Juan José Martínez señaló que no sólo hay “un desfase tan severo de nuestros ordenamientos legales en materia de planeación y fiscalización presupuestaria, en comparación con los que están vigentes en el ámbito de la Federación y en otros estados (Foto: Joel Arias).
VILLAHERMOSA, TABASCO, 12 DE DICIEMBRE DE 2010.- A pesar del entorno de pobreza, recesión y falta de competitividad, el presupuesto estatal “se sigue utilizando bajo un enfoque asistencialista, dirigido a paliar el efecto de contingencias naturales, centrado en el gasto corriente y en el pago de compromisos financieros, en vez de destinarse al gasto de inversión y a la creación de infraestructura para reactivar y dinamizar nuestra economía”, afirmó el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Juan José Martínez Pérez.
La bancada perredista rechazó las cifras y la estructura de programas que contiene el proyecto enviado por el Ejecutivo, porque no admite modificaciones ni evaluaciones de fondo para juzgar la eficacia social de la aplicación del gasto público anual.
Martínez Pérez, advirtió sobre la pérdida de sustancia democrática del proceso de formulación, ejecución, control y fiscalización de la hacienda pública estatal, y sobre la ausencia de una efectiva capacidad de evaluación sobre los resultados de las acciones y programas de gobierno en términos de mejoría del bienestar social.
Señaló que no sólo hay “un desfase tan severo de nuestros ordenamientos legales en materia de planeación y fiscalización presupuestaria, en comparación con los que están vigentes en el ámbito de la Federación y en otros estados, sino también cuando vemos la distancia entre la letra que dispone el estado de derecho en nuestra entidad y la real observancia de la ley.”
Hay una separación entre las facultades del Legislativo y el reconocimiento político de sus atribuciones para modificar el proyecto de Presupuesto remitido por el Ejecutivo, “que mucho se liga con la tradición autoritaria de los gobiernos de partido dominante en el sureste del país, en aquellos en donde se ha impedido la alternancia en el poder”, agregó el legislador.
Al fijar el posicionamiento de su fracción parlamentaria, estimó que el Congreso sí puede introducir cambios de manera racional y objetiva a los montos y objetivos del Presupuesto, “en los hechos se le tiende a negar no sólo por falta de cultura política, sino también por temor a la supervisión del Legislativo y de comprensión al sentido moderno de los principios de corresponsabilidad y colaboración entre Poderes que son necesarios para un efectivo funcionamiento democrático del Estado constitucional.”
Recordó que desde el 2006, rige la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la cual establece los principios y mecanismos modernos que tienden a asegurar una mayor eficacia, eficiencia, racionalidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público.
Dijo que si se compara ese marco jurídico con la legislación presupuestaria y contable de Tabasco “se detecta el enorme rezago en el control democrático de la Hacienda Pública local, ya que en nuestra entidad no se aplican los principios de la responsabilidad hacendaria en virtud de la opacidad en el ejercicio, comprobación y sanción de los presuntos desvíos e incumplimientos, y por la falta de instrumentación de un sistema de evaluación del desempeño que juzgue efectivamente el alcance y eficacia social del gasto público.”
Destacó que mientras que la legislación federal reúne en un solo cuerpo todas las disposiciones en materia de responsabilidad presupuestal y financiera, y sienta las bases de una efectiva evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, en contraste, en nuestra entidad, la Ley de Planeación y la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que datan de los años 1983 y 2000, respectivamente, ni por asomo consideran en sus textos normativos los modernos principios presupuestarios.
“Mucho menos en la Ley de Fiscalización Superior del Estado se considera como entes fiscalizables a los fideicomisos públicos, como sí está previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, fideicomisos que, por cierto, se encuentran en la mesa de debate actual en virtud de la renuencia política para abrir su administración a la supervisión, como es el caso del Fondo Empresarial de Tabasco”.
En su intervención, Martínez Pérez subrayó “la incongruencia y el rezago” del marco normativo, y se pronunció a favor de acordar una agenda de reformas de fondo a la legislación en materia presupuestaria, financiera y contable que tienda hacia los principios modernos de la evaluación del gasto, la responsabilidad hacendaria, la eficacia social del presupuesto y una efectiva rendición de cuentas, que acepte la voz de la sociedad y la academia del estado.
