La revelación de la "Operación Air Kings" por parte del FBI desató una severa crisis diplomática entre México y Estados Unidos. El caso colocó al exembajador Ken Salazar bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente mentir de forma deliberada al gobierno mexicano.
Durante su gestión y en sus recientes memorias, el exdiplomático negó reiteradamente cualquier intervención de agencias estadounidenses en la captura y posterior traslado de Ismael "El Mayo" Zambada.
La controversia escaló luego de confirmarse que el FBI donó el avión utilizado en el traslado al War Eagles Air Museum en Nuevo México, donde la agencia exhibe la aeronave y presume la extracción del capo como un éxito propio.
Esta acción contradice la postura oficial que Salazar sostuvo formalmente junto al exfiscal Merrick Garland, en la que aseguraban: "no fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación".
Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la veracidad de dichas afirmaciones en su conferencia matutina, lanzando la pregunta directa: "¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?".
La evidencia apunta a que el FBI coordinó y ejecutó el traslado unilateral en suelo mexicano sin el consentimiento del Ejecutivo. Para ello, habría utilizado a Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", con el fin de secuestrar a Zambada a cambio de beneficios judiciales y créditos de cooperación.
UN ACTO INTERVENCIONISTA
De confirmarse formalmente, el gobierno estadounidense habría vulnerado la Constitución Política de México, la Ley de Seguridad Nacional y diversos tratados internacionales.
Ante este escenario, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya solicitó formalmente al FBI y a la embajada estadounidense un informe completo y transparente sobre su participación en el operativo.
Esta postura de que "el fin justifica los medios" erosionó la confianza bilateral y validó la narrativa de que las agencias de Washington operan a espaldas de las autoridades mexicanas.
Históricamente, Estados Unidos ha señalado a México por supuestos pactos con el narcotráfico; una retórica que suele intensificarse durante sus ciclos políticos internos.
Muestra de ello son los reiterados ataques del presidente Donald Trump, quien afirma que los criminales controlan el territorio nacional y que los políticos locales están vinculados al crimen.
Sin embargo, analistas y funcionarios cuestionan la autoridad moral de las agencias estadounidenses para criticar la estrategia mexicana mientras ejecutan operaciones encubiertas que violan la soberanía.
Se argumenta que los informes de Washington focalizan la responsabilidad de la crisis de seguridad en el lado mexicano, omitiendo factores clave como el consumo interno de drogas, el lavado de dinero en el sistema financiero estadounidense y el tráfico ilegal de armas desde su frontera.
Aunque la administración de Claudia Sheinbaum descartó romper la colaboración en materia de seguridad, diputados y funcionarios advierten el inicio de una etapa "más turbulenta" en la relación bilateral.
De comprobarse por completo la narrativa del FBI, la credibilidad diplomática de Salazar quedará destruida, y su legado, ensombrecido por haber sostenido una estrategia de desinformación mientras simulaba una cooperación mutua con el gobierno de México.
