 600 millones de pesos a la campaña del priista Alfredo del Mazo.
    Dicha denuncia, que Díez Gargari había hecho llegar directamente al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, fue uno de los insumos de Ahora en el expediente que presentó por una supuesta triangulación de recursos de OHL a través de monederos electrónicos.
    El abogado de Infraiber --empresa que ha acusado de favoritismo al Gobierno mexiquense en la concesión de autopistas a OHL-- acudió hoy con integrantes de la iniciativa Ahora a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
    En un encuentro con la Magistrada presidenta del Tribunal, Janine Otálora, los activistas presentaron un recurso de apelación contra la negativa del INE a indagar la implicación de OHL con la campaña de Del Mazo.
    En entrevista, Díez Gargari calificó como “ilegal” la decisión del INE, que declaró como improcedente la queja y se rehusó a abrir una investigación al no existir indicios claros del vínculo entre la empresa española y el abanderado priista.
    Sin embargo, aclaró, de acuerdo con una jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF, el INE sólo podía desechar la denuncia si, a partir de una investigación, hubiera llegado a la conclusión de que dicho vínculo, efectivamente, no existe.
    “El INE declara que es improcedente porque no tiene certeza de que exista un vínculo, (pero) lo que le ordena la jurisprudencia es que tenga certeza de la inexistencia del vínculo”, anotó.
    “Me parece que es claramente ilegal, que es el resultado de un proyecto elaborado por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (Eduardo Gurza), que es un individuo con un claro conflicto de interés, y por lo mismo me parece que (la resolución del INE) debe ser dejada sin efecto”.
    Díez Gargari indicó que está brindando apoyo jurídico a la iniciativa Ahora y afirmó que comparte sus objetivos.
    En abril pasado, el abogado denunció una presunta transferencia de recursos millonarios de OHL hacia el Gobierno de Eruviel Ávila mediante una triangulación financiera efectuada a través del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM).
    La acusación incluyó estados financieros que señalan que, en el periodo de septiembre de 2015 a septiembre de 2016, cuando inició oficialmente el proceso electoral, el SAASCAEM registró en una cuenta de efectivo un incremento inusual de mil 683.1 millones de pesos.
    Poco después de ese ingreso, agregó, el SAASCAEM registró una cuenta por pagar a corto plazo a favor del Gobierno del Edomex por un monto de mil 600 millones de pesos.
    Añadió que, al 31 de diciembre de 2016, dichos recursos ya no figuraban en las cuentas del SAASCAEM, aunque tampoco existía evidencia de que el Gobierno estatal los haya recibido.
    En mayo, la Administración de Ávila aseguró que los mil 600 millones de pesos depositados al SAASCAEM fueron un pago del Gobierno federal por un convenio relacionado con la autopista Chamapa-Lechería.
    Afirmó que, posteriormente, ese organismo descentralizado le “reintegró” los recursos en cuentas que, aseguró, “fueron debidamente auditadas y revisadas”, aunque no ofreció pruebas de ello.

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