La situación legal de Hernán Bermúdez Requena está más que complicada. No hay manera de que la libre. Su idea de victimizarse y presentarse como perseguido político ha sido despedazada por quienes fueron sus cómplices que fueron apresados y han hablado de todo lo que saben para tratar de que su pena carcelaria sea menos severa.
Y le irá peor porque era servidor público y los delitos que se le imputan, delincuencia organizada en su modalidad contra tráfico de drogas, acopio y tráfico de armas, secuestro agravado y delitos en materia de hidrocarburos (huachicol).
Se acogieron al criterio de oportunidad que les otorgó la FGR para que se convirtieran en testigos colaboradores y así armar muy bien el expediente criminal de quien fuera su jefe en la organización criminal “La Barredora”.
Y vaya que han cantado. Lo que ha salido a la luz, ha sido demoledor, contundente, e implican indirectamente, por lo menos hasta el momento, a Adán Augusto López Hernández. Falta que el propio exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana decida colaborar para incriminar a los que estaban más arriba de él.
Esto apenas empieza y se pondrá mejor en la medida en que se realicen las diligencias y comparezca Bermúdez Requena. Si sus subalternos y cómplices ya hablaron, por qué razón él no lo hará, si ya no tiene nada más qué perder.
Apenas aterrizó en el aeropuerto internacional de Toluca y un policía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR le notificó a Bermúdez Requena, que un juez federal le dictó otra orden de aprehensión.
Todos esos cargos que se le imputan se derivan de las declaraciones ministeriales de sus cómplices que han sido detenidos y se han convertido en testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República.
Uno de ellos, es Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias “Tomasín” o el “Lic”, detenido el 19 de enero en Cholula, Puebla, y es quien ha revelado todas las actividades ilícitas de quien fuera su jefe y cómplice.
Su declaración sirvió de base para la orden de aprehensión que le dictó el juez de control federal, Mario Elizondo Martínez, y por la que fue recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
“Tomasín” hacía las labores de “asesor” o de secretario particular de Bermúdez Requena, señalado por las autoridades como el líder de la organización criminal “La Barredora”. Es decir, conocía santo y seña de cómo, como dijo la presidenta en su conferencia matutina, se fue descomponiendo y se vinculó al crimen organizado.
También se ha dicho que era el encargado de recaudar el dinero que se generaba con la venta de drogas, extorsión, el tráfico de migrantes y el huachicol. Tenía una función importante dentro de la estructura criminal creada por el denominado “Comandante H”.
El delito de secuestro agravado se cometió en contra del empresario gasolinero Ramón Martínez Armengol, para obligarlo a vender el combustible que se robaban de los ductos de Pemex. En ese ilícito, participaron además de Bermúdez Requena, el abogado y apoderado legal de la gasolinera Paragas, Manuel de Atocha Romero Hernández y Savier Eduardo Vázquez Orellana, a los cuales también se les dictó una orden de captura por delincuencia organizada.
El abogado está prófugo desde hace meses y se ignora su paradero y Savier Eduardo se encuentra en calidad de desaparecido desde el 18 de febrero pasado. La Fiscalía General del Estado emitió una cédula de persona desaparecida. Desapareció en Cancún, aunque hay quienes aseguran que fue ejecutado por saber demasiado.
Romero Hernández fue quien le puso un cuatro a Martínez Armengol para que lo privaran de su libertad. Fue un secuestro exprés con la finalidad de obligarlo a que en su gasolinera vendiera huachicol. Con la declaración ministerial de “Tomasín” la FGR procedió al aseguramiento de ese expendio de gasolina por ese motivo en febrero.
Otros de los “justiciables” son José del Carmen Castillo Ramírez, excomisionado estatal de la Policía Estatal y quien ocupó temporalmente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuando su exjefe había sido renunciado del cargo en enero último.
Su nombre aparece en los informes de inteligencia militar elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste y ocupaba un lugar destacado dentro de la estructura criminal de “La Barredora”.
Sin embargo, hasta ahora se procede en su contra. En enero de 2025, renunció como comisionado estatal y se ignora dónde se encuentra. Según declaró en esas fechas el entonces titular de la SSPC, Víctor Hugo Chávez Martínez, que “La Rana”, ese es el alias de Castillo Martínez, no estaba en el grupo de 29 policías que fueron trasladados a la Ciudad de México a una evaluación de control de confianza.
A él se le acusa por los delitos contra la salud, tráfico y acopio de armas y huachicol. Lo mismo que al otro prófugo de la justicia es Daniel Hernández Montejo y/o Yeison Hernández Montejo, alias “Prada” o “Chinchiria”.
Este sujeto igual fue identificado en los reportes de inteligencia militar como parte de la organización delictiva que comandaba Bermúdez Requena, uno de los objetivos del Gabinete de Seguridad.
UN ASUNTO POR INVESTIGAR
“Tomasín” también reveló que, durante las elecciones de 2018, Bermúdez Requena pactó con grupos delictivos que operaban en el estado una tregua para que no hubiera disturbios que empañaran el proceso y para que “ganara sin contratiempos” Adán Augusto López Hernández.
Según el testigo colaborador, el extitular de la SSPC “negoció” esa tregua con “un narcotraficante apodado ´El Pelón de Playas´”. Ya en el gobierno de López Hernández, fue detenido este sujeto, “pero no desapareció la actividad delictiva, sino que las operaciones criminales fueron encabezadas por el grupo “La Barredora, comandado por el propio Bermúdez”, según publicó este viernes el diario Reforma.
Carlos Tomás Díaz también declaró que fue Adán Augusto quien lo nombró director de la Policía de Investigación de la FGE y luego lo nombró titular de la SSPC.
Y lo más grave es que le confesó a las autoridades ministeriales que el empresario hotelero tabasqueño Miguel Sánchez Ficachi le lavaba dinero a Bermúdez Requena, que este le dio a guardar 40 millones de pesos para que lo “ocupara” en “proyectos de construcciones y casas”.
El encargado de entregarle el dinero era “Tomasín”, quien lo recogía personalmente en la casa de Bermúdez del fraccionamiento Campestre. En cada viaje que realizaba a Mérida, le entregaba entre dos y tres millones hasta completar los 40.
Al respecto, el diario de Yucatán publicó este viernes que “no se conocen proyectos o referencias públicas” de que, efectivamente, se invertía ese dinero sucio en dichos proyectos.
¿Qué más sigue? Eso lo sabremos en los próximos días y semanas.
