El gobierno federal, a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ha puesto en la mira las desproporcionadas pensiones que reciben algunos exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
La secretaria Raquel Buenrostro anunció que se están evaluando acciones legales para reducir estos montos, que son considerados ofensivos y excesivos, llegando incluso a superar el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pensiones de Luz y Fuerza del Centro
Los datos revelados sobre las pensiones de LyFC son alarmantes. Se ha identificado a un exfucionario que recibe más de un millón de pesos mensuales, mientras que 33 personas más perciben una pensión superior a los 700 mil pesos cada mes.
El gasto anual en pensiones de esta entidad asciende a cerca de 14 mil millones de pesos, una cifra que es 40 veces más alta que el promedio de pensiones a nivel nacional.
Esta situación ha generado un debate sobre la equidad y el uso de los recursos públicos.
Pensiones de Pemex
En el caso de Pemex, la situación no es menos preocupante. Se ha descubierto que 15 exfuncionarios reciben pensiones que superan los 350 mil pesos mensuales.
Algunos de estos montos incluso sobrepasan lo que ganaban los exdirectores de la empresa, lo cual fue aprobado en su momento por el Consejo de Administración.
En promedio, estas pensiones de Pemex son 39 veces mayores al promedio nacional de aproximadamente 7 mil pesos. Este tipo de acuerdos privilegia a unos pocos a costa del erario público.
Posibles reformas constitucionales
Ante estos excesos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que su administración ya está analizando posibles reformas constitucionales que impidan este tipo de situaciones en el futuro.
El objetivo es establecer un marco legal que garantice pensiones justas y equitativas, evitando que se repitan estos casos que minan la confianza en las instituciones.
Estas acciones buscan poner orden en el sistema de pensiones del sector público y asegurar que los recursos se destinen de manera responsable.
La revisión de estas pensiones es un paso significativo en la agenda de combate a la corrupción y de austeridad republicana que ha impulsado el gobierno federal. Con la investigación en curso, se espera que se logren recuperar fondos y se establezcan mecanismos para evitar futuras irregularidades.
