El gobernador Javier May Rodríguez estuvo este lunes en Chiapas. Pagó la visita que hace unos meses le hizo el mandatario Eduardo Ramírez Aguilar. Ambos participaron en la Mesa de Paz Interestatal Chiapas-Tabasco organizada en Chiapa de Corzo, para revisar los resultados de la estrategia de seguridad implementada en esta región del sureste azotada por el crimen organizado que en el sexenio pasado floreció con la complicidad de autoridades tabasqueñas y chiapanecas.
Los efectos nocivos del grupo criminal “La Barredora” no solo se sintieron en territorio tabasqueño sino también se extendieron al chiapaneco donde gobernaba Rutilo Escandón, cuñado de Adán Augusto López Hernández.
En ambos estados se asentó casualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al menos en Tabasco operó a través de “La Barredora” aunque ahora sabemos que hubo un desprendimiento, una ruptura por ambiciones personales entre jefes mafiosos.
Esa organización controlaba la plaza e imponía su ley y el terror. Allá como acá se puso en un serio predicamento la seguridad e integridad de la población.
Bajo el cobijo de las policías estatales se disparó la inseguridad, los homicidios dolosos, los asaltos, el tráfico de armas, droga y de migrantes, el robo de autos, la extorsión y el secuestro, así como el robo de combustible.
Las carreteras que enlazan Tabasco con Chiapas se convirtieron en territorio sin ley, se volvió un riesgo transitar por esos caminos. Los asaltos se cometían a todas horas con la seguridad que daba a los delincuentes de sentirse impunes. Esa pesadilla duró seis años y la vivieron chiapanecos y tabasqueños por igual.
Esa situación ha cambiado a raíz de que los gobernadores de ambas entidades acordaron trabajar de manera conjunta y coordinada para devolverle la paz y la tranquilidad a la gente. La estrategia ha rendido buenos resultados y eso fue lo que evaluaron este lunes en la Mesa de Paz Interestatal.
La primera reunión se realizó en Villahermosa el 3 de marzo pasado. En aquella ocasión se firmó un acuerdo para combatir el delito de manera coordinada y representó un paso significativo para abordar problemas de seguridad en la región sureste, con implicaciones importantes en varios niveles.
El convenió respondió al fenómeno conocido como "efecto cucaracha": delincuentes cruzan fronteras estatales para evadir a las autoridades, como se ha observado con grupos como “La Barredora”, que operan en la zona limítrofe entre Tabasco y Chiapas. Este fenómeno se agrava por la porosidad de la frontera entre ambos estados y la cercanía con Guatemala.
Eso permitió operativos interestatales, que fuerzas de seguridad de un estado puedan perseguir delincuentes en el otro, eliminando los límites territoriales como barreras para la justicia. Esto busca cerrar los espacios de impunidad que grupos criminales aprovechan para refugiarse tras cometer delitos como extorsión, narcomenudeo, robo de combustible o tráfico de migrantes.
El Acuerdo para la Paz Tabasco-Chiapas incluye operativos conjuntos, inteligencia compartida, grupos policiales de reacción inmediata, bases de datos compartidas y mecanismos unificados para la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente menores y mujeres. Aquí opera la FIRT Olmeca, allá, Los Pakales.
Se prioriza la vigilancia en las carreteras que conectan ambos estados, beneficiando a transportistas, turistas y ciudadanos en general, al garantizar un tránsito más seguro en una región con alta movilidad económica y social.
En el contexto de acusación de complicidad o inacción de autoridades previas en ambos estados como las señaladas contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, y el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, este acuerdo busca contrarrestar la percepción de omisión y demostrar compromiso con la seguridad.
LA SOMBRA DE RUTILIO
Se enfoca en cerrar el paso a grupos criminales que operan en la frontera entre Tabasco y Chiapas que han sido señalados por actividades ilícitas en ambos estados. La colaboración interestatal podría dificultar su operación, especialmente si se implementan operativos conjuntos y el intercambio de inteligencia.
Era necesario corregir el entuerto provocado por Adán Augusto-Merino y Rutilo Escandón, pues acusaciones y documentos de inteligencia militar filtrados a la prensa nacional señalan complicidad de autoridades en Tabasco y de Chiapas para encubrir o facilitar las actividades de La Barredora.
La estructura de “La Barredora” en Tabasco incluía a funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado, según filtraciones, lo que apunta a una red de complicidad institucional. En Chiapas ocurría algo similar, las áreas de seguridad estaban infiltradas por el narco.
Reportes de inteligencia militar, filtrados por Guacamaya Leaks, afirman que “La Barredora” operó en municipios como Reforma, Pichucalco y Palenque (2019-2021), con presunta complicidad de autoridades locales durante la gestión de Rutilio Escandón.
Se menciona que el grupo se benefició de la falta de acción policial en la frontera con Tabasco. Ramírez Aguilar llegó a la gubernatura a limpiar toda la podredumbre que le dejó su antecesor. Limpió las corporaciones policiacas de malos elementos que, como en Tabasco, estaban coludidos con el crimen organizado.
No hay pruebas directas de complicidad de altos funcionarios en Chiapas, pero la porosidad de la frontera con Tabasco y la falta de investigaciones formales alimentan sospechas de omisión o tolerancia.
En Tabasco, hay evidencia documental y acusaciones creíbles de complicidad, especialmente por la inacción contra Hernán Bermúdez Requena y la participación de mandos policiales en el sexenio pasado.
En Chiapas, hasta ahora, las acusaciones son menos sólidas, basadas principalmente en filtraciones y denuncias de opositores, pero hay la firme voluntad con el nuevo gobierno de llegar hasta sus últimas consecuencias.
