Los de abajo

Siempre que se abre una investigación por defraudación o huachicol fiscal relacionada con Tabasco, el dedo acusador apunta de inmediato hacia los notarios públicos locales. Pero no a cualquiera de ellos, sino principalmente a los integrantes de un círculo selecto estrechamente vinculado con el "notario mayor" de la entidad: Adán Augusto López Hernández.

Hasta ahora, estos fedatarios han actuado bajo un manto de absoluta impunidad. Sus nombres aparecen de forma recurrente en indagatorias ministeriales y reportajes periodísticos por validar empresas que simulan operaciones inexistentes; corporativos de papel que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) termina catalogando como empresas factureras (EFOS).

El fenómeno no es nuevo ni exclusivo de un solo grupo político. La propia Notaría 27, propiedad de Adán Augusto, dio fe de la creación de varias de las empresas mediante las cuales Alejandro Moreno Cárdenas desvió recursos públicos de Campeche cuando el actual dirigente nacional del PRI gobernaba dicho estado.

Sin embargo, el escándalo se actualiza de manera constante. La mención más reciente de este circuito notarial surgió en un reporte del diario Reforma sobre la red de empresas factureras presuntamente creadas por el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya para triangular dinero de contratos multimillonarios en Pemex.

En las investigaciones sobre este entramado y su entorno familiar, el fedatario clave –dice Reforma- es Manuel Alejandro Cachón Silván, titular de la Notaría Pública Número 4 de Tabasco. Este personaje ha logrado aparecer como “confiable” ante quienes deben vigilarlo. Claro, Gerardo López Lastra, El Conde, hace como que no se entera.

Fue ante su fe pública donde se certificó la inyección de un cheque por 400 millones de pesos para elevar drásticamente el capital social de Grupo Mineral & Logistic (GML), una de las firmas de Sánchez Zumaya que posteriormente facturó sumas multimillonarias a Pemex y al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

Señalado como un personaje cercano al entorno de Adán Augusto, Cachón Silván conecta de forma estructural el modus operandi de estas nuevas firmas con los operadores políticos tradicionales de la entidad.

Es un secreto a voces que en el sexenio pasado operó con total libertad este cártel de los notarios, dedicado no solo a la creación de empresas fachada para la defraudación y el lavado de dinero, sino también al despojo de propiedades.

Lo verdaderamente sintomático es que este auge delictivo ocurrió precisamente cuando la responsable de investigar e impedir dicha actividad era nada menos que la hoy extinta Rosalinda López Hernández, hermana del exsecretario de Gobernación.

López Hernández, quien falleció en 2024, ocupó la titularidad de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) del SAT desde diciembre de 2018 hasta febrero de ese mismo año.

Durante su gestión, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó una flagrante contradicción institucional: mientras ella dirigía el brazo del Estado encargado de detectar y enlistar a las empresas falsas, las notarías de sus propios hermanos, Adán Augusto y Melchor, daban legalidad a las actas constitutivas de consorcios que terminarían convertidos en factureras.

Esta dualidad familiar coincidió de manera exacta con un desplome estadístico en la fiscalización. En 2018, las bases de datos registraban de forma definitiva miles de empresas factureras; un año después la tendencia comenzó a disminuir y, para el cierre de 2023, el registro oficial de nuevas EFOS cayó a apenas 47 empresas.

Una reducción del 98% que el discurso oficial atribuyó a un "efecto disuasorio", pero que en la práctica levantó severas sospechas de omisión institucional.

Las investigaciones periodísticas exponen así un patrón sistemático donde despachos controlados por Adán Augusto López Hernández, sus familiares y sus colaboradores más cercanos sirvieron como la infraestructura legal idónea para canalizar miles de millones de pesos en contratos públicos, evadir impuestos y blindar redes delictivas.

En este circuito operan nombres conocidos: Narciso Tomás Oropeza Andrade, excolaborador íntimo de Adán Augusto y su secretario de Movilidad durante su gubernatura, en cuyo despacho se gestaron varias de las 13 sociedades mercantiles proscritas por el SAT.

Aparece también Melchor López Hernández, titular de la Notaría 13, encargado de protocolizar consorcios como EMP Solutions y Canayok, involucrados en los desvíos de la Estafa Maestra.

Se suman Gonzalo Humberto Medina Pérez Nieto, asociado directo en la Notaría 27; Manuel Pinto Mier y Concha, concuño de Adán Augusto; así como Jesús Antonio Piña Gutiérrez, Miguel Cachón Álvarez, Ernesto Ventre Sastre y Jaime Lastra Bastar, este último una pieza política central cuya sombra se proyecta sobre las estructuras de seguridad locales.

Lo que queda en evidencia es que en Tabasco la fe pública dejó de ser un instrumento de certeza jurídica para los ciudadanos y se transformó en una ventanilla de diseño corporativo al servicio de presuntos delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado.