Obligación del Estado resarcir daños a particulares
Lo hará el gobierno del estado, los poderes Legislativo y Judicial, los 17 ayuntamientos y organismos autónomos
- Planteó el gobernador en la iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus municipios, la cual fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso para su análisis y dictaminación
VILLAHERMOSA, TABASCO. El gobierno de Tabasco, los poderes Legislativo y Judicial, los 17 ayuntamientos y organismos autónomos deberán contar con partidas presupuestales para indemnizar a los ciudadanos que resulten afectados por las autoridades, planteó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos en su iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus municipios, la cual ya fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.
A esa iniciativa el Congreso local le dio formalmente entrada en la primera sesión de este miércoles y busca regular los casos en que los ciudadanos sean víctimas de los gobiernos, para que sean compensados económicamente.
La ley además aplicará para los poderes Legislativo y Judicial y organismos autónomos.
En su exposición de motivos el mandatario estatal señala que la Ley estatal de Justicia Administrativa es insuficiente debido a que no regula los procedimientos que deben seguir las personas para que les reparen económicamente los daños, pues solo modifica o anula las resoluciones de los actos de autoridad, pero no contempla el derecho a la indemnización.
“Con la presente iniciativa se propone reglamentar y cumplir las disposiciones constitucionales citadas a fin de que en nuestra entidad se pueda regular la responsabilidad patrimonial del estado, previendo la obligación de responder por los daños y perjuicios ocasionados por la actividad administrativa irregular, realizando los ajustes presupuestarios necesarios para el pago de la indemnización correspondiente”, indica Merino Campos en la iniciativa.
Manifiesta que es “inaplazable” la expedición de la nueva ley, en donde “se reconozca la obligación del estado de resarcir los daños y perjuicios comprobados que causen a los particulares”.
Se señala que la nueva ley ayudará a combatir la corrupción y a mejorar la gestión pública gubernamental.
VILLAHERMOSA, TABASCO. El gobierno de Tabasco, los poderes Legislativo y Judicial, los 17 ayuntamientos y organismos autónomos deberán contar con partidas presupuestales para indemnizar a los ciudadanos que resulten afectados por las autoridades, planteó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos en su iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus municipios, la cual ya fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.
A esa iniciativa el Congreso local le dio formalmente entrada en la primera sesión de este miércoles y busca regular los casos en que los ciudadanos sean víctimas de los gobiernos, para que sean compensados económicamente.
La ley además aplicará para los poderes Legislativo y Judicial y organismos autónomos.
En su exposición de motivos el mandatario estatal señala que la Ley estatal de Justicia Administrativa es insuficiente debido a que no regula los procedimientos que deben seguir las personas para que les reparen económicamente los daños, pues solo modifica o anula las resoluciones de los actos de autoridad, pero no contempla el derecho a la indemnización.
“Con la presente iniciativa se propone reglamentar y cumplir las disposiciones constitucionales citadas a fin de que en nuestra entidad se pueda regular la responsabilidad patrimonial del estado, previendo la obligación de responder por los daños y perjuicios ocasionados por la actividad administrativa irregular, realizando los ajustes presupuestarios necesarios para el pago de la indemnización correspondiente”, indica Merino Campos en la iniciativa.
Manifiesta que es “inaplazable” la expedición de la nueva ley, en donde “se reconozca la obligación del estado de resarcir los daños y perjuicios comprobados que causen a los particulares”.
Se señala que la nueva ley ayudará a combatir la corrupción y a mejorar la gestión pública gubernamental.
