Nueve meses de un secuestro político

Homero Aguirre Enríquez
Vocero nacional del Movimiento Antorchista

Hace nueve meses, el 6 de octubre del 2013, don Manuel Serrano Vallejo se dirigía a su trabajo, un modesto puesto de periódicos que todo los días colocaba muy temprano en una calle del municipio mexiquense de Tultitlán. Pero nunca llegó, un grupo se llevó secuestrado a este pacífico hombre de casi ochenta años de edad que, desde entonces, no ha vuelto a reunirse con sus seres queridos.

    Todo secuestro es un crimen espantoso: es un ataque brutal a la libertad del individuo -una de las cosas más amadas por cualquier ser humano-, a su seguridad, intimidad y a los lazos afectivos que la gente forja durante toda su vida y que de pronto se ven afectados sin ningún escrúpulo; es también una tortura contra los familiares, amigos y conocidos de la víctima, que padecen el tormento cruel de la incertidumbre sobre el paradero y el estado físico y emocional del plagiado, algo que deja huellas profundas y permanentes en cualquier persona normal.
    Pero por cruel que sea el secuestro, quienes lo perpetran siempre buscan algo que puedan intercambiar por la persona que tienen en su poder; la mayoría de las veces buscan dinero fácil y lo más cuantioso posible, y para lograr su propósito se sabe que en los grandes golpes los delincuentes estudian a su futura víctima, los bienes que posee, sus ingresos familiares, su nivel de vida, los viajes que hace y cuánto gasta, si tiene cuentas bancarias y el monto de las mismas, etc., toda una investigación que les permita reclamar una suma cuantiosa, que ellos saben que sí tiene en su poder el secuestrado y su familia; pero también existe el secuestro político, el que no busca dinero sino que una persona o grupo social se comporte en el sentido que los secuestradores desean, a cambio de devolverles al rehén. Por desgracia, por muy vil e inverosímil que parezca este método de influir en la sociedad, también existe el secuestro por razones políticas.
    Desde el principio dijimos que el secuestro de don Manuel no era por dinero, que saltaba a la vista que ni él ni su familia poseen grandes propiedades o sumas de dinero, que su vida modesta era de sobra conocida en el lugar donde ha vivido toda su vida. El paso de los días demostró que esto era cierto: las veces que los secuestradores se comunicaron mostraron una conducta atípicamente desinteresada por el tema monetario, algo inusitado si fuera una banda que delinque para obtener dinero.
    Y lo único que no ha sido desmentido por el paso de los meses, es el contexto en que se dio el secuestro, pleno de amenazas y agresiones contra la Lic. Maricela Serrano, hija mayor de don Manuel, presidenta municipal de Ixtapaluca y una de las líderes sociales antorchistas más efectivas y exitosas en la resolución de problemas de cientos de miles de personas pobres. Ahí sigue el dedo acusador de mucha gente, señalando que las autoridades deben investigar las amenazas de muerte que recibió la compañera Maricela antes del secuestro de su padre; los cadáveres de desconocidos, que eran arrojados con cartulinas amenazantes en las inmediaciones de las colonias populares que ella lidera en el oriente mexiquense; las coronas fúnebres que amanecían a la puerta de aquellos a los que se quería amenazar de muerte, para que se alejaran del antorchismo; los disparos lanzados contra un cercano colaborador de Maricela en la presidencia municipal, uno de los cuales lo hirió a escasos centímetros de la columna vertebral; las palabras del ex procurador mexiquense, intimando a Maricela para que, “si no quería poner en peligro a su padre”, prácticamente saliera a pedir perdón públicamente por señalar que en el secuestro de don Manuel había un componente político; la millonaria campaña, lanzada al mismo tiempo que el secuestro, para denostar al Movimiento Antorchista en anuncios espectaculares anónimos, colocados en varias partes del país y algunos resguardados por patrullas oficiales; los allanamientos de varios de nuestros domicilios; los crímenes contra choferes antorchistas, seis de los cuales murieron ahorcados o balaceados; y contrastando con todo esto, el silencio casi sepulcral de los grandes medios de comunicación que, aunque les fuimos a tocar las puertas para que dieran a conocer el secuestro y cada una de las agresiones que le sirvieron de contexto, jamás le han dedicado ni siquiera una mención que permita que se enteren las grandes audiencias, las que sí reciben verdaderos bombardeos “informativos” con las versiones de alguno de los protagonistas en los conflictos sociales, siempre y cuando ocurran en otros países.
    La opinión pública sabe que en los grandes noticieros jamás ha aparecido ninguna nota, grande o pequeña, sobre el secuestro de don Manuel Serrano, alguna declaración de sus familiares o algún comentario sobre este tema, aunque fuera tangencial, de los “líderes de opinión”.
    Pero el objetivo intimidatorio que se busca con toda esta cadena de atrocidades no se ha logrado: al contrario, después de nueve meses, el reclamo de que aparezca don Manuel Serrano está más vivo que nunca y la indignación por la falta de resultados de la investigación crece día con día no sólo entre las filas antorchistas.
    De manera espontánea y desinteresada, cientos de miles de personas de todo el país y de todos los estratos sociales y filiaciones políticas apoyan la campaña #AyúdanosAEncontrarlo, que es al mismo tiempo un llamado a la solidaridad de los mexicanos y una denuncia contra la inacción oficial.
    Lo hacen mediante firmas en cartas abiertas publicadas en periódicos, recolección de millones de firmas por todo el territorio nacional, para pedir al Presidente de la República su intervención en este grave asunto, y publicación de fotografías en las redes sociales, en donde abiertamente, con el rostro limpio y sincero de quien apoya una causa humana para liberar a una víctima de secuestro y evitar que otras personas padezcan este martirio, le piden a las autoridades que encuentren a don Manuel.
    Y pienso que es momento que den resultados los responsables de la procuración de justicia en el Estado de México y en el país.
    Muchos mexicanos apoyan con todo entusiasmo y bondad; estoy seguro que si alguien sabe algo sobre el paradero de don Manuel Serrano lo va a comunicar de inmediato, pero las procuradurías, y en general el Estado mexicano, son los que tienen la obligación legal, los recursos y la experiencia para encontrarlo y devolverlo a su familia.
    Deben hacer más, mucho más que ofrecer recompensas irrisorias para quien proporcione informes del plagiado; así lo exige la justicia elemental y la salud política del país, pues millones de mexicanos ven en el secuestro de don Manuel una amenaza potencial para la libertad y la tranquilidad de todos.