México es nueva amenaza a CIDH: Icaza
Washington DC, Estados Unidos., 17 agosto del 2016.- La nueva amenaza para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es México, con quien ha tenido varios desencuentros en los últimos años, consideró el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza.
“Pareciera que México es el nuevo Venezuela en términos de aproximación a la Comisión. No encuentro mucha diferencia en la sustancia (...) La posición sustantiva es la misma que la de Venezuela”, afirmó hoy en una entrevista en Washington tras dejar este lunes el liderazgo de la Comisión.
Álvarez Icaza terminó su mandato de cuatro años con un duro choque entre el Gobierno del País y la Comisión a raíz de las denuncias del ente sobre la crisis interna de derechos humanos que padece México y las críticas de su grupo de expertos a la investigación oficial del caso de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
“Cuando llegué (a la CIDH, en 2012), México era un gran aliado de la Comisión. Ahora empieza a jugar un rol de amenaza. Creería que no sólo ha cambiado con la Comisión, sino también con otros organismos de derechos humanos”, apuntó.
“También ha tenido desencuentros con relatores de la ONU, con Amnistía Internacional, con Human Rights Watch (HRW). México ha decidido cambiar cómo procesa a nivel internacional su crisis interna de derechos humanos”.
México tiene desde mayo un nuevo Embajador, Luis Alfonso De Alba, en la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que la CIDH es órgano autónomo, y quien ya ha presentado sus ideas de reforma de la Comisión y la propuesta de trasladar su sede de Washington a San José, en Costa Rica, donde está la CorteIDH.
“(Luis Alfonso) De Alba es muy capaz, sus cartas credenciales son muy altas, pero la narrativa y la visión que trae lo están constituyendo en una amenaza para la Comisión. El enfoque que trae es el que tenía Venezuela hace algunos años”, acusó Álvarez Icaza.
“La diferencia está en el tono, porque De Alba, con una amplia experiencia diplomática que incluye a las Naciones Unidas, es muy equilibrado, no descalifica y es muy fino en sus términos”, añadió.
Álvarez Icaza consideró que Venezuela ya no es tan agresiva con la Comisión porque pesa la ausencia del fallecido Presidente Hugo Chávez y porque la crisis del país es mucho peor ahora.
“La relación entre México y la Comisión cambió completamente cuando a principios de 2014 se debatió incluirlo en el capítulo IV del informe anual, en el que se señala a los países con una situación de derechos humanos más preocupante.
“Dimos la alternativa de hacer una visita al país en lugar de eso, como se hizo con Colombia, pero no les gustó nada el diagnóstico”, recordó.
Después llegó el caso Ayotzinapa, que elevó la tensión entre México y la Comisión.
Este año, México decidió no renovar el mandato del grupo de expertos independientes de la CIDH en el caso, después de que señalaran fallos graves en la investigación oficial.
“El mecanismo (de seguimiento) que se acordó después es robusto, pero todo depende de la voluntad de las autoridades mexicanas. Encontrarlos (a los estudiantes) es algo que sólo puede hacer el Gobierno”, señala.
Álvarez Icaza, que regresa esta misma semana a México para seguir trabajando en derechos humanos y democracia, considera que el Gobierno se equivoca en el diagnóstico.
“No hay una crisis de imagen, hay una crisis de derechos humanos”, subrayó.
Y ve irónica petición de Rousseff
Emilio Álvarez Icaza ve irónico que la Presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, acuda a la CIDH después de atacarla.
“Cuando llegué a la CIDH (2012), Brasil era uno de los países más fuertes atacando a la Comisión porque ésta había emitido una medida cautelar sobre la presa de Belo Monte, que era como el proyecto insignia de Rousseff.
“Es tan irónico que si a mí me hubieran dicho, ‘oye mira, en cuatro años, esta que es la mayor amenaza te va a pedir cautelares’, yo les hubiera dicho ‘ya no fumen esto que están fumando’”, dijo.
La semana pasada, el Partido de los Trabajadores (PT) presentó una denuncia y pidió medidas cautelares (protección) a la Comisión para frenar el proceso de destitución de Rousseff, algo sobre lo que el organismo aún no se ha pronunciado.
