En algunos gobiernos la corrupción adquiere carta de naturalización. Este mal pernicioso se enraizó, como en ninguna otra dependencia, en la Secretaría de Movilidad.
A los inspectores del transporte público les otorgaron licencia para extorsionar y chantajear a trabajadores del volante de todas las rutas del transporte público urbano y suburbano.
Esa secretaría se convirtió en un nido de ratas coludas, como diría AMLO cuando iniciaba la lucha por la transformación. Todos los mandos superiores le entraron al moche y, por supuesto, cuentan los choferes que llevaban la tajada más grande, empezando por su extitular, Narciso Oropeza Andrade, quien asumió el cargo el 13 de enero de 2020.
Era muuuy conocido entre los notarios por sus “habilidades”.
Con su llegada a la dependencia las extorsiones se volvieron habituales y los sobornos también para otorgar permisos y concesiones.
Se beneficiaron de ese jugoso negocio que, según denuncias de trabajadores, era controlado por el mismísimo exsecretario de Movilidad.
El cambio de gobierno y el arribo de Rafael Elías Sánchez Cabrales a esa dependencia destaparon la cloaca en Movilidad. Ahora se sabe que el taxímetro fue un negocio de Oropeza Andrade, que esa aplicación no pertenece al gobierno sino a un particular por decisión de este señor que resultó ser todo un mañoso.
Esa APP ni el programa operativo fueron entregados a los nuevos titulares de la Secretaría de Movilidad en el proceso de entrega-recepción. Trabajadores de la dependencia han sido citados para que aclaren toda esta trama de corrupción y cuyo principal responsable es Oropeza Andrade.
El taxímetro fue un capricho, que ha resultado bastante costoso para el gremio taxista, de este notable mal servidor público, quien hizo y deshizo a su antojo en Movilidad y la convirtió en una cueva de chichos.
No fue la única irregularidad encontrada en Movilidad. Descubrieron también la venta de permisos apócrifos para que unidades del transporte público circularan como si estuvieran en regla. De todo sacaban provecho.
Según Sánchez Cabrales, los permisos falsos tenían un costo de entre tres mil y cinco mil pesos. Todo esto se sabe porque en las llamadas “Jornadas de Atención al Pueblo”, que el gobierno de Javier May realiza en comunidades de los municipios del estado, los transportistas defraudados lo han denunciado.
De acuerdo a declaraciones que durante la semana hizo a reporteros de la fuente, “hemos detectado en la gran mayoría de los municipios donde hemos estado, que al momento de checar su QR en los permisos, inmediatamente te dice que se trata de un documento no expedido por la Secretaría de Movilidad”.
Los responsables de este caso de corrupción citaban a los concesionarios en otros lugares, lejos de la dependencia para que no se dieran cuenta del atraco.
“Tenemos muchos casos –dijo-, incluso, a esos permisos les han sacado copias y esas copias las traen otras unidades”.
Ante esa irregularidad se le ha pedido a los transportistas afectados con estas transas que acudan a la dependencia a regularizarse para que puedan circular sus unidades sin ningún problema legal.
No eran servidores públicos sino auténticos sinvergüenzas que aprovecharon el cargo para enriquecerse, no para servir al pueblo.
NI UNO MÁS
Esto también tiene que ver con lo que escribí el jueves, en el sentido de que en Morena no debe haber cabida de ladrones y sinvergüenzas como los que manejaron la Secretaría de Movilidad.
El órgano de control interno investiga todos estos latrocinios que no pueden quedar impunes. No debe haber borrón y cuenta nueva. Se tiene que llegar al fondo del asunto.
No hay lugar al perdón y al olvido. Tiene que haber un castigo ejemplar, se debe sentar un precedente y una advertencia para los actuales servidores públicos de que no se tolerará ningún acto de corrupción trátese de quien se trate. Por la ambición de unos cuantos no puede quedar en entredicho la honorabilidad y honestidad de este gobierno.
El servicio público no es para enriquecerse ni para hacer negocios ilícitos o sacar provecho de la posición para obtener un beneficio económico, como estos pillos y rufianes encabezados. Para acabar con esto el pueblo le dio todo su apoyo a Javier May, por lo que si alguien se subió al tren para saquear puede ir preparando sus maletas.
