En el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, operó el llamado Cártel del Despojo, en el que participaron funcionarios y notarios públicos, una red delictiva que se dedicó a apropiarse ilegalmente de propiedades de alta plusvalía, especialmente en zonas como el Istmo de Tehuantepec, la costa y los Valles Centrales.
Esta red de corrupción, según múltiples fuentes, involucró a notarios públicos, exfuncionarios, grupos de choque, y en algunos casos, crimen organizado, que operaron para despojar propiedades mediante la falsificación de documentos, robo de identidad y escrituras apócrifas.
Alteraban actas de nacimiento, manipulaban registros catastrales y creaban documentos falsos para simular compras, a lo que se prestaban notarios públicos.
Los notarios implicados, junto con funcionarios de instituciones como el Registro Civil y el Instituto Catastral, facilitaron el despacho al autenticar documentos falsos. Por ejemplo, se detectaron casos donde se usó cloro o sustancias corrosivas para modificar libros notariales, especialmente de notarios fallecidos, para registrar propiedades a nombre de terceros o prestanombres.
En 2020, los hermanos Gómez Conzatti descubrieron que sus actas de nacimiento fueron alteradas para despojarlos de dos inmuebles en Oaxaca. El notario Jorge Alberto Merlo Gómez (Notaría 135) fue señalado como responsable y detenido en Turín, Italia, en abril de 2023, por falsificación de documentos y ejercicio ilícito del servicio público.
Otra de las víctimas fue Gerardo Ricárdez. Esta persona falleció en 2020, y esta red despojó a su familia de 13 propiedades valoradas en 50 millones de pesos, utilizando escrituras apócrifas. El notario José Jorge Enrique Zárate Ramírez (Notaría 84) y su hijo, Jorge Armando Zárate Medina, exdirector del Instituto Catastral, fueron implicados.
La Consejería Jurídica de Oaxaca revocó tres patentes notariales (FIATS) otorgadas irregularmente durante los gobiernos de Ulises Ruiz y Alejandro Murat. Estas incluyen las notarías de Jorge Alberto Gómez Merlo (No. 135), Rodolfo Morales Pazos (No. 24) y Laetitia Molina Pertierra (No. 103).
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca investiga a ocho notarios por su presunta participación en esta red, con mil 500 casos relacionados en 270 carpetas de investigación. En marzo de 2024, José Jorge Enrique Zárate Ramírez fue detenido, y su FIAT notarial fue revocado por su vinculación con el Cártel del Despojo.
La red operó con mayor fuerza durante los gobiernos de José Murat y Alejandro Murat, quienes habrían facilitado la entrega de patentes notariales a personas sin cumplir los requisitos legales, consolidando una red de corrupción transexenal.
Bajo el gobierno de Salomón Jara, se han intensificado las acciones para desmantelar esta red, incluyendo auditorías a notarías, inspecciones de libros notariales y colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) e Interpol.
Esto viene a colación porque aquí en Tabasco hay un cártel de notarios que se ha prestado a certificar empresas fachadas utilizadas por exfuncionarios del sexenio pasado para obtener, a través de prestanombres, contratos de PEMEX, así como empresarios locales.
Uno de esos empresarios es nada menos que el tabasqueño Ramón Alejandro Rovirosa Martínez, detenido en Estados Unidos por sobornar a altos directivos de PEMEX para conseguir contratos millonarios.
Según investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos y reportes periodísticos, Rovirosa Martínez, operó una red de empresas fraudulentas, como Tubular Technology SA de CV y Energy On Shore Services SA de CV, para obtener contratos millonarios de Pemex entre 2019 y 2021.
Estas empresas, con sede en Villahermosa, habrían sido utilizadas para sobornar a funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP), ofreciendo al menos 150 mil dólares en efectivo y artículos de lujo (como bolsos Louis Vuitton y relojes Hublot) a cambio de decisiones favorables en auditorías y adjudicaciones de contratos.
EMPRESAS DE GACHHADA AL GUSTO
Los notarios públicos tabasqueños han sido señalados para facilitar la constitución de estas empresas fachada y acreditar contratos fraudulentos. En particular, se ha mencionado a Ramón Oropeza Lutzow, quien obtuvo la Fiat Notarial número 29 durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández (2019-2021).
Este notario, hijo del también notario Narciso Oropeza Andrade, habría autenticado decenas de contratos relacionados con Pemex y la refinería de Dos Bocas, beneficiando a empresas de Rovirosa y su socio, Mario Alberto Ávila Lizárraga, también acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y actualmente prófugo.
Las empresas de Rovirosa, constituidas aquí, habrían sido utilizadas para obtener contratos por montos significativos, como uno de 30 millones 968 mil pesos para mantenimiento de ductos y otro de 52 millones para integridad mecánica.
Los notarios involucrados habrían dado validez legal a estas operaciones, a menudo utilizando prestanombres como Rosa Violeta Hernández Matías y Pedro Rovirosa Sánchez, de acuerdo a versiones periodísticas.
Según el periodista Gildo Garza, Oropeza Lutzow dio sustento legal a las operaciones de Rovirosa y Ávila, permitiendo que sus empresas obtuvieran contratos para la refinería de Dos Bocas y otros proyectos de Pemex.
En el 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) boletinó a 23 notarios públicos de Tabasco, entre ellos el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Oropeza, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Guillermo Narváez Osorio, y el exdiputado Emilio Antonio Contreras Martínez de Escobar, por su presunta participación en la creación e inscripción de empresas fantasma.
El fraude y la simulación es lo que identifica a los notarios de Oaxaca y Tabasco y seguramente de otros estados.
Como exgobernador, López Hernández ha sido vinculado indirectamente por haber otorgado la FIAT Notarial a Oropeza Lutzow y por su intervención como notario en la constitución de empresas del clan Bermúdez, que también obtuvo contratos con Pemex. El papel de Adán Augusto en el nombramiento de notarios ha levantado sospechas de favoritismo.
Rovirosa fue arrestado el 10 de agosto en Texas y enfrenta cuatro cargos por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), con una posible pena de hasta cinco años de prisión por cargo. Su socio, Mario Alberto Ávila Lizárraga, permanece prófugo. Los cargos se derivan de sobornos pagados a tres funcionarios de Pemex, incluido un auditor senior, para asegurar contratos y evitar multas durante las auditorías. Este tema no se agota en esta entrega. Hay mucha información y mucho más de qué hablar al respecto.
