Una nueva información sobre las actividades delictivas del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Hernán Bermúdez Requena, concretamente el robo de combustible que vendía, a través de su organización criminal “La Barredora”, a la mini refinería clandestina que hace unos meses fue asegurada por las autoridades federales en Agua Dulce, Veracruz, pone en duda otra vez la versión del exgobernador y actual senador, Adán Augusto López Hernández, que no sabía a qué se dedicaba un funcionario de la más alta confianza.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) divulgó hoy que, según informes militares fechados en 2020, en la que da cuenta de este hecho. Hace cinco años López Hernández era el gobernador y presidía la mesa de seguridad.
Como se sabe, la mesa de seguridad es un espacio donde se coordinan esfuerzos entre autoridades estatales (SSPC, FGE) y federales (Sedena, Marina, Guardia Nacional, FGR) para abordar problemas de seguridad, incluido el robo de hidrocarburos, un delito prioritario durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Según el reportaje de MCCI, el combustible era robado de una toma clandestina en la Arrocera, ubicada “entre los poblados Francisco Trujillo Gurria y (el) poblado Coronel Gregorio Méndez Magaña y/o C-28), perteneciente a Cárdenas”.
Hasta ahí llegaban pipas grandes, conocidas como salchicha, para cargar el huachicol y trasportarlo a la “mini-refinería” de Agua Dulce. Se llenaban cuatro pipas diarias, refiere el trabajo periodístico de MCCI. Es decir, millones de litros de hidrocarburo se extraían de esa ordeña de ductos.
Eso plantea varias interrogantes: ¿Nada de eso sabía la mesa de seguridad estatal? ¿Los reportes del CERFI no eran compartidos al gobernador ni a los integrantes de la mesa de seguridad?
Bermúdez Requena, como secretario de Seguridad, era un subordinado directo del gobernador y un actor importante en la mesa de seguridad. Su presunta implicación en “La Barredora” y en el robo de combustible a Pemex, según informes de inteligencia militar, representa un conflicto de intereses significativo.
Los reportes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Sureste, dirigidos al Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) desde enero de 2020, identificaban a Bermúdez como líder de “La Barredora” y detallaban la operación de una mini-refinería clandestina en Veracruz, cerca de Tabasco.
Aunque estos informes eran manejados por agencias federales (CNI, Sedena), es razonable suponer que información relevante sobre un delito de alto impacto en una región limítrofe con Tabasco pudo haber sido compartida con el gobierno estatal, especialmente en la mesa de seguridad.
Como titular de la SSPC, Bermúdez era una figura de confianza dentro del gobierno de López Hernández. Su rol implicaba reportar directamente al gobernador sobre temas de seguridad, incluyendo el combate al huachicoleo, un problema crítico en Tabasco y Veracruz.
DOBLE VIDA: POLICÍA Y MALEANTE
La presunta doble vida de Bermúdez como líder criminal sugiere, al menos, una falla grave en la supervisión o selección de funcionarios por parte de Adán Augusto.
El robo de hidrocarburos a Pemex no era un delito menor, sino una actividad que generaba pérdidas millonarias y estaba en el radar del gobierno federal. La operación de una mini-refinería con una inversión de 4-5 millones de dólares, alimentada por combustible robado en Tabasco, implica un hecho criminal sofisticada que difícilmente pasaría desapercibido en un estado con alta incidencia de huachicoleo.
En ese tiempo Tabasco era un foco de atención para las políticas federales contra el huachicoleo. La falta de acción contra la mini-refinería durante más de cinco años, hasta el cateo de junio pasado, plantea dudas sobre si hubo omisión deliberada o negligencia en los niveles estatal y federal.
Como gobernador, López Hernández delegaba la gestión operativa de la seguridad a funcionarios como Bermúdez y es altamente probable que su hombre de confianza manipulara la información que llegaba a la mesa de seguridad, pero de cualquier modo era su responsabilidad y no puede rehuirla.
En ese tiempo, 2020, México enfrentaba la pandemia de COVID-19, situación que fue aprovechada por Bermúdez Requena para dedicarse, a través de “La Barredora”, al huachicoleo.
No obstante, diversos medios sostienen que es poco creíble que Adán Augusto desconociera por completo las actividades de Bermúdez, considerando su proximidad jerárquica. Hernán era un colaborador cercano y de alto rango, lo que implica que cualquier irregularidad en su desempeño o vínculos sospechosos habría sido difícil de ocultar en la mesa de seguridad.
La falta de intervención hasta 2025, a pesar de que la inteligencia militar tenía información desde 2020, habla de posibles omisiones o complicidades en los niveles estatal y federal, lo que pone en duda la narrativa de un desconocimiento total.
Señala un experto de seguridad que aun cuando no se puede afirmar categóricamente que Adán Augusto conocía de las actividades de Hernán Bermúdez, es difícil creer que, como gobernador y presidente de la mesa de seguridad, estuviera completamente ajeno a un esquema criminal de tal magnitud en su estado, especialmente considerando la cercanía con Bermúdez y la prioridad del combate al huachicoleo.
La falta de acción durante más de cinco años refuerza las sospechas de negligencia, omisión o, en el peor de los casos, complicidad tácita.