Por último, exigió al gobierno granierista “que cumpla sin cortapisas con un ejercicio honesto, eficaz, eficiente y transparente del gasto público, que se refleje en una efectiva mejoría de las condiciones de vida de la población, que abata la pobreza, la falta de certidumbre y que honre con resultados los recursos que la Federación transfiere con responsabilidad hacia la Hacienda Pública local.”
NO ES PRESUPUESTO, SINO CATÁLOGO QUE VIOLA LA LEY: PERALTA
Por su parte, el diputado del PRD, Juan José Peralta Fócil, reiteró que el proyecto presentado por el gobernador Andrés Granier es un “cátalogo de rubros” que viola el artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, pues señala que el presupuesto debe explicarse a nivel de programa, con objetivos y metas muy claras.
Y como hoy es un día de fiesta nacional por la celabración del 12 de diciembre, y en afán de tomar acuerdos, retó a los diputados del PRI a que si le demostraban en qué se van a gastar los 405 millones de pesos destinado a la obra pública en el estado en el 2011 él votaría a favor del dictamen.
“Si alguno de ellos pudiera decirnos, no a mí, sino a los tabasqueños qué obra pública se va a hacer en sus municipios con el Presupuesto de Egresos que hoy se pretende aprobar. Lo mínimo que tenemos que saber qué es lo que estamos aprobando, cómo se va a orientar el recurso público”, planteó.
También le preguntó al presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña, que si él sabía en qué se va a gastar el Instituto de Desarrollo Social, a cargo de José del Carmen Escayola Camacho, los 335 millones de pesos que se le autorizaron en el presupuesto.
Que nos digan cuáles son las metas, los programas, porque en Tabasco, con datos oficiales del INEGI hay más de un millón de tabasqueños que viven en la pobreza y la política social es precisamente para combatirla, expuso.
Apuntó que mientras el PRI argumenta que ha sido su compromiso impulsar la política social en el estado, pero resulta que en el presupuesto del próximo año sólo el uno por ciento se destinará a ese rubro, “no sé en dónde está el compromiso”.
También cuestionó que no se le haya otorgado un solo peso para el Fondo Estatal de Desastres Naturales, “y mañana van a decir: no tenemos para el paripassu. Otra vez, por falta de previsión, si se aprueba de manera irresponsable este presupuesto, pondremos en aprietos al pueblo de Tabasco”.
Le dio un minuto a los diputados del PRI para que le demostraran con cifras y montos en qué se gastará el presupuesto en obra pública y desarrollo social. Nadie subió a la tribuna a dar esa información.
La bancada perredista rechazó las cifras y la estructura de programas que contiene el proyecto enviado por el Ejecutivo, porque no admite modificaciones ni evaluaciones de fondo para juzgar la eficacia social de la aplicación del gasto público anual.
Martínez Pérez, advirtió sobre la pérdida de sustancia democrática del proceso de formulación, ejecución, control y fiscalización de la hacienda pública estatal, y sobre la ausencia de una efectiva capacidad de evaluación sobre los resultados de las acciones y programas de gobierno en términos de mejoría del bienestar social.
Señaló que no sólo hay “un desfase tan severo de nuestros ordenamientos legales en materia de planeación y fiscalización presupuestaria, en comparación con los que están vigentes en el ámbito de la Federación y en otros estados, sino también cuando vemos la distancia entre la letra que dispone el estado de derecho en nuestra entidad y la real observancia de la ley.”
Hay una separación entre las facultades del Legislativo y el reconocimiento político de sus atribuciones para modificar el proyecto de Presupuesto remitido por el Ejecutivo, “que mucho se liga con la tradición autoritaria de los gobiernos de partido dominante en el sureste del país, en aquellos en donde se ha impedido la alternancia en el poder”, agregó el legislador.
Al fijar el posicionamiento de su fracción parlamentaria, estimó que el Congreso sí puede introducir cambios de manera racional y objetiva a los montos y objetivos del Presupuesto, “en los hechos se le tiende a negar no sólo por falta de cultura política, sino también por temor a la supervisión del Legislativo y de comprensión al sentido moderno de los principios de corresponsabilidad y colaboración entre Poderes que son necesarios para un efectivo funcionamiento democrático del Estado constitucional.”
