El triunfo “arrollador” del PRI en las elecciones legislativas de Coahuila no fue limpio ni transparente como presumió su dirigente nacional “Alito” Moreno. Lo consiguió con trampa, según ha podido documentar Morena. Aunque en esta ocasión fueron más sofisticados en la compra del voto.
Las denuncias presentadas por la dirigencia nacional morenista modificaron por completo la percepción nacional de la jornada electoral, transformando el festejo del PRI en un foco de escrutinio legal y político debido al escándalo bautizado como "QRgate".
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó formalmente al PRI de operar un sofisticado sistema de compra masiva y coacción del voto.
De acuerdo con las evidencias y videos difundidos en redes sociales, el presunto fraude operó de la siguiente manera: Los operadores políticos del PRI entregaban un código QR físico e individualizado a cada ciudadano antes de la jornada electoral.
El elector ingresaba a la casilla con el código QR y, tras marcar la boleta a favor de la alianza del PRI, debía colocar el código junto al papel de votación. El votante tomaba una fotografía digital con su celular donde aparecían simultáneamente su voto por el PRI y el código QR asignado.
La imagen era cargada o enviada a una plataforma controlada por la estructura partidista para verificar en tiempo real que el ciudadano cumplió con el acuerdo. Una vez validada la fotografía en el sistema, se autorizaba la entrega de un pago de al menos 500 pesos en casas de operación secretas.
A la par del uso de tecnología para el condicionamiento del voto, la oposición documentó otras irregularidades graves durante el proceso local.
Morena y el PT escalaron el caso exigiendo la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL), la Policía Cibernética y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar las cuentas bajo sospecha de financiamiento ilícito.
Se denunció la detención arbitraria de cerca de 200 militantes de izquierda en diversas fiscalías regionales, particularmente en Torreón. Acusaron que las policías estatales y municipales actuaron como operadores para "cuidar" el mecanismo del PRI y amedrentar a los representantes opositores.
De acuerdo con lo reportado por medios, como El Sol de México y la revista Proceso, esta práctica buscaba romper con el principio del voto secreto de forma masiva, lo que motivó a la oposición a solicitar formalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el rastreo de las cuentas bancarias para ubicar el origen del dinero.
Es poco probable que el PRI pueda replicar con éxito este esquema a nivel nacional en las elecciones federales de 2027, principalmente debido a que el blindaje, la fiscalización y la vigilancia de las autoridades federales operan bajo reglas y con un despliegue de fuerza drásticamente superiores a los de una elección puramente estatal.
En Coahuila, la oposición denunció que la policía estatal protegió las casas de operación del PRI. En los comicios federales de 2027, el despliegue de seguridad incluye de forma obligatoria a la Guardia Nacional y al Ejército, instituciones bajo el mando del gobierno federal. Esto retira el "monopolio de la fuerza" a los gobernadores de los estados, dificultando que las policías locales actúen como escudo de estructuras partidistas.
Operar el "QRgate" requiere de millones de pesos en efectivo para pagar los montos individuales. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vigilan de cerca los retiros masivos de efectivo de los bancos y las cuentas de empresas fantasma durante las campañas federales.
El PRI no cuenta con los mismos recursos ni la misma impunidad financiera fuera de sus bastiones territoriales tradicionales, como Coahuila y Durango.
FRAUDE REAL Y FRAUDE VIRTUAL
A raíz de las denuncias presentadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el caso Coahuila, el árbitro electoral se verá forzado a endurecer las restricciones.
Esto puede incluir, por ejemplo, una prohibición estricta de ingresar con celulares visibles a las mamparas de votación para cortar de tajo la toma de la fotografía. Despliegue de observadores federales con capacidades tecnológicas para detectar e inhibir el uso de plataformas o aplicaciones móviles destinadas a validar códigos QR en las inmediaciones de las casillas.
El PRI logró operar de manera concentrada este mecanismo en los 16 distritos de Coahuila utilizando toda su estructura estatal volcada en un solo objetivo. Replicar un fraude digitalizado y coordinado en los 300 distritos federales de todo el país en 2027 requeriría un presupuesto y un ejército de operadores que el PRI, debilitado económicamente y sin la mayoría de las gubernaturas del país, no posee en este momento.
Es totalmente seguro que las elecciones de Coahuila lleguen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que este tome la decisión final sobre el resultado de la jornada electoral.
El camino legal de la impugnación está prácticamente trazado debido a la gravedad de las acusaciones del "QRgate". Obviamente, se tiene que acudir primero a las instancias locales donde seguramente desecharán las impugnaciones de Morena y de otros partidos. Los órganos electorales validarán el triunfo del PRI “haiga sido como haiga sido”.
El asunto pasará a la jurisdicción federal y ahí puede tomar otro matiz. La resolución definitiva del caso tardará varios meses, pero la última palabra sobre si se mantiene el "carro completo" del PRI o si se castigan las irregularidades con la nulidad de casillas la tendrá, sin duda, el TEPJF.
