El secuestro y la extorsión son dos de los tres delitos que se le imputan a Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana y prófugo de la justicia desde febrero pasado cuando se enteró que había una orden de aprehensión en su contra.
Uno de esos plagios fue contra un empresario gasolinero a quien además extorsionaron para que vendiera combustible robado en su estación de servicio en esta ciudad capital, según una nota publicada por el diario Reforma hace unos días.
No fue el único empresario local al que plagiaron y extorsionaron. Se sabe de otros casos en los que fueron obligados a entregar sus propiedades con la intermediación de notarios públicos coludidos y que también están siendo investigados por las autoridades federales.
Ramón Martínez Armengol, propietario del Corporativo Paragas, fundado en 214, fue la víctima del “Comandante H” y de sus dos cómplices. Uno de ellos, el abogado Manuel de Atocha Romero, quien era el apoderado legal de la empresa gasolinera.
Es decir, este sujeto, quien también es prófugo de la justicia, fue el que le puso una trampa a Martínez Armengol para que, junto con Eduardo Vázquez Orellana, alias “El Menchito” o “El Blin Blin”, lo secuestraran a fin de obligarlo a que vendiera huachicol en su empresa gasolinera.
De acuerdo con Reforma en la causa penal 213/2025, un Juez de Tabasco ordenó la aprehensión de Bermúdez, Vázquez Orellana y el abogado Romero, “por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, señalan registros judiciales.
“Según la Fiscalía de Tabasco, el ex jefe policiaco y sus dos supuestos cómplices habrían extorsionado y plagiado al empresario”.
En calidad de administrador único y representante legal de Corporativo Paragas, Martínez Armengol obtuvo la autorización para operar en Villahermosa la gasolinera que sería asegurada por huachicol en febrero pasado, según Reforma.
El diario asegura que el otro involucrado y prófugo, Eduardo Vázquez Orellana “El Menchito”, cortó comunicación con sus conocidos desde el 18 de febrero pasado, cuando ordenaron su aprehensión y él se encontraba en Cancún; ahora está reportado como desaparecido.
No es el único caso de secuestro y extorsión para obligar a gasolineros a vender combustible robado, que extraían de los ductos o que se robaban de embarcaciones en el puerto de Dos Bocas.
Se sabe que una marca de gasolinas vendía también huachicol, pero como las investigaciones de las autoridades se estaban acercando peligrosamente, decidieron traspasarla a otro empresario conocido en Tabasco con la creencia de que como es influyente no le harán nada.
Este caso no solo expone la presunta colusión de un alto funcionario con actividades delictivas, sino que también refleja las profundas fallas en los procesos de selección y supervisión de quienes ocupan puestos clave en la administración pública, con consecuencias que afectan directamente la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
Este hecho no solo pone en el centro de la controversia a Bermúdez, sino que también revela la complejidad de las redes criminales que operan en Tabasco, donde el robo de combustible, la extorsión y el secuestro parecen estar entrelazados con figuras de autoridad.
UNA FALLA EN EL CONTROL DE CONFIANZA
El nombramiento de Bermúdez como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en 2019, durante el gobierno de Adán Augusto, resulta particularmente alarmante.
La responsabilidad de garantizar la seguridad de un estado estratégico como Tabasco, rico en recursos petroleros y vulnerable al crimen organizado, recayó en un individuo que, según informes de inteligencia militar filtrados por Guacamaya en 2022, ya era señalado desde 2019 como una pieza clave en redes criminales.
Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo identificaban como facilitador de actividades ilícitas, incluyendo el control de plazas delictivas y la liberación de detenidos a cambio de pagos.
A pesar de estas alertas, Bermúdez se mantuvo en el cargo hasta enero de 2024, lo que sugiere una preocupante falta de supervisión o, en el peor de los casos, una posible complicidad institucional de quienes en su momento eran las máximas autoridades del estado.
El caso también arroja luz sobre la dinámica de “La Barredora”, una organización que, según informes, creció bajo la protección de Bermúdez durante los gobiernos de Adán Augusto y Carlos Manuel Merino.
Este grupo, que opera en Tabasco, Chiapas y Veracruz, se dedica a actividades como el huachicoleo, la extorsión, el tráfico de migrantes y el narcomenudeo. Su consolidación en un período en que Bermúdez era el máximo responsable de la seguridad estatal plantea preguntas inevitables: ¿cómo fue posible que un funcionario con tales señalamientos ocupara un cargo tan sensible? ¿Qué mecanismos fallaron para permitir que una figura con presuntos vínculos criminales dirigiera las políticas de seguridad en un estado asediado por la delincuencia?
La relación entre Bermúdez y Adán Augusto López, que data de décadas según algunos informes, agrega una dimensión política al escándalo.
A todas luces la designación de Bermúdez pudo haber sido, en el mejor de los casos, una grave negligencia, y en el peor, un acto que facilitó la expansión del crimen organizado en Tabasco. La falta de una investigación formal contra López Hernández, como ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, no disipa las dudas sobre la responsabilidad política en este caso. El caso está en manos de la Fiscalía y del equipo de Omar Harfuch.
