Ciudad de México, Cimacnoticias, 22 de dic de 2024.- Desde el pasado 30 de septiembre de 2024, mujeres periodistas denunciaron a Miguel Ángel N, director editorial de Grupo Milenio de Guanajuato, por violencia laboral y psicológica en instancias internas, sin embargo, al día de hoy, sus quejas no han sido resueltas y tampoco se han brindado medidas cautelares en apoyo a las víctimas, en cambio, se han mostrado represalias contra ellas.
Ante la omisión de la empresa, cuatro mujeres periodistas -entre ellas dos ex empleadas que tuvieron que renunciar por la situaciòn de violencia que vivieron- elaboraron una denuncia colectiva en la Subsecretaría del Trabajo del Estado de Guanajuato, quien después de realizar las diligencias correspondientes, ya emitió un informe a la Secretaría Federal del Trabajo.
Las víctimas ya han recibido apoyo de la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo; a través de la titular del Instituto de Mujeres Guanajuatenses, Itzel Balderas, con apoyo legal y psicológico; así como de diferentes colectivos de mujeres feministas y periodistas. No obstante, por medio de un boletín de prensa, establecieron que es Grupo Milenio quien debe tomar acciones para poner fin al ciclo de violencia
Asimismo, ante la denuncia presentada, más mujeres se sumaron a las acusaciones contra Miguel Ángel N, por quien tuvieron que renunciar como única salida para frenar la situación. Por lo que, las mujeres denunciantes exigen:
1.- El retiro de Miguel Ángel N de su cargo actual para frenar el acoso y hostigamiento que ejerce en sus colaboradoras.
2.- Comenzar con las investigaciones correspondientes al interior de la empresa.
3.- Brindar medidas de reparación y no repetición a las víctimas.
4.- Generar protocolos al interior de Grupo Milenio en Guanajuato, para atender quejas y denuncias por acoso y violencia laboral con perspectiva de género.
LA VIOLENCIA HACIA MUJERES
PERIODISTAS
De acuerdo con Artículo 19, Guanajuato es la cuarta entidad federativa más peligrosa para ejercer el periodismo. Aunado a esto, la violencia de género del estado ha provocado que en septiembre de este año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) declaró una Alerta de Género.
“En Guanajuato como en México, las periodistas hemos escuchado de las nuevas autoridades federales y estatales decir “llegamos todas”. Para hacer efectiva una vida libre de violencia para todas las mujeres, es necesario reconocer y acatar desde el interior de los propios medios de comunicación los mandatos de ley que son vigentes, no solamente para las autoridades sino para todas las empresas y las sociedades en general.”
En México, son las mujeres periodistas las que están en constante peligro debido a diversos factores como su labor periodística en lugares donde hay altos índices de violencia; los temas de impunidad, injusticia y luchas que cubren; el componente de género en el que además de las agresiones hay violencia o tortura sexual por el hecho de ser mujeres; y los casos de muerte y acompañamiento a los familiares o víctimas generando un contacto directo.
De acuerdo con el documento Derechos Pendientes: informe sexenal sobre la libertad de expresión y derecho a la información de Artículo 19, la administración de Andrés Manuel López Obrador terminó con:
973 ocasiones de agresión contra las mujeres periodistas: 348 intimidaciones y hostigamiento, 163 amenazas, 95 uso ilegítimo del poder público, 121 bloqueos o alteraciones de contenido, 79 ataques físicos, 29 accesos ilícitos, 40 ataques a bienes materiales, 40 privaciones de la libertad, 17 allanamientos, 5 asesinatos, 12 desplazamientos, 14 remociones de contenido, 6 cuentas falsas, 1 ataque de denegación de servicio, y 2 torturas o tratos crueles inhumanos.
Registros del Programa de Libertad y Expresión de Género de la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) han contabilizado diferentes tipos de violencias ejercidas a mujeres periodistas en este mismo periodo, dentro de las que se encuentran:
170 bloqueos informativos, 144 amenazas, 142 intimidaciones, 142 desacreditaciones laborales o estigmatización, 110 agresiones físicas, 42 casos de hostigamiento, 29 casos de uso desproporcionado de la fuerza pública, 26 casos de acoso judicial, 25 detenciones arbitrarias, 20 vigilancias, 18 despidos injustificados, 17 despojos de material, 16 censuras, 14 hackeas, 13 allanamientos, 12 doxeos, 8 atentados, 8 alteraciones o remociones de contenido, 7 espionajes, 7 barreras de acceso a protección y justicia, 6 feminicidios.
