Mudanzas

Matando, salando y secando al sol 

1.- los 5 minutos de fama del PRI con la denuncia contra “Andy” López. 

2.- El PRD califica de ciudadanos a presuntos delincuentes. 

3.- Audelino Macario: ni perseguido político ni amenazada su libertad de mentir. 


URGIDO DE REFLECTORES, EL PRI acudió el lunes a presentar una denuncia contra Andrés Manuel López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña. El dirigente estatal del otrora partidazo, Miguel Barrueta hizo toda una alharaca como si realmente le asistiera la razón. 

 

Esa es una de tantas denuncias presentadas contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador a quien le niegan méritos, lo tachan de chilango y sostienen que no representa nada; sin embargo, acuden a los órganos electorales a acusarlo. 

 

Afirman que los recorridos que realiza “Andy” López no es con fines partidistas sino proselitistas y consideran que el reparto del periódico Regeneración es propaganda. Esa denuncia no prosperará por la sencilla razón que no les asiste la razón. 

 

El exsecretario de Organización del CEN de Morena ni se presenta como aspirante ni, mucho menos, anda pidiendo el voto. Sus recorridos son parte de la labor partidista que realizan los militantes y cuadros del partido oficial y están catalogadas por el órgano electoral como actividades partidistas. 

 

Hace unas semanas, cuando el PRD acusó a otros actores políticos de Morena de actos anticipados de campaña, la consejera presidenta del IEPCT, Elizabeth Nava Gutiérrez, señaló que la entrega del periódico Regeneración de ningún modo puede ser interpretado como actividad proselitista.

 

Es simplemente hacer ruido, ganar cinco minutos de fama ante la urgencia de ser tomados en cuenta por la ciudadanía que desde hace tiempo les dio la espalda porque cuando estuvieron en el poder nunca vieron por su bienestar. 

 

EL DIRIGENTE DEL PRD, Rafael Acosta León, quedó como tonto al señalar que los disturbios ocurridos en domingo pasado en la comunidad Azucena, en los cuales una turba quemó patrullas de la Guardia Estatal, reflejaba el “hartazgo” de la ciudadanía contra los gobiernos de Morena.

 

Pero resulta que esa “ciudadanía” que participó en ese hecho violento eran en realidad, según las autoridades estatales, miembros de una célula delictiva que opera en ese municipio. Como ya explicaron las autoridades, los policías estatales acudieron a ese lugar en respuesta al llamado de una mujer que acusó a su pareja de violencia familiar. 

 

Cuando terminaron de entrevistar a la señora, varios sujetos comenzaron a azuzar a la gente para que se actuara en contra de los uniformados y quemara las patrullas. Los policías fueron retenidos y fue necesario el despliegue de una fuerza mayor para que pudieran salir del sitio. 

 

En esa zona opera una célula delictiva y los incidentes registrados días antes están relacionados con las actividades ilícitas que realizan, totalmente ajenas a la diligencia realizada por los policías estatales el domingo pasado. 

 

Eso pasado cuando le oposición acusa sin fundamento y los hechos la desmienten. No es la primera vez que le pasa al dirigente perredista, acusa de actos anticipados de campaña a figuras de Morena y resulta que el IEPCT lo sanciona porque a él sí le comprobaron actos anticipados de campaña al pedir que no voten por el partido en el gobierno fuera de los tiempos electorales. En ese caso pasa lo mismo. Llama ciudadanos a presuntos delincuentes. Por eso ya nadie les cree ni tantito. 

 

UN DÍA AUDELINO MACARIO DENUNCIA en un programa de radio supuestas irregularidades en el IFORTAB para favorecer las aspiraciones políticas de la titular de la SETAP, y al día siguiente acusa persecución política, recurre al mismo medio para afirmar, sin pruebas, que la Fiscalía General del Estado le fabrica un expediente para acusarlo penalmente por el delito de extorsión, con base a una denuncia ciudadana a la que le dio voz, según la explicación que dio el comunicador. 

 

Es la misma táctica usada por Lorena Beaurregard con el gobernador Javier May. Lo provoca para que le responda con un señalamiento, suficiente para ir a la fiscalía a denunciarlo penalmente. Al fin al cabo los dos son instrumentos del grupo al que pertenecen y cuyo jefe político está empeñado en hacerle la vida imposible al mandatario. 

 

Ni perseguido político ni atentado contra la libertad de expresión. El medio periodístico y la clase política conocen de sobra a Audelino Macario, su especialidad es la guerra sucia, que durante la época del PRI gobierno dirigió hacia la oposición verdadera, no la caricatura que ahora actúa en el escenario estatal.

 

Nadie se traga ese cuento, esa falsedad. La misma fiscalía se encargó de desmentirlo: no ha recibido ninguna denuncia por el supuesto delito del que se dice víctima. Hace mucho tiempo que Audelino Macario dejó de tener credibilidad. Es muy bueno para la maldad, sin duda alguna, por algo lo tienen bajo su nómina Humberto Mayans y Adán Augusto López Hernández. 

 

La supuesta estructura que opera en el INFORTAB se la atribuye a Patricia Iparrea. No podía ser de otro modo, pues es cercana al gobernador. Así le quiere dar credibilidad a sus dichos, pero como ya se sabe cómo opera, carece de relevancia. En el único espacio donde le dan revuelvo a todos sus embustes es la estación que traicionó el legado de su fundador por el interés económico y la complicidad política. Lamentable desde cualquier ángulo que se quiera ver. 

 

DESDE EL TAPANCO 

 

A partir del 1 de septiembre, el gobierno federal centralizará la consulta de cifras preliminares sobre homicidios dolosos y robo de vehículos a través de la página oficial del Gabinete de Seguridad, retirando esta información del portal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

 

Según el comunicado emitido este martes, la nueva plataforma publicará diariamente los reportes estadísticos de las 32 entidades federativas. El objetivo de este ajuste es ofrecer a los ciudadanos y a los medios de comunicación un acceso directo, unificado y permanente a los indicadores de ambos delitos.

 

Las autoridades federales aclararon que los datos presentados mantendrán un carácter estrictamente preliminar, ya que la clasificación jurídica definitiva de los hechos corresponde a las fiscalías y procuradurías generales de cada estado.

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