Ayer nos enteramos por la prensa local y nacional de la renuncia de Pablo Antonio Jiménez Pons al cargo que ocupaba desde el inicio de la administración de Javier May Rodríguez en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) que encabeza Daniel Casasús Ruz.
Los medios hicieron pública la carta renuncia fechada el 27 de julio pasado y dirigida a Casasús Ruz por quien fuera director general de Planeación Sectorial de la SOTOP y que surtió efecto el primero de agosto. En ella le comunica su decisión “irrevocable” de dar por terminada la relación de trabajo “que me unía a dicha dependencia”.
Aunque Jiménez Pons no explica las razones de su dimisión, es entendible por qué dejó de trabajar en la SOTOP. Su parentesco con el fugitivo más buscado de Tabasco, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Hernán Bermúdez Requena.
Es su suegro y eso lo coloca en una situación complicada, comprometida, principalmente a raíz de algunos señalamientos que han salido en la prensa nacional de que, en su condición de yerno, fungió como prestanombres del llamado “Comandante H”.
Al menos eso es lo que dice el diario digital quintanarroense Cambio 22. Asegura que los cateos realizados en propiedades de Bermúdez Requena y de su hija, Valeria Bermúdez Escalada, esposa de Jiménez Pons, se debieron a que Ulises Pinto Madera, quien era el número dos de la organización criminal “La Barredora”, detenido hace unas semanas en Jalisco, proporcionó información a las autoridades federales.
Con esos datos aportados, se procedió al cateo en la residencia de Bermúdez Requena y en un departamento de en el lujoso edificio de Luna Park. En este último inmueble, dice Cambio 22, se aseguró una caja fuerte.
De acuerdo a ese medio digital, Pinto Madera habría contado a las autoridades ministeriales “la función que desarrollaba en el grupo del fugado Hernán Bermúdez Requena “El Comandante H”, además de la serie de cateos llevados a cabo en varias de las residencias propiedad de su esposa, la hija de Hernán”.
LA CONEXIÓN JIMÉNEZ-ROSIQUE
Aunque oficialmente no hay ninguna investigación abierta en su contra, según la publicación Jiménez Pons está acusado de ser prestanombre de Bermúdez Requena, de haber sido nombrado en el sexenio pasado, “sin mérito alguno” subsecretario de Planeación y Vinculación en la Secretaría para el Desarrollo Energético de Tabasco.
Desde esa posición “tendía puentes con empresarios petroleros y el negocio del huachicol marino en Dos Bocas, empezó a acumular más dinero sin explicación alguna.”
Esa dependencia, ya desaparecida, era encabezada al inicio del sexenio de Adán Augusto López Hernández, por José Antonio de la Vega Asmitia, quien permaneció en el cargo hasta noviembre de 2020, cuando pasó a ser secretario de Gobierno y en su lugar nombraron a Sheila Cadena Nieto.
Cadena Nieto, actual titular de la SEMADES, estuvo poco tiempo en el cargo, pues fue despedida por el exgobernador Carlos Manuel Merino Campos cuando hizo público su respaldo a las aspiraciones de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum en 2022.
En su lugar fue designada María Luisa Somellera Corrales, quien actualmente forma parte del equipo de trabajo del senador Adán Augusto López Hernández, en el que también está integrado Carlos Íñiguez Rosique, señalado por Cambio 22 de ser el encargado de cobrar las “comisiones” que generaban las actividades ilícitas de La Barredora.
Cambiaron de titular de la Secretaría de Desarrollo Energético en dos ocasiones, pero Jiménez Pons fue inamovible. Ahí permaneció hasta el final del sexenio que terminó Merino Campos.
De acuerdo a Cambio 22, Jiménez Pons, aunque proviene de una familia adinerada, “de la noche a la mañana” montó “un gimnasio exclusivo en la plaza Cedros de la “Zona Country” de Villahermosa; es accionista de antros en la zona de Tabasco 2000, lavaderos de coches y dueño de un par de casas en el fraccionamiento Campestre”.
“Por cierto, a lado del departamento cateado, existe uno que le atribuyen a Carlos Íñiguez, a un costado del edificio de Laguna Park, justo donde se ubica la notaría de Adán Augusto y en donde legalizaba todo lo ilegal y avalaba la constitución de empresas que de la noche a la mañana ganaron miles de millones de pesos en contratos públicos”.
Este medio asegura que es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal el que lleva a cabo la investigación del caso Bermúdez Requena, que “está cerrando el círculo político, criminal y familiar en torno a Bermúdez Requena para llegar hasta Adán Augusto, ya se cancelaron las cuentas bancarias de su esposa y hermanos e intervinieron sus negocios de apuestas”.
Hace un año, nadie creía que toda esta “pudrición” que se incubó en el gobierno de Adán Augusto-Merino Campos saldría a flote, mucho menos que saldrían a relucir los negocios sucios en los que estaban metidos Bermúdez y compañía y en los cuales se involucraron notarios, abogados, empresarios y familiares.
Este caso dará mucho más que hablar en la medida en que se profundicen las investigaciones y se aporte más evidencia criminal saldrán más nombres de presuntos implicados.