Ciudad de México, 28 de feb de 2025.- Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) corroboró este viernes que el envío de 29 capos del crimen organizado respondió a una petición por escrito, “con nombres y apellidos, de Estados Unidos y con base en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional”.
Además, confirmó que no se violó ninguna ley en México en términos de las suspensiones, pues se trató de una acción de seguridad nacional. Además, dijo que los integrantes del Poder Judicial han entorpecido la justicia por años al liberar a delincuentes. “Once años de que no podíamos sacar un procedimiento que lleva 45 días”, ejemplificó Gertz Manero.
“¿Se hará algo contra esos jueces?”, preguntó un reportero. “Se hará lo que se tenga que hacer”, respondió.
En su oportunidad, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal, reiteró que algunos jueces estaban listos para liberar a varios de los capos enviados a EU.
García Harfuch afirmó que los más beneficiados con el traslado de los 29 generadores de violencia somos los mexicanos. “Estas personas, como bien saben, cometían actos de amedrentamiento a autoridades, corrupción, homicidio, extorsión. Esa es la razón por la que se hizo, esa es la razón por la que se tomó esta decisión y, por supuesto, esto beneficia a los dos países, pero el más beneficiado es México”.
Teníamos información, agregó, “de ciertas posibles liberaciones, como en el caso de la detención que acaba de hacer el Ejército mexicano de José ‘N’, alias ‘El Güerito’, detenido la semana pasada, y esa es una de las razones también por la que se tomó [la decisión]”.
¿Esto significa entonces que México renuncia a la capacidad procesal al hacer justicia y tener que entregar a esas personas a Estados Unidos? —preguntó Romina Gándara, reportera de SinEmbargo al Secretario Harfuch.
“Todo lo contrario. Imagínese, como lo dijo el Fiscal, 11 años retrasando la justicia de tantas víctimas aquí en México… que asesinaron, que les cobraron extorsión, etcétera. Once años y, en el otro caso, 40 años y así todos. Esto es un acto de justicia, esto es un acto de autoridad del Gobierno de México y del Gabinete de Seguridad”, respondió García Harfuch.
Ante la insistencia de los reporteros, el Fiscal Gertz aclaró que el envío de los extraditados no solo se fundamentó en la Ley de Seguridad Nacional, sino también en el Artículo 89 de la Constitución. En su fracción VI, este artículo establece las facultades del titular del Ejecutivo para “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Asimismo, mencionó que se actuó con base en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que establece:
“Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:
I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;
II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;
III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;
IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;
VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;
VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia”.
HARFUCH AGRADECE A 3,500 ELEMENTOS
El Gobierno de México reveló este viernes más detalles sobre el operativo masivo que concluyó en la entrega de 29 narcotraficantes a EU. Omar García Harfuch calificó esta acción como un hecho sin precedentes.
Según el titular de Seguridad, el operativo involucró la participación de más de tres mil 500 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves.
En medio de cuestionamientos sobre la situación legal de los capos mexicanos, las autoridades mexicanas aclararon que no se trató de extradiciones formales, sino de expulsiones justificadas bajo el argumento de “motivos de seguridad nacional”.
Las autoridades reiteraron que la entrega de los capos no fue un proceso de extradición, sino que se trató de una solicitud realizada por Estados Unidos bajo el argumento de seguridad nacional. “No es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales”, explicó el Fiscal General Alejandro Gertz Manero.
Bajo un esquema de respeto a la soberanía y reciprocidad, se concretó el traslado de 29 criminales requeridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Algunos de ellos tenían órdenes de extradición pendientes desde hace 40 años, mientras que otros enfrentaban estos procesos desde hace 11 años.
Las autoridades mexicanas detallaron que estos criminales enfrentan investigaciones en Estados Unidos por delitos graves, entre ellos lavado de dinero, tráfico de armas, homicidio y otros crímenes de alto impacto. Asimismo, en territorio mexicano, se les acusa de perpetrar ataques contra autoridades y cometer actos de extrema violencia.
El operativo, coordinado por el Gabinete de Seguridad, contó con la participación de 3,512 elementos y 20 aeronaves pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.
Esta operación marcó la primera conferencia de prensa conjunta del sexenio entre los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), realizada en las instalaciones de la SSPC.
Según información del programa “Los Periodistas”, conducido por Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, el Gobierno de México identificó un riesgo inminente de que jueces liberaran a estos líderes criminales, lo que podría haber afectado las negociaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ello, el Gobierno federal concretó una extradición sin precedentes, no solo por el número de criminales, sino por la relevancia de estas figuras dentro de los cárteles de la droga.
Delgado y Páez también citaron fuentes oficiales que confirmaron lo señalado por Gertz Manero sobre los obstáculos impuestos por jueces mexicanos, quienes han retrasado la extradición de narcotraficantes y dificultado la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial.
