Italia investiga a presuntos francotiradores que pagaron por matar en Sarajevo
La Fiscalía de Milán, encabezada por el fiscal Alessandro Gobbis, inició una investigación formal por presunto homicidio voluntario y crueldad. El caso surge tras una denuncia que señala la participación de ciudadanos italianos en supuestos “safaris de francotiradores” durante el sitio de Sarajevo entre 1992 y 1996.
El periodista Ezio Gavazzeni presentó una denuncia de 17 páginas con apoyo del exmagistrado Guido Salvini y de la exalcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic. La acusación sostiene que individuos, entre ellos empresarios, pagaron entre 80.000 y 100.000 euros para viajar a Bosnia y disparar a civiles desde la llamada “Avenida de los Francotiradores”. Los niños, según los testimonios, eran considerados “objetivos más caros”.
El caso se apoya en el documental Sarajevo Safari (2023), que recogió relatos sobre extranjeros adinerados que participaron en “cacerías humanas”. Además, un agente de inteligencia bosnio afirma que los servicios secretos italianos sabían de la presencia de al menos cinco italianos en las colinas de Sarajevo en 1993, y que podrían existir archivos clasificados al respecto.
“Queremos saber si italianos participaron en la caza de civiles en Sarajevo y por qué nadie lo investigó antes”, declaró Ezio Gavazzeni.
Otro testigo, el exbombero estadounidense John Jordan, relató en su declaración ante el Tribunal de La Haya haber visto “tiradores turísticos” con armas de caza, sin rango militar visible. También se vincula al oficial serbio Jovica Stanisic, condenado por crímenes de guerra, como presunto organizador de estos viajes encubiertos como excursiones de caza.
Gavazzeni busca que Italia reabra el caso, tras el archivo de la justicia bosnia y la negativa de Serbia a reconocer su existencia. El cónsul bosnio en Milán ha ofrecido la plena cooperación de su gobierno para esclarecer los hechos.
El proceso podría abrir un precedente judicial sobre la responsabilidad penal de ciudadanos europeos en crímenes de guerra cometidos fuera de su territorio, más de 30 años después del conflicto.
