Los de abajo

Escrita de puño y letra desde su celda en el penal federal de El Altiplano, la reciente carta de Hernán Bermúdez Requena no es más que el enésimo eco de un guion predecible: el del exfuncionario que, acorralado por la justicia, se cobija bajo el desgastado manto de la “persecución política”.
 

No es la primera vez que el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco recurre a esta narrativa; de hecho, parece su única balsa de salvación. Lo hizo en julio de 2025, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de su esposa, hijos y empresas.
 

Repitió la dosis en diciembre de ese año, cuando la Jueza Primero de Distrito en Tabasco ratificó el bloqueo de sus activos personales y su defensa acusó formalmente el uso de la estructura fiscal del Estado como un arma de venganza.
 

Volvió a activar el discurso en febrero de 2026, tras el aseguramiento de su residencia en el Fraccionamiento Campestre. El argumento, sin embargo, cojea frente a la terca realidad de los tribunales.
 

Es natural que Bermúdez proclame su inocencia y descalifique las imputaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) acusando la fabricación de testimonios.
 

Es la lógica de cualquier reo procesado: en el banquillo de los acusados nadie se declara culpable por voluntad propia. Pero de cara a la opinión pública y a los criterios técnicos jurídicos, la narrativa de la "venganza" se desmorona por su propio peso.
 

El exjefe policial no enfrenta un simple diferendo político de corto plazo ni una falta administrativa menor. Sobre sus hombros pesan tres procesos penales distintos por delitos de altísimo impacto: secuestro, asociación delictuosa, extorsión agravada, peculado y desaparición forzada de personas.
 

Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y del gabinete de seguridad nacional lo colocan en la cúspide de la estructura criminal “La Barredora”, operando la red delictiva precisamente mientras juraba proteger a los tabasqueños.
 

SUS CÓMPLICES LO DELATAN
 

Por si fuera poco, su comportamiento previo dinamita cualquier presunción de perseguido político de buena fe. Alguien que busca aclarar su situación con transparencia ante las leyes de su país no huye de él.
 

Bermúdez se convirtió en prófugo internacional con una ficha roja de la Interpol a cuestas, hasta que fue capturado en Paraguay y deportado de vuelta a México.
 

El proceso penal sigue su marcha lenta pero irreversible. Tras reprogramarse la audiencia intermedia en junio pasado para que la defensa revisara los extensos tomos de investigación, los medios de prueba ya fueron desahogados y admitidos, con el acusado compareciendo vía remota desde su reclusión.
 

Aunque el juicio oral definitivo aún no inicia ni tiene fecha fija, la FGE ya puso las cartas sobre la mesa: exige una condena histórica de 154 años de prisión y una reparación del daño por 600 millones de pesos.
 

Con testimonios de exintegrantes de la misma organización criminal listos para ser presentados en el debate final, la estrategia de la defensa de apostarlo todo a la narrativa de la persecución política parece más un acto de desesperación mediática que una defensa jurídica sólida.
 

A la Fiscalía le tocará sostener el peso de sus pruebas en el tribunal; a Bermúdez Requena, el durísimo reto de convencer a un estado de que los 154 años solicitados en su contra son solo un invento de sus adversarios. El reloj procesal avanza y, en El Altiplano, las cartas ya no alcanzan para frenarlo.