Además, confirmó que no se violó ninguna ley en México en términos de las suspensiones, pues se trató de una acción de seguridad nacional. Además, dijo que los integrantes del Poder Judicial han entorpecido la justicia por años al liberar a delincuentes. “Once años de que no podíamos sacar un procedimiento que lleva 45 días”, ejemplificó Gertz Manero.
“¿Se hará algo contra esos jueces?”, preguntó un reportero. “Se hará lo que se tenga que hacer”, respondió.
En su oportunidad, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal, reiteró que algunos jueces estaban listos para liberar a varios de los capos enviados a EU.
García Harfuch afirmó que los más beneficiados con el traslado de los 29 generadores de violencia somos los mexicanos. “Estas personas, como bien saben, cometían actos de amedrentamiento a autoridades, corrupción, homicidio, extorsión. Esa es la razón por la que se hizo, esa es la razón por la que se tomó esta decisión y, por supuesto, esto beneficia a los dos países, pero el más beneficiado es México”.
Teníamos información, agregó, “de ciertas posibles liberaciones, como en el caso de la detención que acaba de hacer el Ejército mexicano de José ‘N’, alias ‘El Güerito’, detenido la semana pasada, y esa es una de las razones también por la que se tomó [la decisión]”.
¿Esto significa entonces que México renuncia a la capacidad procesal al hacer justicia y tener que entregar a esas personas a Estados Unidos? —preguntó Romina Gándara, reportera de SinEmbargo al Secretario Harfuch.
“Todo lo contrario. Imagínese, como lo dijo el Fiscal, 11 años retrasando la justicia de tantas víctimas aquí en México… que asesinaron, que les cobraron extorsión, etcétera. Once años y, en el otro caso, 40 años y así todos. Esto es un acto de justicia, esto es un acto de autoridad del Gobierno de México y del Gabinete de Seguridad”, respondió García Harfuch.
Ante la insistencia de los reporteros, el Fiscal Gertz aclaró que el envío de los extraditados no solo se fundamentó en la Ley de Seguridad Nacional, sino también en el Artículo 89 de la Constitución. En su fracción VI, este artículo establece las facultades del titular del Ejecutivo para “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Asimismo, mencionó que se actuó con base en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que establece:
“Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:
I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;
II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;
III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;
IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;
VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;
VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia”.
HARFUCH AGRADECE A 3,500 ELEMENTOS
El Gobierno de México reveló este viernes más detalles sobre el operativo masivo que concluyó en la entrega de 29 narcotraficantes a EU. Omar García Harfuch calificó esta acción como un hecho sin precedentes.
Según el titular de Seguridad, el operativo involucró la participación de más de tres mil 500 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves.
En medio de cuestionamientos sobre la situación legal de los capos mexicanos, las autoridades mexicanas aclararon que no se trató de extradiciones formales, sino de expulsiones justificadas bajo el argumento de “motivos de seguridad nacional”.
Las autoridades reiteraron que la entrega de los capos no fue un proceso de extradición, sino que se trató de una solicitud realizada por Estados Unidos bajo el argumento de seguridad nacional. “No es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales”, explicó el Fiscal General Alejandro Gertz Manero.
Bajo un esquema de respeto a la soberanía y reciprocidad, se concretó el traslado de 29 criminales requeridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Algunos de ellos tenían órdenes de extradición pendientes desde hace 40 años, mientras que otros enfrentaban estos procesos desde hace 11 años.
Las autoridades mexicanas detallaron que estos criminales enfrentan investigaciones en Estados Unidos por delitos graves, entre ellos lavado de dinero, tráfico de armas, homicidio y otros crímenes de alto impacto. Asimismo, en territorio mexicano, se les acusa de perpetrar ataques contra autoridades y cometer actos de extrema violencia.
El operativo, coordinado por el Gabinete de Seguridad, contó con la participación de 3,512 elementos y 20 aeronaves pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.
Esta operación marcó la primera conferencia de prensa conjunta del sexenio entre los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), realizada en las instalaciones de la SSPC.
Según información del programa “Los Periodistas”, conducido por Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela, el Gobierno de México identificó un riesgo inminente de que jueces liberaran a estos líderes criminales, lo que podría haber afectado las negociaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ello, el Gobierno federal concretó una extradición sin precedentes, no solo por el número de criminales, sino por la relevancia de estas figuras dentro de los cárteles de la droga.
Delgado y Páez también citaron fuentes oficiales que confirmaron lo señalado por Gertz Manero sobre los obstáculos impuestos por jueces mexicanos, quienes han retrasado la extradición de narcotraficantes y dificultado la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial.
