VILLAHERMOSA, TABASCO, 2 DE DICIEMBRE DE 2010.- Cuando se discutía la cuenta pública del Centro, el diputado Jesús González González, subió a la tribuna para afirmar que este proceso ha dejado de ser un asunto legal para convertirse en una negociación política, en la que permean el tráfico de influencias y la corrupción.
Por ello demandó una reforma para dotar de autonomía jurídica al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) a fin de que las cuentas públicas no sean más producto de una negociación política.
El legislador votó en contra de la cuenta pública del ex alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, por considerar que su aprobación era resultado de todo lo anterior.
Dijo que a pesar que el OSFE emite un dictamen con salvedades, irregularidades y recomendaciones, “donde se señalan los errores graves en los procedimientos normativos, jurídicos y contables de las cuentas públicas”, los integrantes de las tres comisiones inspectoras de Hacienda “las consideran sin importancia” y sin fundamento legal las aprueban, dejando en la indefensión el erario público.
Por ello urgió al Congreso que se realicen las reformas al OSFE a fin de evitar “que se siga cayendo en la corrupción legislativa” y se lleve a cabo “una verdadera” revisión y calificación de las cuentas públicas, para que “no se vuelvan a cometer daños y perjuicios al erario público, como estos hechos vergonzosos que van a suceder en lo inmediato”.
González, legislador del PRD, dijo que después de haber analizado el dictamen de la cuenta pública de Centro, correspondiente al ejercicio 2009, descubrió que “los integrantes de las Comisiones Inspectoras de Hacienda quedan libres para cabildear y así aprobar o reprobar las cuentas públicas desde un punto de vista político más no jurídico y mucho menos contable.” Consideró que esta calificación no fue objetiva, pues no se basó “en los dictámenes realizados por los expertos”, por lo que “permite licitar lo ilícito”, y aseguró que los integrantes de las comisiones inspectoras de Hacienda utilizan al Congreso “para el tráfico de influencias y corrupción, atentando contra el desarrollo sustentable del Estado”. Según su apreciación, el dictamen de la cuenta pública “presenta irregularidades por 11 millones 148 mil 76 pesos, además que se desviaron 3 millones 296 mil 379 pesos del Ramo 33 Fondo III del 2009, sin embargo, la mayoría priísta en el Congreso Local aprobó dicha cuenta, no aplicando el mismo criterio en el caso del municipio de Comalcalco, cuya cuenta fue reprobada.”
En tanto, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, cuestionó que la presidenta de la tercer Comisión Inspectora de Hacienda, Elda María Llergo Asmitia, no le haya entregado los informes técnicos y financieros que le envió el OSFE de los municipios de la Chontalpa y Centro, sin saber por qué razón no lo hizo.
Dijo que esa solicitud se la hizo llegar el 27 de octubre, pero nunca recibió la información, por lo que la tuvo que conseguir por otros medios. La legisladora guardó silencio. No subió a defenderse.
La cuenta pública de Centro fue aprobada con 21 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones. En las de Cárdenas y Jalpa de Méndez, que también fueron aprobadas, los diputados del PRD, Salvador Aquino Mena y Jesús Selván García, se excusaron de votar.
El primero por ser hijo del ex alcalde de Cárdenas, Salvador Aquino Almeida, y el segundo por haber sido alcalde de Jalpa de Méndez. No podía ser juez y parte.
Las cuentas publicas de Huimanguillo y Nacajuca fueron aprobadas por unanimidad. Mientras que la de Paraíso pasó con 21 votos a favor, 13 en contra y una abstención. La de Cunduacán, 23 a favor y 12 en contra. Paraíso, 21 a favor, 13 en contra y una abstención.
Los tres diputados del PRI, Fernando Valenzuela Perna, Miguel Ángel Moheno Piñera y Armando Beltrán Tenorio, votaron en contra de la cuenta pública de Cárdenas. A todas ellas se les dispensó la lectura del dictamen, solo se leyeron las partes sustantivas de los mismos.
Por ello demandó una reforma para dotar de autonomía jurídica al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) a fin de que las cuentas públicas no sean más producto de una negociación política.
El legislador votó en contra de la cuenta pública del ex alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, por considerar que su aprobación era resultado de todo lo anterior.
Dijo que a pesar que el OSFE emite un dictamen con salvedades, irregularidades y recomendaciones, “donde se señalan los errores graves en los procedimientos normativos, jurídicos y contables de las cuentas públicas”, los integrantes de las tres comisiones inspectoras de Hacienda “las consideran sin importancia” y sin fundamento legal las aprueban, dejando en la indefensión el erario público.
Por ello urgió al Congreso que se realicen las reformas al OSFE a fin de evitar “que se siga cayendo en la corrupción legislativa” y se lleve a cabo “una verdadera” revisión y calificación de las cuentas públicas, para que “no se vuelvan a cometer daños y perjuicios al erario público, como estos hechos vergonzosos que van a suceder en lo inmediato”.
González, legislador del PRD, dijo que después de haber analizado el dictamen de la cuenta pública de Centro, correspondiente al ejercicio 2009, descubrió que “los integrantes de las Comisiones Inspectoras de Hacienda quedan libres para cabildear y así aprobar o reprobar las cuentas públicas desde un punto de vista político más no jurídico y mucho menos contable.” Consideró que esta calificación no fue objetiva, pues no se basó “en los dictámenes realizados por los expertos”, por lo que “permite licitar lo ilícito”, y aseguró que los integrantes de las comisiones inspectoras de Hacienda utilizan al Congreso “para el tráfico de influencias y corrupción, atentando contra el desarrollo sustentable del Estado”. Según su apreciación, el dictamen de la cuenta pública “presenta irregularidades por 11 millones 148 mil 76 pesos, además que se desviaron 3 millones 296 mil 379 pesos del Ramo 33 Fondo III del 2009, sin embargo, la mayoría priísta en el Congreso Local aprobó dicha cuenta, no aplicando el mismo criterio en el caso del municipio de Comalcalco, cuya cuenta fue reprobada.”
En tanto, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, cuestionó que la presidenta de la tercer Comisión Inspectora de Hacienda, Elda María Llergo Asmitia, no le haya entregado los informes técnicos y financieros que le envió el OSFE de los municipios de la Chontalpa y Centro, sin saber por qué razón no lo hizo.
Dijo que esa solicitud se la hizo llegar el 27 de octubre, pero nunca recibió la información, por lo que la tuvo que conseguir por otros medios. La legisladora guardó silencio. No subió a defenderse.
La cuenta pública de Centro fue aprobada con 21 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones. En las de Cárdenas y Jalpa de Méndez, que también fueron aprobadas, los diputados del PRD, Salvador Aquino Mena y Jesús Selván García, se excusaron de votar.
El primero por ser hijo del ex alcalde de Cárdenas, Salvador Aquino Almeida, y el segundo por haber sido alcalde de Jalpa de Méndez. No podía ser juez y parte.
Las cuentas publicas de Huimanguillo y Nacajuca fueron aprobadas por unanimidad. Mientras que la de Paraíso pasó con 21 votos a favor, 13 en contra y una abstención. La de Cunduacán, 23 a favor y 12 en contra. Paraíso, 21 a favor, 13 en contra y una abstención.
Los tres diputados del PRI, Fernando Valenzuela Perna, Miguel Ángel Moheno Piñera y Armando Beltrán Tenorio, votaron en contra de la cuenta pública de Cárdenas. A todas ellas se les dispensó la lectura del dictamen, solo se leyeron las partes sustantivas de los mismos.