A los inspectores del transporte público les otorgaron licencia para extorsionar y chantajear a trabajadores del volante de todas las rutas del transporte público urbano y suburbano.
Esa secretaría se convirtió en un nido de ratas coludas, como diría AMLO cuando iniciaba la lucha por la transformación. Todos los mandos superiores le entraron al moche y, por supuesto, cuentan los choferes que llevaban la tajada más grande, empezando por su extitular, Narciso Oropeza Andrade, quien asumió el cargo el 13 de enero de 2020.
Era muuuy conocido entre los notarios por sus “habilidades”.
Con su llegada a la dependencia las extorsiones se volvieron habituales y los sobornos también para otorgar permisos y concesiones.
Se beneficiaron de ese jugoso negocio que, según denuncias de trabajadores, era controlado por el mismísimo exsecretario de Movilidad.
El cambio de gobierno y el arribo de Rafael Elías Sánchez Cabrales a esa dependencia destaparon la cloaca en Movilidad. Ahora se sabe que el taxímetro fue un negocio de Oropeza Andrade, que esa aplicación no pertenece al gobierno sino a un particular por decisión de este señor que resultó ser todo un mañoso.
Esa APP ni el programa operativo fueron entregados a los nuevos titulares de la Secretaría de Movilidad en el proceso de entrega-recepción. Trabajadores de la dependencia han sido citados para que aclaren toda esta trama de corrupción y cuyo principal responsable es Oropeza Andrade.
El taxímetro fue un capricho, que ha resultado bastante costoso para el gremio taxista, de este notable mal servidor público, quien hizo y deshizo a su antojo en Movilidad y la convirtió en una cueva de chichos.
No fue la única irregularidad encontrada en Movilidad. Descubrieron también la venta de permisos apócrifos para que unidades del transporte público circularan como si estuvieran en regla. De todo sacaban provecho.
Según Sánchez Cabrales, los permisos falsos tenían un costo de entre tres mil y cinco mil pesos. Todo esto se sabe porque en las llamadas “Jornadas de Atención al Pueblo”, que el gobierno de Javier May realiza en comunidades de los municipios del estado, los transportistas defraudados lo han denunciado.
De acuerdo a declaraciones que durante la semana hizo a reporteros de la fuente, “hemos detectado en la gran mayoría de los municipios donde hemos estado, que al momento de checar su QR en los permisos, inmediatamente te dice que se trata de un documento no expedido por la Secretaría de Movilidad”.
Los responsables de este caso de corrupción citaban a los concesionarios en otros lugares, lejos de la dependencia para que no se dieran cuenta del atraco.
“Tenemos muchos casos –dijo-, incluso, a esos permisos les han sacado copias y esas copias las traen otras unidades”.
Ante esa irregularidad se le ha pedido a los transportistas afectados con estas transas que acudan a la dependencia a regularizarse para que puedan circular sus unidades sin ningún problema legal.
No eran servidores públicos sino auténticos sinvergüenzas que aprovecharon el cargo para enriquecerse, no para servir al pueblo.
NI UNO MÁS
Esto también tiene que ver con lo que escribí el jueves, en el sentido de que en Morena no debe haber cabida de ladrones y sinvergüenzas como los que manejaron la Secretaría de Movilidad.
El órgano de control interno investiga todos estos latrocinios que no pueden quedar impunes. No debe haber borrón y cuenta nueva. Se tiene que llegar al fondo del asunto.
No hay lugar al perdón y al olvido. Tiene que haber un castigo ejemplar, se debe sentar un precedente y una advertencia para los actuales servidores públicos de que no se tolerará ningún acto de corrupción trátese de quien se trate. Por la ambición de unos cuantos no puede quedar en entredicho la honorabilidad y honestidad de este gobierno.
El servicio público no es para enriquecerse ni para hacer negocios ilícitos o sacar provecho de la posición para obtener un beneficio económico, como estos pillos y rufianes encabezados. Para acabar con esto el pueblo le dio todo su apoyo a Javier May, por lo que si alguien se subió al tren para saquear puede ir preparando sus maletas.
