En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión -las cámaras de Diputados y de Senadores están en receso- el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández le tuvo que entrar al debate por su relación -directísima- con el “Comandante H”, ese que lideraba a un grupo criminal y dirigía a la vez la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Quienes siguieron de cerca la confrontación, que por momentos parecía un pleito de cantina, advirtieron que el senador no dijo nada que no haya dicho antes en la entrevista a modo con Ciro Gómez Leyva.
Repitió el guion: lo nombré porque había una crisis de seguridad; cuando goberné bajó el índice delictivo en el estado; si la autoridad me requiere iré a declarar, que no son acusaciones en su contra sino calumnias y más bla, bla, bla.
Aquí en Tabasco todo mundo sabía que la crisis no era de seguridad, sino económica, el gobierno de Arturo Núñez estaba prácticamente quebrado, no tuvo recursos para cerrar el último año de su sexenio y terminó muy mal su gestión, repudiado por la ciudadanía, en gran parte por la despiada campaña desatada en su contra por columnistas y periódicos a los que durante cinco años les llenó de dinero sus alforjas y como el último año ya no hubo chayo, se dijeron “robados” porque no les pagó las suculentas igualas que mensualmente recibían y comenzaron el golpeteo y a tacharlo como el peor gobernador que ha tenido el estado. Esa es otra historia que se contará en su momento en este espacio.
Lo que dijo López Hernández en Radio Fórmula y el miércoles pasado en la Comisión Permanente es casi lo mismo que repitió en 2019, cuando inauguró las nuevas instalaciones del Centro de Procuración de Justicia en Cárdenas de la Fiscalía General del Estado, el 7 de noviembre de ese año, un mes antes de que nombrara secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a Hernán Bermúdez Requena y poner en manos de un delincuente la seguridad de los tabasqueños.
Ese día, el área de prensa del gobierno adancista se publicó que gracias al “trabajo coordinado del equipo de seguridad de Tabasco, conformado por instituciones estatales y federales, entre ellas la Fiscalía General del Estado (FGE), ha generado una reducción de 21 por ciento en la incidencia delictiva en lo que va de 2019, lo que implica tres mil 886 delitos menos con respecto a 2018”.
De golpe y porrazo disminuyeron en diez meses tres mil 886 delitos, toda una hazaña que suena más a maquillaje, como lo denunció el gobernador Javier May en noviembre pasado cuando dijo que sus antecesores tendrían que dar una explicación por las cifras simuladas de la incidencia delictiva.
El mes pasado, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó un reportaje que tituló: “Cuando el Estado obedece al crimen: Tabasco y el poder criminal desde dentro”, en la que se señala que en el sexenio pasado los tabasqueños dejaron de denunciar los delitos, no por indiferencia, sino “porque la autoridad se ha vuelto parte del riesgo”.
El reporte periodístico inicia así: “A finales de 2019, un operativo policial en Tabasco marcó el inicio de una larga cadena de eventos que tienen consecuencias hoy en los cimientos del aparato de seguridad estatal. La detención de Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, alias “El Pelón de Playas”, entonces líder regional de Los Zetas, no sólo provocó una oleada de violencia —vehículos incendiados, comercios atacados, mantas con amenazas explícitas—, sino también acusaciones directas contra el recién nombrado secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena”.
Esa fue la historia del contexto de violencia actual en la entidad, durante la gestión de quien en discursos y con cifras maquilladas habla de que se redujo la incidencia delictiva cuando en realidad desde el aparato policiaco se cocinaba a fuego lento para que hiciera ebullición a finales de 2023.
MCCI citó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para demostrar que “entre 2019 y 2024 — periodo que incluye la gestión de Adán Augusto López como gobernador, hasta agosto de 2021 cuando se incorporó al gabinete presidencial y de Hernán Bermúdez como secretario de seguridad — Tabasco registró un promedio anual de 47,380 carpetas de investigación por delitos del fuero común, es decir, más de 130 delitos denunciados cada día.
“En 2024, cada día se denunciaron 1,663 delitos. Esto es 22% menos que en 2019. A primera vista, la disminución podría interpretarse como un avance. El número de carpetas mensuales cayó en mil casos; la carga diaria pasó de 155 a 122. No obstante, esta tendencia descendente no debe leerse de forma acrítica.”
EL DATO DURO NO MIENTE
Esta disminución de delitos que refiere MCCI en el 2024 se debió a que Bermúdez Requena ya no estaba al frente de la SSPC, sino que por instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fuerzas federales asumieron las tareas de seguridad a través del operativo Tabasco Seguro en la que no participaban ni policías de la FGE ni de la SSPC por la desconfianza creciente que había hacia esas dos áreas de seguridad del estado.
Ya sabemos qué pasó y qué fue lo que encontraron en los diversos operativos que se llevaron a cabo en diversos puntos de la ciudad: el hallazgo de casas de seguridad, de talleres mecánicos donde guardaban vehículos robados y patrullas clonadas, el antro que tenía el “Comandante H” por los rumbos de Parrilla, el C-4 hechizo y muchas guaridas más que utilizaban en sus actividades ilícitas.
De palabra se pueden decir muchas cosas, pero el dato duro no miente, desnuda la mentira. Tampoco son calumnias, pues no es falsedad que él sabía de los antecedentes criminales de Bermúdez y aún así lo puso a dirigir la SSPC, que su notaría constituyó las empresas utilizadas para actividades ilegales de Humberto Bermúdez Requena, que hay una relación de años entre ellos.
Por eso quieren hacer creer que se trata de un asunto político, alimentado por una venganza que solo existe en la mente de los miembros de esa cofradía. Javier May no alborotó ningún avispero y tampoco metió en un embrollo a la presidenta.
Lo que hizo, con la anuencia presidencial, fue destapar la cloaca para limpiar toda la podredumbre que se acumuló en el sexenio pasado y que amenazaba la estabilidad de su gobierno. No se puede actuar con total cinismo y sentirse impune. A cada santo le llega su hora.
