Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha vuelto a señalar con dedo acusador a México. En solo un año, según el organismo, se detectaron más de 7 mil millones de dólares en actividades sospechosas ligadas al contrabando de combustibles —el llamado huachicol fiscal— por parte de cárteles.
Lo más grave: afirman que estos recursos ilícitos se están usando para financiar campañas políticas y medios de comunicación en México, con el objetivo de colocar a políticos corruptos que protejan sus intereses.
Suena alarmante. Sin embargo, como en tantas ocasiones anteriores, las afirmaciones llegan sin nombres, sin fechas concretas, sin mecanismos detallados y, sobre todo, sin una sola prueba pública.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo señaló con claridad: acusación de tal gravedad no pueden quedar en el aire. O se presentan evidencias contundentes, o se trata de otra maniobra de desestabilización.
Esta estrategia no es nueva. Washington tiene una larga tradición de filtrar “información sensible” cuando le conviene presionar a gobiernos que no se alinean plenamente a sus intereses.
Bajo la actual administración trumpista, el cinismo alcanza niveles superlativos. Mientras señalan supuestos sobornos a políticos mexicanos, en Estados Unidos se normaliza un sistema donde el dinero manda sin disimulo.
Basta mirar el patio trasero de Trump. Apenas asumido el poder, su Departamento de Justicia cerró una investigación contra Abbott Laboratories —empresa que donó medio millón de dólares a su fiesta de inauguración— pese a contar con elementos para procesarla por muertes infantiles ligadas a leche contaminada.
El mismo presidente estrena un avión de 400 millones de dólares regalado por Qatar, que pasará a su “biblioteca presidencial” al final del mandato. Y su fortuna personal ha crecido en 3 mil millones de dólares en pocos meses, con al menos 1,400 millones vinculados directamente al uso de su carga.
Pero el problema no es solo Trump. Es estructural. Desde hace décadas, la Suprema Corte de Estados Unidos ha desmantelado cualquier control real al financiamiento electoral.
Equipará el dinero con “libertad de expresión”, eliminó límites al gasto, permitió donaciones ilimitadas, el autofinanciamiento y el “dinero oscuro” a través de organizaciones sin fines de lucro que no revelan sus donantes, según ha publicado la prensa estadounidense.
En la práctica, cualquier cártel —mexicano o de otra nacionalidad— puede financiar legalmente a un candidato estadounidense sin que nadie pueda rastrear el origen del dinero con facilidad.
¿Quién es, entonces, el menos indicado para dar lecciones de integridad democrática y combatir a la corrupción? Un país donde comprar influencia es deporte nacional no puede erigirse en juez moral de México.
Las acusaciones de FinCEN revelan más sobre la frustración estadounidense ante un México que, desde 2018, busca reafirmar su soberanía y construir un proyecto propio, que sobre la realidad interna mexicana.
NO COMO PRETEXTO DE INJERENCIA
Problemas graves tenemos: la violencia, la corrupción y el huachicol existen y deben combatirse con determinación. Pero convertirlos en pretexto para injerencia externa solo debilita la capacidad nacional de respuesta.
Si Washington tiene pruebas reales de que cárteles están comprando políticos o medios mexicanos, que las presenten ante las autoridades competentes, con nombres y evidencias.
De lo contrario, sus señalamientos no son más que ruido geopolítico destinado a minar la confianza en las instituciones mexicanas ya condicionar la relación bilateral.
México no es un patio trasero. Es un país soberano con derecho a exigir que las críticas vengan acompañadas de pruebas, no de filtraciones convenientes.
Y Estados Unidos, antes de señalar la paja en el ojo ajeno, haría bien en limpiar la viga en el propio: un sistema político donde el dinero ilícito o corporativo fluye sin control y donde la corrupción se ha institucionalizado bajo el disfraz de “libertad”.
La soberanía no se negocia. Ni con huachicol ni con informes sin sustento.
