Los de abajo
Cartas en “El Altiplano”, verdades en el juzgado
El recurso de la victimización es el último refugio de quienes, habiendo ostentado el control absoluto de la fuerza del Estado, hoy deben rendir cuentas ante él. La reciente carta de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, redactada desde el aislamiento de su celda en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, "El Altiplano", sigue puntualmente ese guion.
Al declararse un "perseguido político y mediático", el exjefe policial de 73 años intenta trasladar el debate de la severidad del código penal a la volatilidad de la opinión pública.
Sin embargo, la respuesta del fiscal general del estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, devolvió el conflicto a su único cauce legítimo: el expediente judicial. Al rechazar categóricamente que exista una consigna o persecución, la FGE fijó una postura institucional necesaria.
La justicia no se litiga en conferencias de prensa, ni mediante cartas manuscritas enviadas a las redacciones; se dirime frente a un juez de control, mediante pruebas lícitas y alegatos técnicos.
La distancia entre el discurso de Bermúdez Requena y las imputaciones en su contra es abismal. Mientras su misiva —fechada el 3 de agosto— apela a una trayectoria de cuatro décadas en el servicio público, las investigaciones vigentes estructuran un panorama penal sumamente grave que fundamenta su reclusión.
La Fiscalía General del Estado detalló que el exfuncionario enfrenta cuatro carpetas de investigación que incluyen los delitos de secuestro agravado, extorsión agravada, asociación delictuosa y peculado.
Debido a la gravedad y acumulación de las conductas punibles, el Ministerio Público ha solicitado formalmente penas que alcanzan los 154 años de prisión.
El caso cobró relevancia tras filtraciones y pesquisas de inteligencia militar que históricamente lo vincularon con la protección y presunta jefatura de la célula delictiva conocida como "La Barredora", un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de la Chontalpa.
Pretender que este volumen de acusaciones, respaldado por órdenes de aprehensión vigentes y validadas por jueces locales y federales, es producto de un complot mediático resulta insostenible.
LA DOBLE VENTANILLA
La Fiscalía tiene la obligación constitucional de perseguir los delitos y, como enfatizó Vázquez Landeros, de garantizar el derecho de las víctimas y de sus familias a conocer la verdad histórica de los hechos.
El fiscal general fue claro al señalar que la presunción de inocencia del imputado se mantiene intacta dentro del proceso local. Ese derecho fundamental, invocado por Bermúdez en la queja que interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el gobernador Javier May Rodríguez, es la regla bajo la cual el Poder Judicial debe evaluar las pruebas.
Pero exigir el debido proceso también implica someterse a sus formas, sus tiempos y sus recintos institucionales.
La defensa legal de Bermúdez Requena parece apostar por una doble ventanilla: la jurídica, debilitada por el peso de los testimonios y las pruebas de la FGE, y la mediática, orientada a construir la narrativa de un preso de conciencia. Utilizar la tribuna pública para desacreditar los avances ministeriales o sugerir presiones políticas busca sembrar dudas sobre la autonomía de la Fiscalía, un movimiento clásico de control de daños que busca politizar lo que es eminentemente técnico.
Tabasco arrastra heridas profundas provocadas por la violencia, el cobro de piso y la infiltración criminal que erosionó la confianza en las instituciones de seguridad durante los últimos años.
Por ello, el juicio contra Hernán Bermúdez Requena no admite distracciones propagandísticas ni consideraciones políticas ajenas al expediente.
La defensa del exsecretario está en su pleno derecho de combatir cada elemento probatorio aportado por el Ministerio Público, pero debe acatar el riguroso llamado de la autoridad fiscal: el debate pertenece estrictamente al juzgado.
Desviar la atención hacia supuestas conspiraciones de prensa solo demerita una causa que se debe ganar con argumentos legales y pruebas de descargo, no con epístolas de victimización. La sociedad tabasqueña no espera un espectáculo mediático de declaraciones cruzadas; exige, simple y llanamente, la aplicación irrestricta de la ley, justicia para las víctimas y verdad absoluta.