Recordó que desde el 2006, rige la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la cual establece los principios y mecanismos modernos que tienden a asegurar una mayor eficacia, eficiencia, racionalidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público.
Dijo que si se compara ese marco jurídico con la legislación presupuestaria y contable de Tabasco “se detecta el enorme rezago en el control democrático de la Hacienda Pública local, ya que en nuestra entidad no se aplican los principios de la responsabilidad hacendaria en virtud de la opacidad en el ejercicio, comprobación y sanción de los presuntos desvíos e incumplimientos, y por la falta de instrumentación de un sistema de evaluación del desempeño que juzgue efectivamente el alcance y eficacia social del gasto público.”
Destacó que mientras que la legislación federal reúne en un solo cuerpo todas las disposiciones en materia de responsabilidad presupuestal y financiera, y sienta las bases de una efectiva evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, en contraste, en nuestra entidad, la Ley de Planeación y la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que datan de los años 1983 y 2000, respectivamente, ni por asomo consideran en sus textos normativos los modernos principios presupuestarios.
“Mucho menos en la Ley de Fiscalización Superior del Estado se considera como entes fiscalizables a los fideicomisos públicos, como sí está previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, fideicomisos que, por cierto, se encuentran en la mesa de debate actual en virtud de la renuencia política para abrir su administración a la supervisión, como es el caso del Fondo Empresarial de Tabasco”.
En su intervención, Martínez Pérez subrayó “la incongruencia y el rezago” del marco normativo, y se pronunció a favor de acordar una agenda de reformas de fondo a la legislación en materia presupuestaria, financiera y contable que tienda hacia los principios modernos de la evaluación del gasto, la responsabilidad hacendaria, la eficacia social del presupuesto y una efectiva rendición de cuentas, que acepte la voz de la sociedad y la academia del estado.
Por último, exigió al gobierno granierista “que cumpla sin cortapisas con un ejercicio honesto, eficaz, eficiente y transparente del gasto público, que se refleje en una efectiva mejoría de las condiciones de vida de la población, que abata la pobreza, la falta de certidumbre y que honre con resultados los recursos que la Federación transfiere con responsabilidad hacia la Hacienda Pública local.”
NO ES PRESUPUESTO, SINO CATÁLOGO QUE VIOLA LA LEY: PERALTA
Por su parte, el diputado del PRD, Juan José Peralta Fócil, reiteró que el proyecto presentado por el gobernador Andrés Granier es un “cátalogo de rubros” que viola el artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, pues señala que el presupuesto debe explicarse a nivel de programa, con objetivos y metas muy claras.
Y como hoy es un día de fiesta nacional por la celabración del 12 de diciembre, y en afán de tomar acuerdos, retó a los diputados del PRI a que si le demostraban en qué se van a gastar los 405 millones de pesos destinado a la obra pública en el estado en el 2011 él votaría a favor del dictamen.
“Si alguno de ellos pudiera decirnos, no a mí, sino a los tabasqueños qué obra pública se va a hacer en sus municipios con el Presupuesto de Egresos que hoy se pretende aprobar. Lo mínimo que tenemos que saber qué es lo que estamos aprobando, cómo se va a orientar el recurso público”, planteó.
También le preguntó al presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña, que si él sabía en qué se va a gastar el Instituto de Desarrollo Social, a cargo de José del Carmen Escayola Camacho, los 335 millones de pesos que se le autorizaron en el presupuesto.
Que nos digan cuáles son las metas, los programas, porque en Tabasco, con datos oficiales del INEGI hay más de un millón de tabasqueños que viven en la pobreza y la política social es precisamente para combatirla, expuso.
Apuntó que mientras el PRI argumenta que ha sido su compromiso impulsar la política social en el estado, pero resulta que en el presupuesto del próximo año sólo el uno por ciento se destinará a ese rubro, “no sé en dónde está el compromiso”.
También cuestionó que no se le haya otorgado un solo peso para el Fondo Estatal de Desastres Naturales, “y mañana van a decir: no tenemos para el paripassu. Otra vez, por falta de previsión, si se aprueba de manera irresponsable este presupuesto, pondremos en aprietos al pueblo de Tabasco”.
Le dio un minuto a los diputados del PRI para que le demostraran con cifras y montos en qué se gastará el presupuesto en obra pública y desarrollo social. Nadie subió a la tribuna a dar esa información.
