A principios de este mes, las fuerzas federales realizaron un operativo contra una red de corrupción y contrabando de hidrocarburos en México, conocido como "huachicol fiscal", una variante del robo de combustible que implica el ingreso ilegal de hidrocarburos al país mediante documentación falsa para evadir impuestos como el IEPS.
Esa acción permitió la captura de 14 personas implicadas, entre ellas, servidores públicos y empresarios, según lo revelado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
En conferencia de prensa, en la que participaron también el secretario de la Marina y el titular de la FGR, dijo que el caso se origina en un aseguramiento masivo realizado el 19 de marzo pasado en el puerto de Tampico, Tamaulipas.
En esa acción, las autoridades inspeccionaron una embarcación sospechosa y ejecutaron dos cateos simultáneos, decomisando 10 millones de litros de diésel, uno de los mayores en la historia reciente, 190 contenedores, tractocamiones, remolques y otros bienes.
Este decomiso inicial reveló una estructura criminal que usaba documentación apócrifa para declarar el combustible como productos de menor valor o exentos de impuestos, facilitando su introducción ilícita desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos, donde se refina crudo robado en México.
La investigación posterior, que duró meses, involucró inteligencia financiera de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectando movimientos incongruentes como compras de lujo y pólizas de seguro elevadas. Esto permitió identificar una red con participación de empresarios, agencias aduanales y servidores públicos corruptos.
Se ejecutaron órdenes de aprehensión contra 14 personas en operativos recientes, desplegados en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México. Entre ellos, tres empresarios Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”.
Además de cinco marinos en activo, incluido al vicealmirante Manuel Roberto 'N' —identificado como Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina durante el sexenio de AMLO, Rafael Ojeda Durán— y otros como Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”. Un marino en retiro, Francisco Javier “N”.
Cayeron también cinco exfuncionarios de aduanas. Estos individuos facilitaban el contrabando a través de empresas de transporte y agencias aduanales, afectando la economía nacional en millas de millones de pesos.
Estimaciones anuales por huachicol fiscal superan los 177 mil millones de pesos, según expertos.
Fue una acción conjunta entre SEMAR, FGR, SSPC, SEDENA y Guardia Nacional (GN), instrumentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción e impunidad.
García Harfuch enfatizó que el caso es "uno de los más grandes en la historia reciente" y que las indagatorias continúan para capturar a más involucrados. Además, se bloquearon 20 personas físicas y morales en listas de sanciones, congelando activos financieros.
Es altamente probable que se repitan operativos similares en Tabasco, dada la similitud en la dinámica del huachicol, incluida la variante fiscal, y el contexto regional. La entidad ha sido un epicentro del robo de combustible en este año, con más de 17 millones de litros asegurados hasta septiembre, superando los 16,8 millones reportados hasta julio, con incrementos adicionales en agosto.
Operativos recientes involucran documentación falsa y complicidad de funcionarios, similar al caso de Tampico. Por ejemplo, en agosto pasado, se detuvieron tres personas en Cárdenas transportando huachicol con vehículos oficiales con permisos falsos.
BAJO LA LUPA Y LA INVESTIGACIÓN
Tabasco es un "foco rojo" por su infraestructura petrolera. En 2024-2025, tomas clandestinas aumentaron de 22 a 263. Grupos como La Barredora y CJNG financian operaciones con huachicol, similar a las redes desmanteladas en el noreste.
Con más de 70 millones de litros decomisados a nivel nacional en lo que va de 2025, Tabasco, con 25% del total en el sureste, es prioridad. Un operativo similar, detenciones de funcionarios podría ocurrir, especialmente en Cunduacán o Centro.
El huachicol en Tabasco combina robo directo de ductos con elementos fiscales, contrabando vía puertos cercanos como Dos Bocas, usando documentación falsa para evadir impuestos como el IEPS.
Grupos como La Barredora (ligada a CJNG) controlan rutas, financiando operaciones con ventas ilícitas. Pérdidas para Pemex se estiman en miles de millones de pesos anuales, afectando la economía estatal y nacional.
Redes criminales utilizan empresas de transporte y agencias aduanales para logística. En Tabasco, se han detectado predios registrados a nombres de empresarios locales o arrendados a terceros.
La UIF ha bloqueado cuentas de firmas ligadas a CJNG en el sureste, incluyendo Tabasco, por lavado vía huachicol. La proximidad al puerto de Dos Bocas aumenta el riesgo de redes transfronterizas con empresarios texanos.
Hernán Bermúdez Requena, prófugo febrero pasado, es el caso más emblemático de un funcionario público inmiscuido en actividades ilícitas. Era el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y señalado por las autoridades federales como el líder grupo criminal “La Barredora.
Aunque no hay detenciones confirmadas de empresarios o funcionarios estatales, la evidencia histórica y tendencias nacionales indican un alto riesgo de involucramiento.
El caso de Tampico demuestra que existen redes y estas se pueden desmantelar con inteligencia federal. Para erradicar, se necesitan detenciones de alto perfil, regulación aduanal y auditorías independientes.
Si las indagatorias federales avanzan podrían revelarse más casos en Tabasco pronto. Esto subraya la necesidad de "cero tolerancia" real, como prometió la presidenta Claudia Sheinbaum, para proteger la economía y seguridad del país y del estado.
