Gobierno de México se compromete a cumplir integralmente sentencia de la CIDH por el caso Ernestina Ascencio, afirma la Presidenta
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este miércoles que el Estado mexicano acatará en su totalidad los ordenamientos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl de 73 años que fue violada, torturada y asesinada en 2007 por elementos del Ejército.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, y al ser cuestionada sobre la reciente sentencia del tribunal internacional —que declara la responsabilidad del Estado mexicano en las graves violaciones a los derechos humanos de la víctima y sus familiares—, la mandataria subrayó el compromiso de su gobierno para dar cumplimiento a cada una de las medidas de reparación ordenadas.
“Vienen muy específicas las acciones que debe desarrollar el Estado mexicano, las vamos a cumplir”, aseguró Sheinbaum Pardo.
Contexto de violencia y abusos sistémicos
La presidenta ubicó el crimen dentro del marco de la llamada “guerra contra el narco”, impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), y lo señaló como parte de un patrón de abusos cometidos por fuerzas castrenses en ese periodo.
“Hay que recordarlo: los hechos —violación sexual y tortura que causaron la muerte de la mujer indígena— se dieron en el periodo del panista Calderón”, insistió, reforzando la narrativa oficial que vincula dicha administración con un incremento de la violencia institucional.
“Las acciones que debe desarrollar el Estado mexicano vienen muy específicas y las vamos a cumplir”.
Reparación integral para las víctimas y medidas estructurales
Sheinbaum detalló que las medidas ordenadas por la Corte Interamericana son amplias y abarcan desde la reparación del daño a las víctimas directas —en este caso, los hijos de Ernestina Ascencio— hasta la implementación de reformas de carácter general para prevenir la repetición de hechos similares.
“Fue una lamentable situación y lo que está recomendando la Corte lo vamos a cumplir. Hay varias recomendaciones que vienen ahí; se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas”, afirmó.
La sentencia de la CIDH, emitida tras un largo proceso, no solo busca justicia para el caso específico, sino que también ordena al Estado mexicano adoptar políticas públicas, capacitación a fuerzas armadas y reformas institucionales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y a prevenir la tortura y los abusos militares contra la población civil.
Con este anuncio, el gobierno actual reafirma su discurso de distanciamiento de las políticas de seguridad de administraciones anteriores y se coloca en una posición de aparente apertura a la supervisión internacional en materia de derechos humanos, al tiempo que enfrenta el reto de traducir este compromiso en acciones concretas y verificables.
#TomaNota
– El Estado debe cumplir reparaciones a familiares de la víctima
– Se ordenan reformas y capacitación a fuerzas armadas
– Aplica a políticas de derechos humanos a nivel nacional
– El cumplimiento será supervisado por un organismo internacional
