Maduro comparece el 22 de julio: un tratado 1922 podría obligar a EU a liberarlo

El abogado Michael Rips publicó en The New York Times un análisis en el que sostiene que el tratado de extradición firmado entre Estados Unidos y Venezuela en 1922 podría forzar la suspensión del juicio contra Nicolás Maduro y, en un escenario extremo, su liberación.


Un abogado argumenta en The New York Times que el tratado de extradición EU-Venezuela de 1922 obliga a arbitraje antes del juicio a Maduro, previsto para el 22 de julio.
Un abogado argumenta en The New York Times que el tratado de extradición EU-Venezuela de 1922 obliga a arbitraje antes del juicio a Maduro, previsto para el 22 de julio.

El abogado y escritor Michael Rips publicó este martes 21 de julio en The New York Times un extenso análisis jurídico en el que argumenta que el tratado de extradición suscrito en 1922 entre Estados Unidos y Venezuela podría convertirse en el principal obstáculo legal del proceso penal contra Nicolás Maduro, cuya primera comparecencia ante una corte federal está programada para el miércoles 22 de julio. Según Rips, si ese tratado se aplica, el juez a cargo del caso estaría obligado a suspender el juicio y remitirlo a un panel de árbitros independientes; si esos árbitros determinan que la captura de Maduro violó el acuerdo, Estados Unidos quedaría obligado a liberarlo.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos el 3 de enero de 2026 en una operación que la administración Trump describió como una extradición legal, no una invasión. Venezuela rechazó esa caracterización desde el primer momento y ha sostenido públicamente que la captura fue ilegal conforme al derecho internacional, incluido el propio tratado bilateral de extradición.

El argumento jurídico: de Rauscher a Álvarez Machaín

Rips construye su tesis sobre tres precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos. El primero data de 1886, cuando el tribunal resolvió que el procesamiento de William Rauscher, extraditado desde Gran Bretaña, violaba el tratado de extradición porque los cargos juzgados no coincidían con los que motivaron su entrega. El segundo es de 1927: el entonces presidente del Tribunal Supremo, William Howard Taft, afirmó que la autoridad de un tribunal para procesar a acusados extranjeros depende del tratado entre las naciones involucradas.

El tercer precedente involucra directamente a México. En 1992, el médico tapatío Humberto Álvarez Machaín fue secuestrado a petición de la DEA y trasladado a Texas para ser juzgado en un tribunal federal. La Corte Suprema permitió el procesamiento, pero reafirmó el principio del caso Rauscher: un acusado "no puede ser procesado en violación de los términos de un tratado de extradición". Ese caso se desarrolló durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y estuvo vinculado a investigaciones sobre narcotráfico.

"En cada uno de estos casos, el mensaje fue el mismo: cuando los intereses chocan respecto al alcance de un tratado de extradición, el primer paso es examinar detenidamente la intención de quienes lo firmaron", escribió Rips. La diferencia decisiva con el caso Maduro, agrega, es que el tratado de 1922 con Venezuela no deja ese examen en manos del tribunal: lo delega expresamente a árbitros. "El juicio no puede continuar legalmente sin este paso", concluye.

Un tratado aprobado por el Senado con fuerza de ley

"Si los árbitros concluyen que la captura de Maduro violó el tratado, Estados Unidos estaría obligado a liberarlo." — Michael Rips, The New York Times

El tratado de extradición entre Estados Unidos y Venezuela fue firmado en 1922, aprobado por el Senado estadounidense y ratificado por el Ejecutivo. Establece que "todas las diferencias entre las partes contratantes relativas a la interpretación o ejecución del presente tratado se resolverán mediante arbitraje". Rips señala que esa cláusula tiene raíces en una corriente política de principios del siglo XX: tanto el presidente Taft como el presidente Woodrow Wilson y su secretario de Estado, William Jennings Bryan, promovieron el arbitraje internacional como mecanismo de paz en vísperas de la Primera Guerra Mundial.

Según el análisis, la disputa actual entre Washington y Caracas sobre la legalidad de la captura activa con claridad esa cláusula. Ello significaría que el juez Alvin Hellerstein, quien preside el proceso, debería suspenderlo y enviarlo a evaluadores independientes antes de que el juicio pueda avanzar. "Si los árbitros concluyen que la captura de Maduro violó el tratado, Estados Unidos estaría obligado a liberarlo", escribe Rips.

Rodríguez niega acuerdo previo con Washington

En paralelo al debate jurídico, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, negó en una entrevista con el periodista Javier Negre haber tenido conocimiento previo del operativo del 3 de enero ni haber participado en ningún acuerdo con el gobierno estadounidense. "Si hubo algún pacto o alguna comunicación previa con el gobierno de Estados Unidos, la respuesta es cero, cero. No hay forma ni manera de decir lo contrario de lo que te estoy afirmando en este momento: no hubo absolutamente ningún acuerdo, ningún arreglo ni ningún conocimiento sobre lo que podría ocurrir en el país", declaró Rodríguez, quien se describió a sí misma como abogada obligada a ser responsable de sus afirmaciones.

El análisis de Rips fue publicado el mismo día en que SinEmbargo, medio que reportó originalmente la entrevista a Rodríguez, difundió su contenido. La comparecencia de Maduro ante la corte federal está fijada para el 22 de julio de 2026; no se informó el tribunal ni la ciudad exacta donde se realizará la audiencia.

#TomaNota

  • 22 de julio de 2026: fecha de la comparecencia de Nicolás Maduro ante una corte federal en Estados Unidos.
  • El tratado de extradición EU-Venezuela data de 1922 y fue aprobado por el Senado estadounidense.
  • La cláusula de arbitraje del tratado establece que toda disputa sobre su interpretación debe resolverse fuera del tribunal, ante evaluadores independientes.
  • El precedente mexicano clave es el caso Humberto Álvarez Machaín (1992), médico de Guadalajara secuestrado a petición de la DEA.
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