En la mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada si en la reunión que sostuvo el lunes con los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, se abordó el caso Bermúdez Requena.
La mandataria fue enfática en señalar que solo se habló de la agenda legislativa y el otro asunto lo llevan las fiscalías General de la República y General del Estado, porque son las encargadas de investigar los temas que tienen que ver con “la delincuencia organizada o delitos del fuero común”.
En el caso del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, enfatizó, “hay una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del estado de Tabasco”.
Fiel a su respeto a la división de poderes y a la autonomía de las investigaciones, puntualizó: “Hablamos de la agenda legislativa. Están ya varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Va una última iniciativa que tiene que ver con la Ley de Amparo, porque es parte de la reforma al Poder Judicial. Vamos a enviar la modificación a la Ley de Aduanas y también el paquete económico”, abundó.
También mencionó la Reforma Electoral, cuya discusión será retomada en una próxima reunión con la Secretaría de Gobernación.
La mandataria explicó que se reunió con López Hernández porque él fue electo por los senadores de Morena como coordinador. Es decir, no por otra razón, como quieren hacer creer sus seguidores de que le dio un voto de confianza.
Pasó lo mismo que cuando el Consejo Nacional de Morena, en el cual un grupito de unas 20 personas, cercanas a Adán Augusto, comenzaron a corear el “no estás solo”, pero esa consigna no tuvo eco, aunque fue aprovechada por los adancistas para decir que todo Morena había cerrado filas con él.
Lo que dicen sus seguidores es que no hay una carpeta de investigación en contra, pero el diario quintanarroense Cambio 22, tiene otros datos, parafraseando al expresidente López Obrador.
Según ese medio, en la FGR sí hay una carpeta de investigación abierta en contra del líder del Senado presuntamente por “asociación delictuosa y delincuencia organizada” y en contra de dos de sus principales colaboradores: el exgobernador y actual director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Carlos Merino Campos, y el diputado con licencia y empleado del senado, Carlos Íñiguez Rosique.
De acuerdo a Cambio 22, que asegura haber tenido acceso a “información privilegiada”, Merino e Íñiguez eran los encargados de cobrar “las comisiones de todo lo ilegal que realiza Adán Augusto en los cargos que ha ocupado, la gubernatura de Tabasco no fue la excepción”.
En la nota publicada este martes en su portal digital, se señala que Íñiguez, a quien sus amigos cercanos le dicen “Caliche” era quien, durante el sexenio pasado, “recibía los recursos que generaba “La Barredora” de manos” de Bermúdez Requena cuando era el titular de la SSPC.
Cambio 22 afirma que Adán Augusto “conocía perfectamente la operatividad de “La Barredora”, de quiénes la integraban y qué funciones desempeñaban: Ulises Pinto Madera a la cabeza del huachicol y las ejecuciones de quienes “no se alinearan,” y Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias “El Licenciado Tomasín”, en todo lo referente a la venta y el trasiego de droga en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.
De acuerdo al medio citado toda esa información la aportaron tanto Ulises Pinto como el “Tomasín” en sus declaraciones ministeriales, así como el modus operandi de la organización criminal encabezada por el denominado “Comandante H”, tanto en Tabasco como en la zona norte de Chiapas, “con el consentimiento y protección del cuñado de Adán Augusto el ex gobernador Rutilio Escandón”.
Según ese medio, los detenidos, que ya fueron vinculados a proceso, “colaboran con las investigaciones que las autoridades federales y estatales hacen de esta organización delictiva liderada por Hernán Bermúdez Requena y los mandos de la SSPCT”.
Apunta que en el sexenio pasado, donde campeó el crimen y la impunidad, “no se vendía ni un gramo de cocaína” si no llevaba el sello de “La Barredora”.
Las autoridades federal y estatal siguen dos líneas de investigación: la primera enfocada al robo de combustible y la venta de droga; y la segunda, la vertiente política, económica y de lavado de dinero.
Ayer en este mismo espacio, dimos a conocer que el robo de autos era una de las actividades ilícitas en la que se involucró a empresarios. Los autos robados eran cedidos al dueño de un tianguis de autos usados de Periférico, para que los vendiera a crédito a personas, previo enganche de cien mil pesos o más.
Cuando traían la unidad en uso, policías corruptos que sabían que era un auto robado, lo aseguraban y lo llevaban a un retén que esa organización criminal montó cerca del Recinto Memorial. Obviamente, el cliente perdía los cien mil pesos, y el vendedor se quedaba con ese dinero y con la certeza de que nada le iban a hacer, pues tenían a la FGE de su lado y no prosperaban las denuncias presentadas en su contra.
Lo que denuncia Cambio 22 es de suma gravedad, pero confirma lo que informes de inteligencia militar han dicho acerca de las actividades ilícitas que ese grupo criminal realizaba y los presuntos implicados.
Es imposible que no supieran a qué se dedicaban esos delincuentes metidos a policías o que no tuvieran nada que ver en esos ilícitos. Lo hemos dicho y lo repetimos: a Tabasco lo convirtieron en un narco estado por la ambición del dinero, sin importarles el daño que la hacía a este noble pueblo, y eso tiene que ser severamente castigado. Aquí sí ni perdón ni olvido. Ya lo dijo el gobernador Javier May: no hay pacto con los delincuentes.
