“No funcionará la treta” de Peña de proteger a Granier

MÉXICO, D.F. 3 de junio de 2013 (apro).- El presidente del consejo ejecutivo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, acusó al presidente Enrique Peña Nieto de tender un puente de impunidad al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo.
    En su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial aseguró que Peña Nieto le pidió al procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que procure la impunidad de Granier Melo, quien se negó a comparecer ante el Ministerio Público el pasado 30 de mayo porque, según su abogado, no estaba “legalmente citado”.
    De acuerdo con López Obrador, el Ejecutivo también instruyó al presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, a deslindarse del caso que implica al exmandatario como responsable del desfalco financiero de Tabasco y el hallazgo de 88.5 millones de pesos en una propiedad.
     “@lopezobrador_: EPN mandó a Camacho del PRI a deslindarse de Granier, pero ha instruido a Murillo Karam que procure su impunidad. No funcionará la treta” (sic), escribió el exjefe de Gobierno del Distrito Federal.
    En su edición 1908 del pasado 26 de mayo, la revista Proceso publicó una nota titulada “Tabasco, la trama del saqueo”, en la que da cuenta de cómo Ganier aprovechó la solidaridad por las inundaciones de 2007 para socorrer sus propios bolsillos y los de sus socios.
    La incautación de casi 90 millones de pesos en efectivo por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dice la nota, sólo jaló un hilo de la trama del exgobernador Andrés Rafael Granier Melo y su exsecretario de Finanzas, José Manuel Saiz Pineda, para saquear las arcas del estado… una ingeniería corrupta de la que Proceso dio cuenta en diversos reportajes (ediciones 1891, 1887 y 1884).
    De acuerdo con la PGJE, dos hombres son clave para armar el expediente que lleve a la cárcel al exmandatario y principales saqueadores. Se trata de Martín Alberto Medina Sonda y Abraham Cupil Córdova. El primero, un empresario yucateco que es socio y operador financiero de los negocios de Saiz Pineda; el segundo, padre de Marlis Cupil López, secretaria del mismo exfuncionario.
    El dinero –88 millones 560 mil 134 pesos– fue hallado en una casa de dos plantas donde está la refaccionaria Jomeli, en la calle Mario Trujillo García número 225, ejido Lomitas del municipio de Nacajuca, unos 15 kilómetros al norte de Tabasco. Lo guardaban en cinco cajas de cartón.
    El inmueble es propiedad de Abraham Cupil Córdova, padre de Marlis Cupil López, secretaria de Saiz Pineda en la firma Patrimonium Asesores Fiscales (SCP). Este despacho, del que es socio Medina Sonda, se ubica en la calle Andrés Sánchez Magallanes 1113, del centro de Villahermosa. Al catearlo, la PGJE halló “abundantes” documentos contables del gobierno de Granier Melo.
    La refaccionaria es propiedad de Abraham Cupil López, hermano de Marlis e hijo de don Abraham Cupil, conocido en la comunidad como vendedor de agua de garrafón.
    La dirección de la refaccionaria Jomeli es la misma que proporcionó Cupil Córdova para adquirir la empresa Suministros del Carmen, SA de CV, que en abril de 2008 compró 160 hectáreas a 500 mil pesos cada una e inmediatamente la revendió al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) a un millón 400 mil pesos la hectárea, con lo que ganó más de 140 millones de pesos.
    El entonces diputado federal del PRD y ahora senador Adán Augusto López Hernández denunció estos hechos en octubre de 2008 y presentó una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).
    Al legislador le pareció inexplicable que Cupil Córdova, “humilde vendedor de agua”, y José Alberto de la Rosa Santamaría, dependiente de una tienda, compraran Suministros del Carmen y, de inmediato, invirtieran cerca de 100 millones para comprar los terrenos que revendieron al Invitab, con una ganancia de 900 mil pesos por hectárea.
    Suministros del Carmen, fundada en 1997 en Campeche, estaba quebrada. Su capital contable era de apenas 250 mil pesos y ya no podía pagar sus deudas.
    Tras la histórica inundación de finales de 2007, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que entregara 350 millones de pesos al gobierno de Andrés Granier para la compra de terrenos y la construcción de 2 mil 500 viviendas para los damnificados.
    Esta información privilegiada fue aprovechada por Saiz Pineda para operar el negocio a través de su socio Martín Medina Sonda, quien mediante su empresa Triton Holding, SA de CV le dio a Suministros del Carmen el dinero necesario para comprar los terrenos.
    El diputado López Hernández presentó demanda contra Saiz Pineda y quienes encabezaban la Secretaría Asentamientos y Obras Públicas, Héctor López Peralta; la Contraloría, Roger Pérez Evóli, y el Invitab, Ariel Cetina Bertruy. Los acusó de evasión fiscal, ejercicio abusivo de funciones, fraude, lavado de dinero y tráfico de influencias.
    También señaló formalmente a Abraham Cupil Córdova y José Alberto de la Rosa Santamaría, los “dueños” de Suministros del Carmen, empresa en la que también figura como socio Antonio Espinosa de los Monteros.
    Éste, amigo y protegido de Granier, le rentaba camionetas blindadas al gobierno estatal, distribuía despensas a través de su Abarrotera Monterrey y combustibles en su consorcio gasolinero Lemon, con más de 15 estaciones de servicio en la entidad. De los Monteros posee otros negocios, como el lujoso gimnasio Sport City de Villahermosa, que será demolido tras un largo litigio judicial por el uso del suelo.
    Pero la demanda del legislador perredista fue congelada por la PGR y no se supo en qué quedaron las investigaciones.