Los de abajo

La autonomía universitaria nació como un escudo frente al poder político, no como un camuflaje para el capital bajo sospecha, algo que el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Guillermo Narváez Osorio, no ha querido entender. Así ha quedado de manifiesto en diversos análisis y también en conductas contrarias al interés universitario.

Si las indagaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirman que la UJAT y su rector operaron como una plataforma de legitimación para el consorcio de Gerardo Sánchez Zumaya, el daño institucional trascenderá las fronteras del estado para convertirse en un caso de estudio sobre la captura corporativa de la educación pública, y se convertirá en un verdadero escándalo público.

La prisa con la que se formalizaron los convenios de colaboración con un Hospital Zumaya que apenas alcanza el cuarenta por ciento de su construcción encuentra su explicación más nítida en la captura de la División Académica de Ciencias de la Salud (DACS). Un reporte que circula en el Congreso dela Unión es prolijo en detalles relacionados con el impacto de la maraña que protege a Los Potosinos.

Leemos y resumimos. La designación de la doctora Karla del Socorro Celorio Méndez como titular de la DACS cobra un sentido estrictamente corporativo cuando se confronta con la estructura del holding privado: con la madre de la directora fungiendo como Administradora General del hospital y su hermana coordinando las Relaciones Públicas de la empresa, el nombramiento desplaza el mérito académico para colocar una pieza de ajedrez alineada a los intereses del grupo.

Para los investigadores federales, esta operación no fue un accidente burocrático, sino un acuerdo de voluntades diseñado para otorgar un aval moral exprés que pretendía neutralizar las alertas de la UIF ante los jueces.

Frente a este escenario, los implicados se adentran en el terreno del Código Penal Federal bajo la figura de la coparticipación por omisión. En el derecho penal moderno, la ceguera voluntaria no exime de responsabilidad; el artículo 13 del ordenamiento federal castiga con igual severidad a quien ejecuta el ilícito como a quien, estando en una posición de garante, decide no mirar.

Al estampar la firma institucional en convenios con empresas investigadas por huachicol fiscal y lavado de dinero, las autoridades universitarias asumen el riesgo jurídico de la custodia y administración de recursos de procedencia ilícita.

Para el rector Narváez Osorio, la encrucijada ya no es política, sino penal. Validar un cascarón vacío y permitir el uso de la investidura universitaria para el lavado de imagen de un holding bajo asedio judicial configura las causales del tráfico de influencias y el ejercicio ilícito del servicio público.

En todo este asunto no es ajeno Adán Augusto. De acuerdo a lo trascebdido en medios Sánchez Zumaya es visto por las autoridades que lo investigan y en reportes periodísticos como presunto operador financiero y prestanombres del entorno del exsecretario de Gobernación.

Es muy probable que haya incidido en demasía para involucrar a la máxima casa de estudios en esta trama. No es la primera vez que Narváez Osorio hace el trabajo sucio para este grupo faccioso. Algo que ya están tomando nota en el gobierno.

No hay que olvidar que de acuerdo a lo publicado en el diario Reforma y otros medios la notaría del ex presidente del TSJ fue utilizada para despojar a un empresario de su gasolinera por testaferros del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, en represalia porque se negó a seguir vendiendo en su expendio la gasolina robada por “La Barredora”. Así b consta en declaraciones ministeriales y cuya resolución aún está pendiente. Solo que ahora su involucramiento reviste mayor gravedad.

En el tema que nos ocupa, la narrativa oficial de la vinculación comunitaria se desmorona cuando se descubre que el verdadero beneficiario no es el alumnado, sino un consorcio en huida que buscaba fondear su obra a costa del patrimonio reputacional de los tabasqueños. La justicia federal tiene la palabra; la historia académica, la memoria.