Ernesto Zedillo fue uno de los seis depredadores del Estado instalados en Los Pinos durante el régimen neoliberal y, al igual que los otros gerentes de la misma estirpe, se dedicó a entregar los bienes de la nación al gran capital. Si bien su sello sexenal fue el ilegal «rescate» de la banca, vía Fobaproa, este personaje que ahora intenta reivindicar la derecha autóctona fue más allá, siempre en contra de los intereses nacionales.
Días atrás, México SA citó un pasaje del análisis de la investigadora Carmen Silvia Zepeda Bustos ( Privatizaciones realizadas durante el gobierno de Ernesto Zedillo; UAM-Azcapotzalco, marzo-abril de 2012) que destaca lo siguiente: sólo en términos económicos, este personaje sangró las arcas nacionales, pues «entre 1995 y 2003 los rescates de la banca, carreteras, ingenios azucareros, proyectos financiados con Pidiregas y aerolíneas, entre otros, habían costado al erario 555 mil 332.3 millones de pesos (algo así como 70 mil millones de dólares al tipo de cambio de la época) sólo por el pago de intereses, equivalentes en ese momento al monto de las reservas internacionales del Banco de México».
Pero el análisis de Zepeda Bustos va más allá, no sin antes subrayar que “la política privatizadora de Ernesto Zedillo cruzó por diferentes actividades económicas, incluyendo a sectores considerados como áreas estratégicas para la seguridad del Estado, y cuya apertura al capital privado –tanto nacional como extranjero– no hizo si no colocar a éste en situación de vulnerabilidad frente a los poderes fácticos”.
En el detalle, la investigadora subraya que como parte del modelo del sexenio zedillista «fueron privatizados puertos, aeropuertos, concesiones mineras, ferrocarriles, satélites, producción de energía, exploración petrolera y el negocio del gas. Se concesionó también la prestación de servicios públicos como los sistemas de agua potable, de limpia, tratamiento de aguas residuales y la distribución de gas natural. Se permitieron los onerosos rescates de la banca, de las aerolíneas, de los ingenios azucareros y de las carreteras, entre otros, todos privatizados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari».
Y documenta algo por demás peligroso para la nación, por cortesía de Zedillo: el Acuerdo Desregulatorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitido en octubre de 1996 por los entonces secretarios de Relaciones Exteriores (José Ángel Gurría) y de Comercio y Fomento Industrial (Herminio Blanco) fue el punto de partida de 13 años de reformas legales que permitieron a ciudadanos de otros países tener propiedad sobre bienes patrimoniales antes considerados exclusivos para mexicanos”.
Ese acuerdo abrió la posibilidad para que personas físicas o morales extranjeras adquirieran bienes inmuebles en territorio nacional, obtuvieran concesiones para explotar minas y aguas o constituyeran fideicomisos fuera de la zona restringida del territorio nacional. Se determinó entonces que correspondía a la Secretaría de Relaciones Exteriores aplicar esa nueva norma a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos; la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial actuó en el mismo sentido, a través de su Unidad de Desregulación Económica.
A pesar de que el artículo 27 constitucional impedía a los extranjeros adquirir el dominio directo de tierras y aguas en una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas, zona conocida como restringida, «el gobierno de Ernesto Zedillo impulsó el uso y aprovechamiento de bienes inmuebles localizados fuera de esas áreas a los extranjeros que se constituyeran en un fideicomiso, bajo el Título Segundo de la Ley de Inversión Extranjera».
Adicional al Acuerdo Desregulatorio de 1996, el 2 de marzo de 1998 se promulgó el Acuerdo General que permitió «a los nacionales de aquellos países, con los que los Estados Unidos Mexicanos sostiene relaciones diplomáticas, beneficiarse de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 10-A de la Ley de Inversión Extranjera», norma que establecía que los extranjeros que pretendieran adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida sólo deberían presentar ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SRE una solicitud por escrito en la que convinieran sobre lo dispuesto por la Constitución.
Y es el mismo personaje que ahora habla de «atrocidades, felonías, tiranías, antipatrias, fragilidades y devastaciones».
LAS REBANADAS DEL PASTEL
Como se constata, el «salvador» de México resultó ser una joya, pero falta. En la siguiente entrega de México SA se abordarán otros aspectos que resultan muy ilustrativos.
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El ex presidente Ernesto Zedillo, invitado por la Asociación Internacional de Abogados, habló de «atrocidades, felonías, tiranías, antipatrias, fragilidades y devastaciones»