Ante la omisión de la empresa, cuatro mujeres periodistas -entre ellas dos ex empleadas que tuvieron que renunciar por la situaciòn de violencia que vivieron- elaboraron una denuncia colectiva en la Subsecretaría del Trabajo del Estado de Guanajuato, quien después de realizar las diligencias correspondientes, ya emitió un informe a la Secretaría Federal del Trabajo.
Las víctimas ya han recibido apoyo de la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo; a través de la titular del Instituto de Mujeres Guanajuatenses, Itzel Balderas, con apoyo legal y psicológico; así como de diferentes colectivos de mujeres feministas y periodistas. No obstante, por medio de un boletín de prensa, establecieron que es Grupo Milenio quien debe tomar acciones para poner fin al ciclo de violencia
Asimismo, ante la denuncia presentada, más mujeres se sumaron a las acusaciones contra Miguel Ángel N, por quien tuvieron que renunciar como única salida para frenar la situación. Por lo que, las mujeres denunciantes exigen:
1.- El retiro de Miguel Ángel N de su cargo actual para frenar el acoso y hostigamiento que ejerce en sus colaboradoras.
2.- Comenzar con las investigaciones correspondientes al interior de la empresa.
3.- Brindar medidas de reparación y no repetición a las víctimas.
4.- Generar protocolos al interior de Grupo Milenio en Guanajuato, para atender quejas y denuncias por acoso y violencia laboral con perspectiva de género.
LA VIOLENCIA HACIA MUJERES
PERIODISTAS
De acuerdo con Artículo 19, Guanajuato es la cuarta entidad federativa más peligrosa para ejercer el periodismo. Aunado a esto, la violencia de género del estado ha provocado que en septiembre de este año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) declaró una Alerta de Género.
“En Guanajuato como en México, las periodistas hemos escuchado de las nuevas autoridades federales y estatales decir “llegamos todas”. Para hacer efectiva una vida libre de violencia para todas las mujeres, es necesario reconocer y acatar desde el interior de los propios medios de comunicación los mandatos de ley que son vigentes, no solamente para las autoridades sino para todas las empresas y las sociedades en general.”
En México, son las mujeres periodistas las que están en constante peligro debido a diversos factores como su labor periodística en lugares donde hay altos índices de violencia; los temas de impunidad, injusticia y luchas que cubren; el componente de género en el que además de las agresiones hay violencia o tortura sexual por el hecho de ser mujeres; y los casos de muerte y acompañamiento a los familiares o víctimas generando un contacto directo.
De acuerdo con el documento Derechos Pendientes: informe sexenal sobre la libertad de expresión y derecho a la información de Artículo 19, la administración de Andrés Manuel López Obrador terminó con:
973 ocasiones de agresión contra las mujeres periodistas: 348 intimidaciones y hostigamiento, 163 amenazas, 95 uso ilegítimo del poder público, 121 bloqueos o alteraciones de contenido, 79 ataques físicos, 29 accesos ilícitos, 40 ataques a bienes materiales, 40 privaciones de la libertad, 17 allanamientos, 5 asesinatos, 12 desplazamientos, 14 remociones de contenido, 6 cuentas falsas, 1 ataque de denegación de servicio, y 2 torturas o tratos crueles inhumanos.
Registros del Programa de Libertad y Expresión de Género de la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) han contabilizado diferentes tipos de violencias ejercidas a mujeres periodistas en este mismo periodo, dentro de las que se encuentran:
170 bloqueos informativos, 144 amenazas, 142 intimidaciones, 142 desacreditaciones laborales o estigmatización, 110 agresiones físicas, 42 casos de hostigamiento, 29 casos de uso desproporcionado de la fuerza pública, 26 casos de acoso judicial, 25 detenciones arbitrarias, 20 vigilancias, 18 despidos injustificados, 17 despojos de material, 16 censuras, 14 hackeas, 13 allanamientos, 12 doxeos, 8 atentados, 8 alteraciones o remociones de contenido, 7 espionajes, 7 barreras de acceso a protección y justicia, 6 feminicidios.
