La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", no solo marca el fin de un ciclo en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); marca, sobre todo, un hito en la guerra de narrativas que enfrenta el Estado mexicano frente a los que se hacen llamar oposición política.
Lo ocurrido el pasado domingo fue un despliegue de violencia en dos frentes: el asfalto y la interfaz digital. Mientras la Sedena operaba en Tapalpa, en el ecosistema digital se libraba una batalla de desinformación que reveló una verdad incómoda: la vulnerabilidad de la psique colectiva ante la falta de referentes éticos en la esfera pública.
Lo novedoso de esta crisis no fue la quema de vehículos, sino la sofisticación de la posverdad criminal. El uso de Inteligencia Artificial para fabricar ataques y la orquestación de perfiles que operaron como "sicarios digitales" demuestran que el crimen organizado ha comprendido que el control del territorio físico es secundario si se logra el control del territorio mental.
Sin embargo, el fenómeno más preocupante no es la capacidad tecnológica de los grupos delictivos, sino la negligencia deliberada de actores políticos y periodísticos. Cuando figuras con liderazgo público —referentes obligados para una ciudadanía sedienta de certezas— replican material no verificado, actúan como un "multiplicador de fuerza" para el terror.
El análisis de este episodio arroja nombres y siglas que fallaron en su deber ético. El uso del caos con fines de golpeteo político por parte de cuadros del PRI y el PAN, o la validación de imágenes apócrifas por parte de “analistas” como Alfredo Jalife -un anti claudista y proadancista inocultable- y periodistas como Lourdes Mendoza, no puede reducirse a un "error de dedo". En contextos de seguridad nacional, la ligereza informativa se convierte en complicidad narrativa.
Al difundir la idea de un "país en llamas" mediante videos anacrónicos o simulaciones digitales, estos actores no solo socavan la percepción de gobernabilidad, sino que fracturan el canal de comunicación legítimo entre el Estado y el ciudadano.
Esta ruptura genera un vacío que el crimen organizado llena con sus propias historias de terror, logrando así su objetivo primordial: la parálisis social y la erosión de la confianza en las instituciones.
La ética política ante el vacío
Desde una perspectiva de responsabilidad civil, la libertad de expresión de un actor político o un líder de opinión no es igual a la de un ciudadano común. Quienes poseen acceso a fuentes privilegiadas tienen una responsabilidad reforzada.
Difundir rumores en medio de un operativo militar no es un ejercicio de libertad, sino un acto de irresponsabilidad que puede derivar en tragedias reales: estampidas, parálisis económica y crisis de ansiedad masivas.
La lección de la caída de "El Mencho" es clara: en la era de la IA y las redes sociales, la seguridad no se garantiza solo con el despliegue de la Guardia Nacional, sino con la construcción de un blindaje informativo.
La desinformación emitida desde el privilegio público es una forma de violencia que, aunque no dispara balas, destruye el tejido social con la misma eficacia que un bloqueo carretero.
El Estado mexicano no puede permitirse ser reactivo en la guerra de la información. Se requiere un protocolo de comunicación de crisis que anticipe el uso de IA y la manipulación de redes sociales.
Pero, sobre todo, se requiere una ciudadanía y una clase política que comprendan que, en momentos de alta tensión, difundir un dato no verificado es disparar una bala al aire. La libertad de expresión es un derecho sagrado, pero cuando se usa para alimentar la narrativa del terror, se convierte en un acto de traición a la tranquilidad pública.
