Ulises Pinto Madera ha puesto a temblar a muchos en Tabasco. Principalmente aquellos que se beneficiaron de los negocios ilícitos de la organización criminal “La Barredora”, que mes con mes generaron ganancias millonarias y la ambición no tuvo límites. Estaban seguros que no iba haber repercusiones si lavaban dinero, si representaban a criminales o si simulaban empresas. Creían que como la 4T seguiría en el poder, aunque ya no fuera de su bando, nadie los tocaría y todo quedaría impune.
Ya vieron que no fue así, sino que, por instrucción presidencial, se inició una investigación en contra de quien era el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y al mismo tiempo líder de ese grupo delictivo, según las autoridades federales, Hernán Bermúdez Requena, quien desde febrero está prófugo y cuenta con una ficha roja de la Interpol.
Pinto Madera, detenido hace varias semanas en Jalisco, era el número dos de “La Barredora”. El expolicía federal está en manos de la FGR y ha decidido colaborar con la fiscalía a fin de obtener una pena menos severa.
Será testigo colaborador y eso podría implicar a empresarios locales, abogados y notarios públicos de Tabasco en las actividades ilícitas de la organización "La Barredora". Por supuesto, también a exservidores públicos del sexenio pasado.
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) ha mantenido un hermetismo absoluto sobre los detalles de su testimonio, confirmado públicamente el 27 y 28 de agosto, su posición como ex segundo al mando del grupo lo posiciona para revelar nexos con figuras del sector privado que facilitan operaciones criminales.
Hasta la fecha actual, no se han anunciado detenciones específicas en este ámbito, pero expertos en seguridad y analistas forenses anticipan que su declaración podría desencadenar una "segunda ola" de investigaciones contra la élite económica y profesional de Tabasco.
Como expolicía federal y mano derecha de Bermúdez Requena, Pinto participó directamente en la gestión de recursos ilícitos generados por narcotráfico, extorsión, secuestro, huachicol y tráfico de migrantes.
Estos flujos de dinero requerirían intermediarios "legales" para su lavado, inversión y protección. Fuentes del Gabinete de Seguridad indican que Pinto ha rendido declaraciones ministeriales detalladas, verificadas preliminarmente por la FGR, que incluyen diagramas de redes de complicidad.
Su ruptura con Bermúdez en 2024 lo motivaría a delatar a estos actores para negociar mejores beneficios en su criterio de oportunidad.
En Tabasco, "La Barredora" operaba en un sistema corrupto donde el sector privado pudo ser esencial para evadir detección. La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ya ha cateado propiedades vinculadas a Pinto (como en Jalisco), y su testimonio podría extenderse a Tabasco, donde el grupo controlaba territorios desde 2019.
Empresarios en sectores como el comercio, la construcción o el transporte, comunes en Villahermosa y municipios como Centro y Nacajuca, podrían haber sido usados para blanquear ganancias ilícitas.
Por ejemplo, invirtiendo en bienes raíces o empresas fantasma. Pinto, quien acumuló una fortuna con propiedades de lujo, podría detallar cómo estos empresarios recibían "mordidas" o participaban en contratos ficticios para canalizar fondos de extorsión a "La Barredora".
Esto alinearía con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre movimientos sospechosos en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López (2019-2021) y de Carlos Manuel Merino Campos (2021-2024).
Algunos podrían haber proporcionado vehículos, bodegas o rutas para el tráfico de migrantes y drogas, un cambio de protección contra rivales como el CJNG. La escalada de violencia en Tabasco desde enero de 2024, reyertas en penales y hallazgos de fosas, sugiere que estos nexos eran para mantener el control territorial.
UNA RED DE COMPLICIDADES
Abogados locales, posiblemente con despachos en Villahermosa, podrían haber representado a miembros de "La Barredora" en procesos judiciales, manipulando evidencias o sobornando jueces.
Pinto, enfrentando su propia orden de aprehensión en Tabasco por asociación delictuosa, tiene conocimiento de cómo se "arreglaban" casos.
Podrían haber ayudado a crear sociedades anónimas para ocultar activos, incluyendo el financiamiento de campañas políticas presuntamente ligado a Bermúdez. Esto podría vincularse a investigaciones políticas más amplias, como las contra Adán Augusto López.
Los notarios, responsables de actos jurídicos como compraventas de inmuebles y testamentos, son ideales para legitimar propiedades adquiridas con dinero sucio.
En Tabasco, donde "La Barredora" controlaba antros, bares y fincas, Pinto podría revelar cómo los notarios públicos falsificaron documentos para transferir bienes a prestanombres. Esto es un delito grave bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Lavado de Activos.
Estas revelaciones podrían desestabilizar el tejido empresarial local, con posibles embargos de bienes y procesos por lavado. Sin embargo, también fortalecería la confianza en las instituciones federales, alineándose con la estrategia de la SSPC bajo Omar García Harfuch para desmantelar redes híbridas (crimen-instituciones-privadas).
Si el testimonio de Pinto se corrobora, la FGR podría iniciar operativos conjuntos con la Secretaría de Hacienda, llevando a detenciones en las próximas semanas. Los analistas estiman que esto podría reducir la violencia en Tabasco en un 30-40%, al cortar financiamientos externos.
