La noche del jueves, los residentes del exclusivo fraccionamiento Campestre, vieron interrumpida la tranquilidad: varias camionetas con elementos federales y estatales ingresaron a esa zona exclusiva para catear una residencia en particular: la casa del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena.
El cateo, autorizado por un juez, no reportó ningún dato adicional sobre las actividades ilícitas del prófugo de la justicia y buscado por todo el mundo por la interpol, acusado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro.
En el momento en que trascurría la revisión policiaca del inmueble, corrió como reguero de pólvora la noticia. Se dijo primero que era la vivienda del yerno de Bermúdez, Pablo Jiménez Pons, casado con una hija del denominado “Comandante H”.
Momentos después, las versiones apuntaban a la casa de quien es señalado como líder de la organización criminal “La Barredora”.
Este viernes, el fiscal general del Estado (FGE), Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, confirmó el cateo, pero no quiso decir a los reporteros que lo entrevistaron si la residencia era o no de Bermúdez Requena, para guardar el debido proceso de este asunto que, en la medida que más se abunda, más implicados aparecen en los trabajos periodísticos publicados por la prensa nacional.
Como era de esperarse, la fiscalía no halló a nadie dentro de la vivienda: ni personas ni documentos ni cualquier indicio que aportara información sobre el fugitivo.
A decir de Vázquez Landeros, al interior de la casa solo encontraron “algunos accesorios, inmobiliario y vehículos” cuando el objetivo de la representación social era hallar “personas, documentos y objetos que nos ayude con las investigaciones”.
Era obvio que, a cinco meses de la fuga de Bermúdez Requena, esa casa se encontrara materialmente abandonada. Tuvieron todo ese tiempo los familiares del prófugo de la justicia de borrar todo indicio incriminatorio. La autoridad se tardó mucho en catear esa propiedad del extitular de la SSPC.
Este caso no es un asunto menor, sino de la mayor trascendencia por varias razones. La principal: Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de un gobierno de Morena y fue acusado penalmente por otro gobierno de Morena.
Ese simple hecho lo diferencia de los tiempos del PRI en cuyo periodo el gobernante saliente era protegido por el entrante, porque era un pacto no escrito. Salvo que hubiera alguna rencilla o una orden de muy arriba, es que el gobernante que se marchaba enfrentaba el encierro o el destierro y, en algunos casos, el entierro.
Con Bermúdez no hubo protección ni impunidad, sino la aplicación de la ley con todas sus consecuencias y hasta donde tope. Lo ha dicho la presidenta en varias ocasiones en que le han insistido en este tema: no habrá encubrimiento para nadie. Tampoco linchamiento mediático o ajustes de cuentas.
SE ACABAN LAS SIMULACIONES
El panorama nacional no está para simulaciones o acuerdos secretos, sino para llevar ante la justicia a todo aquel que delinque desde el poder, peor si se alía a grupos criminales catalogados como terroristas por el principal gobierno injerencista en el mundo, como lo es el estadounidense, que está deseoso de meterse al territorio nacional para perseguir y “acabar” con los narcos.
Era imposible que la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Javier May Rodríguez se hicieran de la vista gorda o que miraran a otro lado para no advertir que Tabasco, hasta hace poco, era literal un narco-estado, nada menos que la tierra del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, precursor del movimiento al que se colaron indeseables de la catadura de Bermúdez Requena.
Esa es la gravedad del hecho: dejar que la delincuencia organizada se apoderara del aparato de seguridad y utilizarlo para robar, asaltar, extorsionar y ajusticiar al bando enemigo y sembrar terror entre la población para tenerla sometida a sus designios y demostrar quién mandaba en el estado, sin temor a ser molestados porque se sentían protegidos nada menos que por el líder del Senado, con la creencia de que era nada menos que el “hermano” de AMLO y eso les daría patente de corso.
Ya quedó demostrado que no hay protección que valga, porque no se pondrá en riesgo la continuidad de un proyecto de transformación con este tipo de distorsiones que amenazan con erosionar su base social por estos malos elementos que traicionaron los principios de la 4T, porque sí robaron, sí mintieron y sí traicionaron.
Hay malos periodistas, en su afán de justificarlos o eximirlos de responsabilidades, alegan que lo que ha salido publicado en la prensa nacional acerca del caso Bermúdez, es “guerra sucia” o “ataques” en contra de los exgobernadores Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, quienes permitieron que la seguridad estuviera en manos de delincuentes con charola y que, ante la caída en desgracia, de quien era su hombre fuerte, de todas sus confianzas, ahora salgan con el cuento de que no “sospechaban” o “ya estaba ahí cuando yo llegué”.
Mientras más se jala el hilo, más implicados aparecen en este entramado criminal que operó a sus anchas durante el sexenio pasado y que se extendió a los estados de Chiapas, Veracruz y Puebla, según la información aportada por las autoridades federales que dan seguimiento a este escandaloso caso.
