Los de abajo

Un permiso temporal para vender comida en un espacio público, que nunca fue renovado, terminó convertido en un lucrativo negocio privado. La situación salió a la luz pública luego de que el legítimo propietario del predio —el gobierno del estado— lo vendiera y cercara de forma imprevista para entregárselo, libre de problemas, al nuevo dueño.

Como era de esperarse, la acción gubernamental desató la inconformidad de los afectados. Los comerciantes alegaron la existencia de un contrato con la persona que les rentaba los espacios en el sitio bautizado como “La Antojería”. 

Si bien el modo en que se ejecutó el desalojo del lugar —el cual forma parte del terreno licitado que abarca el gimnasio La Choca— puede ser cuestionable, el fondo del asunto no lo es: se actuó para poner fin a una ilegalidad y al abuso de un particular que, durante siete años, cobró rentas de manera indebida.

Presuntamente, el empresario Edén Caraveo, dueño del restaurante Rodizio, es el particular que se hizo pasar como propietario del espacio para obtener ganancias millonarias. 

Esta situación data de 2019, primer año de la administración de Adán Augusto López Hernández, a cuyo padre entregó una presea tras ser nombrado empresario del año. 

En ese periodo se otorgó el permiso temporal a través del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (Injudet), la instancia administradora del gimnasio La Choca, entonces dirigida por Sheila Cadena Nieto, actual secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Hasta la fecha, no existe constancia documental de que dicho permiso se haya renovado; nadie ha podido mostrarlo públicamente, ni siquiera los emprendedores que hoy reclaman injusticia y atropellos. 

Lo que resulta evidente es que el gobierno de Adán Augusto López permitió que un particular se enriqueciera ilegalmente a costa de un espacio público. Nadie dijo nada al respecto, ni siquiera los dirigentes políticos que ahora se desgarran las vestiduras y acusan a la actual administración por haber puesto fin al lucrativo negocio del empresario de Comalcalco.

Es lamentable que las personas que rentaban un espacio para ganarse legítimamente el sustento diario sufran las consecuencias de este abuso. Sin embargo, si a alguien tienen que señalar, es precisamente a quien los defraudó y es el verdadero responsable jurídico de esta situación. 

Los afectados señalan que pagaban seis mil pesos mensuales de renta; es decir, el espacio generaba una cifra nada despreciable de 240 mil pesos al mes, más de dos millones de pesos al año. Todo un negocio redondo sin dar un solo golpe.

La pregunta obligada es si el susodicho reportaba estos ingresos al SAT o pagaba los impuestos generados por el corredor gastronómico “La Antojería Food Park”. 

Lo más seguro es que no, y que ese dinero ingresara limpio a sus bolsillos, a menos que presente evidencias de lo contrario. En el sexenio pasado se le toleró, las autoridades se hicieron de la vista gorda y le permitieron regentar el lugar a su conveniencia económica. 

Ahora que estalló el escándalo, se arremete contra el gobierno solo por restablecer el orden legal.

Como era de esperarse, la oposición intenta sacar raja política de este asunto para condenar a la administración de Javier May, guardando un cómplice silencio sobre el abuso del particular. 

Ahí vimos hacer el ridículo al diputado federal Erubiel Alonso Qué, quien se apersonó para mostrar su “solidaridad” con las 120 familias afectadas. Claro, nada tonto, evitó reclamarle al empresario que cobraba sin ser dueño. 

Lo mismo ocurrió con Jesús Alí de la Torre, hoy miembro de Somos México, quien también lanzó diatribas contra el gobierno estatal omitiendo este punto. Alí de la Torre actúa con cinismo; tiene una cola muy larga que le pisen y hoy se regodea como crítico del mismo gobierno al que, inexplicablemente y sin escrúpulos ni principios, sirvió hasta hace poco.

La realidad la expuso con claridad Horacio Solórzano, uno de los afectados, en entrevista para XEVA: la persona que les cobraba la renta “nunca les informó que el terreno no era de su propiedad; al momento que viene la venta, el gobierno lo vende y, como cualquier dueño, quiere el terreno limpio. Nosotros no sabíamos”.

Por su parte, el gobierno estatal señaló en un comunicado que “la ocupación de los espacios comerciales existentes en el predio derivó de un permiso de uso temporal que, a la fecha, se encuentra vencido y nunca generó derechos de propiedad, posesión o permanencia”. 

Justificó el resguardo del predio como una acción para “restituir la legalidad sobre un bien público” y aclaró que “la responsabilidad jurídica ante empresarios que de buena fe realizaron inversiones (...) corresponde a quienes, sin ser propietarios ni tener facultades legales para ello, celebraron acuerdos y lucraron con el inmueble”.

Este caso deja al descubierto la doble moral de quienes hoy critican cualquier acción gubernamental, pero aplaudieron como focas las ilegalidades del sexenio pasado. ¿Por qué quienes hoy se desgarran las vestiduras no exigen mano dura y rendición de cuentas contra quien cobró ilegalmente la renta de un predio ajeno? Por supuesto, no lo harán: al final del día, son gusanos de la misma guayaba.