México, en pañales en materia de transparencia
A miles de años luz se encuentra México en transparencia, en comparación con algunos países europeos, donde esa materia es ya práctica común que permite a los ciudadanos saber a ciencia cierta en qué gasta el gobierno sus impuestos e, inclusive, decidir en qué zonas de la ciudad desean vivir o qué hospitales cuentan con mejor atención.
Aquí en nuestro país, la discusión en materia de transparencia apenas está en la aduana de la rendición de cuentas que se exige a los gobiernos federal, estatal o municipal, o por ejemplo, en saber en qué se gastan los funcionarios públicos y diputados el presupuesto, cómo son aplicadas o destinadas las prerrogativas a los partidos políticos, cuál es el desglose de gastos del gobierno federal o cómo fue licitada la obra pública en tal o cual administración.
Sin embargo, muchos no saben que por medio de la transparencia podríamos también saber cuál es el resultado de las inspecciones sanitarias a restaurantes, en qué zonas de la ciudad es más seguro vivir o a cuánto ascienden los tiempos de espera en los hospitales, sólo por poner unos pocos ejemplos.
Todas estas respuestas las tendríamos si en México la Ley de Transparencia existente fuera eficientemente aplicada, ya que aunque debe reconocerse que el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables para avanzar en la construcción de una democracia sustantiva, estos accesos son esenciales para lograr un gobierno responsable y responsivo a las necesidades de la ciudadanía y de una sociedad interesada en participar activamente en los asuntos públicos que afectan su calidad de vida.
Por tanto, es urgente la necesidad de obtener información accesible, oportuna y confiable en posesión de los gobiernos en todos los ámbitos del quehacer cotidiano.
Es decir, los gobiernos transparentes deben documentar sus acciones y procesos de toma de decisión, pero también generar, sistematizar y manejar la información a la luz del escrutinio público como parte de una visión más amplia de construcción de confianza entre ellos y la sociedad.
Sin embargo, somos una sociedad joven, donde la transparencia es un derecho que poco se ejerce y se establece, pues las dependencias gubernamentales pocas son las veces que dan la información. Por tanto, es pertinente que en las distintas entidades del gobierno se establezcan mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión explícitos. Es decir, contar con organismos especializados e imparciales con autonomía operativa, de gestión presupuestaria y de decisión.
Apenas el 11 de septiembre pasado, la organización Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional emitieron un informe sobre los niveles de cumplimiento de la Convención de la OCDE, en el cual identificó a México en el grupo de países con niveles mínimos o nulos de cumplimiento, entre los 44 países analizados. La Convención contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales, o Convención OCDE contra la corrupción, como se le conoce más ampliamente, es el instrumento jurídico que permite a los países investigar y sancionar la corrupción de empresas multinacionales operando en el extranjero. México ratificó esta convención en 1999 y hasta la fecha no ha sancionado ningún caso de corrupción utilizando ese instrumento jurídico. Bajo esta Convención y su equivalente en los Estados Unidos, la Ley contra prácticas de corrupción en el extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), han sido investigados casos globales de corrupción de enorme relevancia política como el de Odebrecht.
El informe, dado a conocer en Berlín, revela que de los países analizados, la mitad (22) aprovechan la Convención OCDE para investigar casos de corrupción internacional. La otra mitad, donde se encuentra México y países como China, Colombia, India, Rusia, Singapur, Corea, España y Turquía, tienen niveles de cumplimiento bajos o nulos.
El informe también destaca lo que será el principal reto para la nueva administración federal: que la Fiscalía General que está por nacer tenga la independencia necesaria para investigar a funcionarios o empresas sin importar su nacionalidad o nivel de influencia política. La nueva Fiscalía General será la responsable de utilizar esta Convención para investigar y perseguir casos de corrupción trasnacional.
“Lo que distingue a un país bien evaluado en el cumplimiento de la Convención OCDE es el trabajo que realiza su Fiscalía y, por supuesto, que al final de la investigación, una sanción en firme sea aplicada por un juez. Sin embargo, a casi 20 años de la ratificación en el Senado de esta Convención, eso nunca ha ocurrido”, señaló Transparencia Mexicana.
