Los de abajo

Los testimonios publicados por el diario Reforma, basados en declaraciones ministeriales, sobre la estructura criminal que armó Hernán Bermúdez Requena han sido demoledores e involucran a notarios y servidores públicos, que podrían derivar en consecuencias legales que acabaría con su vida pública, pues el estigma y desprestigio jamás se lo podrán quitar de resultar cierto todo lo que está integrado en la carpeta de investigación abierta en contra del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y cómplices.  
La nota publicada el domingo por Reforma, detalla un testimonio escalofriante del empresario Ramón Martínez Armengol, propietario de una gasolinera en Villahermosa, quien fue víctima de extorsión, secuestro y despojo por parte del grupo criminal "La Barredora", liderado presuntamente por Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" o "Comandante H". 
El relato, basado en declaraciones ante autoridades federales y órdenes de aprehensión accesibles al medio periodístico, exponen una red de corrupción que involucra a funcionarios públicos, operadores criminales y figuras del sistema judicial y notarial. 
El modus operandi descrito incluye amenazas de muerte para forzar la venta de huachicol a precios bajos, entre 15 y 16 pesos por litro frente a 20 pesos del mercado legal, escoltas con vehículos supuestamente de la Fiscalía General de la República (FGR), y represalias violentas contra quienes resistían, como secuestros y despojos de negocios.
El caso se remonta a 2018, cuando Bermúdez Requena ni siquiera había asumido la dirección de la Policía de Investigación en la Fiscalía General del Estado, a propuesta del entonces gobernador electo, Adán Augusto López Hernández.
Para esas fechas, el exjefe policiaco ya había asumido el control de "La Barredora". El grupo obligaba a gasolineros a recibir pipas de 30 mil a 90 mil litros semanales, entregando hasta el 50% de las ganancias al líder. 
La nota resalta cómo Bermúdez, nombrado titular de la SSPC en 2019 bajo el gobierno de Adán Augusto, usaba su posición para proteger la red: advertía a víctimas que no temieran a la policía porque él tenía el control, intervenía en procesos judiciales a través de despachos afines y exigía cuotas directas, hasta el 50% de propiedades. 
El asunto de la gasolinera de Martínez Armengol culmina en 2023 con una cancelación de desalojo atribuida a sobornos al presidente del TSJE, Enrique Priego Oropeza, quien también es notario público. 
Esta historia no es un hecho aislado, sino es un botón de las muchas atrocidades que cometieron quienes supuestamente estaban encargados de la seguridad en la entidad. Investigaciones recientes confirman que "La Barredora", célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), controlaba huachicol, narcotráfico, tráfico de drogas, acopio y tráfico de armas, extorsión, secuestro agravado y trata de personas en Tabasco desde 2018, generando violencia que escaló en 2023 y se prolongó en 2024 tras una fractura interna. 
Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre y expulsado a México días después, e ingresado al Cefereso "El Altiplano" por cargos federales como delincuencia organizada. 
Testimonios judiciales describen entregas semanales de 2 millones de pesos por plaza, custodiadas por vehículos oficiales. La nota apunta directamente a dos figuras del sistema legal tabasqueño, implicándolas en actos que facilitan el crimen organizado. 
Estas acusaciones, basadas en el testimonio de la víctima, podrían desencadenar un escrutinio público y legal, especialmente en el contexto de la reciente detención de Bermúdez, que ha reactivado investigaciones sobre redes de colusión en Tabasco.
Según Martínez Armengol, durante su secuestro, mayo de 2019, los plagiarios lo llevaron a la notaría N.28 entonces de Guillermo Narváez Osorio (la heredó a su hijo) para firmar un poder de administración del 40% de la gasolinera bajo amenaza de muerte. 
Narváez Osorio supuestamente le aconsejó: "Era mejor que firmara porque, si no, lo iban a matar". Esto sugiere conocimiento o complicidad en la coacción.
Narváez, actual rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y exsecretario de Educación, podría enfrentarse a descrédito en círculos académicos y públicos. Este caso lo vincula a un delito grave, que podría implicar la revocación de patente si se prueba negligencia o encubrimiento.
Es el mismo caso de Priego Oropeza, pero él con la agravante de que el supuesto soborno que dos presuntos delincuentes y testaferros de Bermúdez Requena le hicieron, porque era el titular del Poder Judicial de Tabasco, esto es, un servidor público. 
Según el empresario gasolinero, ganó un juicio para recuperar su gasolinera y obtuvo de un juez la orden de desalojo con la fuerza pública para recuperar lo que era suyo, pero no se pudo cumplimentar porque "la gente de Hernán Bermúdez Requena había ido a hablar con (Priego) y le habían dado dinero". 
Sacrificó la independencia del Poder Judicial para someterse a la voluntad de unos malandros, erosionó la autoridad de dicho poder, lo que constituye un hecho grave, si nos atenemos a esa declaración ministerial.
Ambos, como fedatario y magistrado, tenían la obligación de imparcialidad y legalidad, conforme a las leyes del Notariado y Orgánica del Poder Judicial de Tabasco. Se la pasaron por el arco de triunfo. 
La implicación en "La Barredora," que operaba con impunidad bajo el dominio de Bermúdez Requena, sugiere un sistema de colusión que podría extenderse a fiscales y policías y, por supuesto, a empresarios ¿Qué más sorpresas nos deparará este asunto?