La nota periodística de Reforma colocó en un serio predicamento al rector de la UJAT y notario público, Guillermo Narváez Osorio. Su reputación y su honorabilidad fue puesta en duda, en entredicho. Él dice que se trata de una “calumnia”. Tendrá que sustentar con pruebas su dicho.
La acusación en su contra es grave. Está contenida en una declaración ministerial realizada por el empresario gasolinero Ramón Martínez Armengol a quien despojaron de su empresa en la Notaría No.28 de Narváez Osorio, y que sirvió de sustento jurídico para que un juez federal de control le dictara una orden de aprehensión a Hernán Bermúdez Requena y cómplices por el presunto delito de delincuencia organizada.
Según testimonios integrados en la investigación de la FGR contra Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal "La Barredora", el empresario tabasqueño fue secuestrado en 2019 por resistirse a vender huachicol en su gasolina.
Tras dos días de golpes y amenazas de muerte, sus captores, miembros de “La Barredora”, lo obligaron a firmar un documento en la Notaría 28, entonces a cargo de Narváez Osorio, para ceder el 70% de las acciones de su negocio a Manuel de Atocha Romero Hernández, presunto operador del llamado “Comandante H” o “El Abuelo”.
El empresario describió el acto como una coacción extrema, donde le advirtieron: "para liberarlo, primero que llevaran a él y a su esposa ante Guillermo Narváez, Notario Público 28 de Centro, Tabasco, para que firmara la cesión".
El documento firmado no fue una cesión total, sino un poder notarial para administrar el 40% de las acciones, lo que inició un litigio civil posterior para revocarlo. Esta maniobra formó parte de una red de extorsión que aterrorizaba a gasolineros en Tabasco, forzándolos a recibir pipas de 30 mil litros de huachicol, equivalentes a unos 600 mil pesos en ventas de tres días, bajo amenaza de muerte.
Esa es la parte sustancial de la acusación en su contra. No se trata de una calumnia. Debe haber pruebas de lo dicho por Martínez Armengol. No creo que haya falseado su testimonio, sobre todo, porque debe tener la documentación notarial para probarlo.
¿Es calumnia?
Según los artículos 191 y 196 del Código Penal Federal, la calumnia es imputar falsamente a alguien un delito ante una autoridad competente, en este caso la denuncia formal ante la FGR o un juez federal. Requiere que la imputación sea falsa, intencional y dirigida a autoridades, no solo a la opinión pública.
En el caso que nos ocupa, la acusación proviene de testimonios integrados en una carpeta de investigación de la FGR, en el marco del caso contra Hernán Bermúdez Requena. No es una "denuncia anónima" o periodística aislada, sino evidencia en un proceso penal oficial.
UNA VALIENTE DENUNCIA
El empresario afectado describió el hecho bajo coacción en su notaría en 2019, lo que forma parte de una red de extorsión documentada.
Según la ley, no califica como calumnia, ya que es parte de una investigación federal en curso. Sería difamación (injurias o calumnias en sentido amplio) si se probara falsa en un juicio civil o penal, pero la FGR la considera creíble al incluirla en el expediente.
Hasta ahora, no hay resolución judicial que la desestime, por lo que no es falso que se trate de una calumnia.
Como figura pública, Narváez Osorio tiene el derecho a defenderse, pero también le corresponde la carga de la prueba si busca desvirtuar la acusación.
En el ámbito penal, la FGR investiga a Bermúdez y su red y si Narváez Osorio es citado como testigo o imputado, debe responder ante las autoridades. No hay orden de aprehensión pública contra él, pero podría ser requerido para aclarar el rol de su notaría en ese hecho delictivo.
El empresario inició un litigio para revocar el poder notarial firmado en 2019. Narváez o su sucesor, podría intervenir para validar la voluntariedad del acto, presentando evidencia, testigos, videos notariales, etc.
El argumento de Narváez Osorio no se sostiene. No aporta pruebas para asegurar que, en efecto, se trata de una calumnia.
Bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, si se aplica por ser rector de la UJAT, podría enfrentar sanciones si no se aclara. Además, como notario, el Colegio de Notarios de Tabasco o el Congreso local podrían exigirle rendir cuentas, aunque dudo que vayan a proceder en consecuencia.
Quién hasta el momento no ha dicho nada es Priego Oropeza. A él se le acuso de haber sido sobornado por testaferros de Bermúdez Requena para que no ejecutara la orden de desalojo, después de que Martínez Armengol ganó el juicio. De eso también debe haber pruebas, de modo que no son cosas inventadas por el afectado.
Tal vez a eso se refería el gobernador Javier May Rodríguez, en su conferencia del lunes pasado: que se tiene que saber toda la verdad del caso Bermúdez Requena, aunque duela. A medida que se conoce a detalle toda esta trama de crimen y corrupción política, se hace imperativo que se castigue a todos los que por acción u omisión formaron parte de ella.
¿En manos de quién estaba el estado?
Estaba en manos de una asociación delictuosa de la que formaban parte policías, políticos, empresarios, notarios y servidores públicos, por eso ni perdón ni olvido, sino todo el peso de la ley a quién o quiénes resulten responsables, aunque duela.
