Se manifestaron 50 mil ante Los Pinos

 
Y lo que es tanto o más importante, durante la expresión de inconformidad aguda por la forma como se están conduciendo los asuntos públicos de Michoacán y del país entero, no hubo una sola vidriera rota, una sola pared o cortina de comercio pintarrajeada (los comercios de la zona no cerraron sus puertas), no hubo ningún incendio, ni propiedad privada invadida ni lapidada, no se destrozaron muebles ni se retuvo golpeó y humilló a ningún policía, todo lo contrario, fue una marcha absolutamente pacífica, multitudinaria, impresionante y enérgica que debería hacer reflexionar, dialogar y resolver en serio casi a cualquier gobernante del mundo. “¿Y sí asistieron 50 mil”? No hemos podido hacer la evaluación precisa pero puedo decir que cuando la vanguardia llegaba al Auditorio Nacional, todavía como unos cinco mil compañeros esperaban su turno para empezar a marchar en las inmediaciones de la glorieta de la Diana Cazadora.
    El fenómeno conocido como “control de daños” en la terminología gubernamental, o sea, el equivalente a la guerra sucia o desinformación oficial, no faltó esta vez. La maniobra diversionista operada por las oficinas de prensa de los gobiernos, consiste en la generación de notas y comentarios falsos, ya sea total o parcialmente, o notas que colocan el énfasis en aspectos de los hechos que empujan el odio social en contra de quienes se atreven a protestar contra los gobernantes (caos vial, por ejemplo); trata, en fin, de usar los recursos públicos, de pagar para evitar que la ciudadanía conozca los abusos y atropellos de la autoridad y, por tanto, se solidarice con quienes salen a la calle a defenderse, es, a no dudarlo, una forma de reprimir el libre derecho a la manifestación pública y a la libre expresión de las ideas y es, en el México de la injusticia social, una práctica cotidiana. Afortunadamente para la salud de la vida pública de la nación, entre los medios de comunicación, existen todavía honrosas excepciones.
    En atención al control de daños, al engaño consciente y programado que sigue tratándose de perpetrar desde las oficinas de prensa, reitero que los manifestantes no reclamaban ni reclaman ni privilegios ni nada fuera de la ley y el derecho. Como se dice por ahí, se va a ir de espaldas el hombre o mujer de buena fe que escuche que lo que se reclama es que el gobierno respete la ley y cumpla sus promesas.
    En efecto, el gobierno está fuera de la ley al no entregar a sus familiares los restos de Don Manuel Serrano Vallejo para que le den cristiana sepultura. No debe ni olvidarse ni pasarse por alto jamás que una de las obligaciones básicas, irrenunciables de todo Estado, consiste en dar seguridad a todos los ciudadanos, consiste en lograr que los ciudadanos, sin excepciones e independientemente de la actividad legal que desempeñen, lo hagan con absoluta tranquilidad y paz y que teman, única y exclusivamente, la acción punitiva del propio Estado cuando lleguen a transgredir la ley, pues es éste el único facultado legalmente para alterar la vida y la situación de los bienes de los ciudadanos. Don Manuel Serrano fue secuestrado por una pandilla cuyas sangrientas huellas llevan hasta la vieja y corrompida clase política de Iztapaluca, estado de México, gavilla que se opone mediante métodos criminales a abandonar el poder político que ha detentado durante muchos años y, por tanto, Don Manuel Serrano nunca fue devuelto con vida a su familia, es decir, que por ineptitud o por complicidad, el Estado no cumplió con su obligación elemental de garantizar la vida y la seguridad de un ciudadano pacífico que siempre había vendido periódicos. La vida de Don Manuel Serrano fue la cobarde venganza en contra de Maricela Serrano, la ejemplar alcaldesa que ya para entonces, con sus realizaciones y obras imponentes en Iztapaluca, por comparación con las que antes se habían realizado, exhibía las gigantescas y sistemáticas raterías de una clase política a la que los ixtapaluquenses habían acabado por vomitar. En fin, a Don Manuel Serrano, según ha informado la autoridad oficialmente, lo mataron y, ahora, la autoridad no entrega sus restos a su familia. ¿Censuraría usted a una modesta familia mexicana que reclama los restos de su padre ya sólo para rezarles un rosario, derramarles una lágrima y sepultarlos? ¿Censuraría usted a los amigos y compañeros de la familia Serrano Hernández porque se solidarizan y luchan con ellos?    Pero las 50 mil almas también salieron a la calle y fueron a Los Pinos a reclamar que se les entregue un pedacito de tierra a un grupo de guanajuatenses de los pobres y marginados para que vivan con su familia. Otra demanda muy sentida y muy vieja. En Valle de Santiago, Guanajuato, hace dos años que fueron desalojadas de sus viviendas unas familias. La historia, la de muchos: las familias compraron lotes, vivían en ellos desde hacía muchos años cuando apareció un vivales con papeles falsos y compró autoridades y jueces y un buen día en la madrugada, mediante un operativo con cientos de policías armados hasta los dientes, con perros de ataque que mordieron a hombres, mujeres y niños, las familias se vieron con todo y sus insignificantes pertenencias en la calle y acusados de invasores y hasta su valiente representante fue a dar a la cárcel (sólo como amago, pues nunca la acusaron ni la juzgaron por nada). Desde entonces y atenidos a la obligación constitucional del Estado de proporcionar a todos los mexicanos una vivienda digna –otra vez exigiendo el respeto a la ley- han estado plantados en Valle de Santiago y en Guanajuato reclamando un pedacito de patria para sus hijos. ¿Están mal estos mexicanos? ¿Reclaman privilegios absurdos?
    Y otro tema de la marcha fue el que ya conocemos bien los michoacanos: la instauración del Programa Escuelas de Tiempo Completo en tres escuelas primarias de la ciudad de Morelia. Los padres de familia, los maestros y los niños tienen ya tres meses de haber sido brutalmente golpeados por sicarios de la CNTE, permanecen tomando clases en la Plaza Melchor Ocampo frente al Palacio de Gobierno y no obtienen una respuesta favorable. El contubernio entre las autoridades del gobierno del estado y la mafia golpeadora de la CNTE es escandaloso, lo conocen y lo denuncian todos los sectores sociales y lo cuantifican en miles de millones de pesos. La cadena de complicidades es espeluznante. Por eso, a pesar de que el Programa Escuelas de Tiempo Completo es un programa que forma parte de los programas oficiales, funcionarios autoritarios y altaneros ni siquiera dan una respuesta.
    Sobre los problemas aquí reseñados, más otros que el espacio no permite detallar, han recaído compromisos expresos del Subsecretario de Gobernación Federal, Luis Enrique Miranda Nava y no se cumplen. ¿Quién defiende el derecho? ¿Quién lo transgrede? ¿Quién hace compromisos y no los cumple? Usted amable, lector, tiene la mejor respuesta. Nosotros, los antorchistas, que somos sólo una parte del gran torrente de humillados y agraviados que crece día a día en nuestro país, nos proponemos seguir luchando a brazo partido con la ley en la mano. El miércoles 27 de mayo, ahora en número de 100 mil mexicanos, regresaremos a Los Pinos reclamando sólo que el Estado mexicano cumpla sus promesas pero, sobre todo, que sólo cumpla la ley. ¿Gusta usted acompañarnos?