Este viernes el fiscal superior del OSFE, Juan José Peralta Fócil entregó a la Junta de Coordinación Política, el informe de resultados de las auditorías practicadas a las cuentas públicas de los tres poderes, los 17 ayuntamiento y los órganos autónomos sujetos a revisión.
Con la entrega de la documentación, inicia la cuenta regresiva para los diputados que deberán revisar el trabajo realizado por los auditores del Órgano Superior de Fiscalización para garantizar que, efectivamente, haya una rendición de cuentas, transparencia total en este ejercicio que ha estado bajo sospecha en el pasado reciente.
En esta semana, previo a la entrega de los informes de resultados, varios legisladores expresaron su punto de vista de lo que debe ser la próxima calificación de las cuentas públicas de todos los entes fiscalizables del ejercicio 2024.
Han prometido que será una revisión escrupulosa, apegada a la ley, pero también dejaron claro que no se dejarán presionar por nadie ajeno a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública.
Eso es lo que se espera, que haya un trabajo exhaustivo y que no se tolere ningún desvío de recursos. Peralta Fócil tiene ante sí su primera prueba de fuego. Su llegada al OSFE generó amplias expectativas. Es hora de hacerlas valer. Está obligado a entregar buenos resultados.
El ente fiscalizador no puede estar más en entredicho por un trabajo deficiente o inescrupuloso. Mucho daño se la infligido a esa institución por quienes lo antecedieron en el cargo, que tuvieron que abandonarla por la puerta trasera y con el desprestigio a cuestas.
Se tiene que acreditar con hechos que, en esta ocasión, no habrá maquillaje ni simulación, sino una verdadera rendición de cuentas, sin importar la filiación política del servidor público o exalcalde bajo escrutinio.
Sin reparar si robó poquito o mucho, el delito es el mismo. El año pasado supimos de desvíos onerosos en presidencias municipales. El caso más ilustrativo es el de la exalcaldesa de Jalpa de Méndez, acusada por su sucesor de un desvío o faltante de poco más de 50 millones de pesos.
El año pasado esa cuenta pública no pudo ser revisada porque la que correspondía era del ejercicio fiscal 2023. Hoy no hay excusa para saber realmente qué pasó, si es cierto que Nuris López Sánchez, desvió o no ese cuantioso monto.
Sobre esa cuenta pública, sería bueno que, en esta revisión, se aclarara sobre la planta recicladora que creó durante su gestión y que, según denuncia pública, la manejaba su esposo como si fuera una empresa familiar.
Esa recicladora denominada “Eco Xalli pan SRL de CV” fue inaugurada por el entonces gobernador Carlos Manuel Merino Campos en enero de 2024 y que constó, según la información oficial, 34 millones de pesos, pero que ese año no pudo ser echada a andar.
Hasta la fecha, se ignora si está en operaciones o no. El alcalde José del Carmen Olán no ha dicho nada al respecto. Lo que se sabe a ciencia cierta, es que se ha convertido en un barril sin fondo y no genera ninguna utilidad.
La construcción de esta planta recicladora la mantuvo en secreto la expresidenta municipal. Se pudo saber de su existencia por un acta de la sesión de Cabildo celebrada el 31 de agosto de 2022 que llegó a manos de los medios, no porque López Sánchez lo haya anunciado.
Desde su etapa de construcción el ayuntamiento de Jalpa de Méndez no cumplió las normas ni las regulaciones establecidas, lo que derivó en su clausura por la autoridad competente. No entregaron el estudio de impacto ambiental, entre otras irregularidades que han marcado esa obra, así como la opacidad en su manejo.
De eso es lo que tiene que informar el OSFE, aclarar este enredo. Se construyó con dinero público, por lo tanto, se tiene que rendir cuentas y en caso de haber anomalías se tiene que castigar a los responsables.
VARIOS EN LISTA NEGRA
El año pasado también estuvieron bajo sospecha la expresidenta municipal de Paraíso, Ana Luisa Castellanos Hernández, así como los exalcaldes de Cunduacán, Jesús Abraham Cano González, y de Jonuta, Erick Garrido Argáez, a quien le reprobaron su cuenta pública de 2023 el año pasado y que todavía no ha clarificado el destino de poco más de 60 millones de pesos.
Según Peralta Fócil, quien acudió a entregar a la Jucopo los informes de resultados, se realizaron 131 auditorías a las cuentas públicas fiscalizadas 2024 de los que se derivaron mil 733 observaciones.
Los informes de resultados no serán dados a conocer por la “secrecía” que exige la ley, justifico el fiscal superior. Se sabrá su contenido hasta que se “consume” la calificación de las cuentas públicas, es decir, allá por diciembre.
La “secrecía” no debe ser utilizada como pretexto para ocultar posibles actos de corrupción. Como dice el gobernador, Javier May, los asuntos públicos cada vez deben ser más públicos. Es mucho lo que se juega Peralta Fócil, nada menos que su credibilidad y honorabilidad. Él sabe si quiere marcar diferencia o seguir la misma ruta deshonrosa de sus antecesores.
