Ciudad de México, 25 de abril de 2025.- justicia federal ha girado una orden de aprehensión contra Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente del Grupo Orlegi y propietario de los clubes Santos Laguna y Atlas, al ser declarado prófugo por una presunta defraudación fiscal que supera los 17 millones de pesos, por lo que ahora la Fiscalía General de la República (FGR) busca su localización y detención.
Este señalamiento contra el empresario deportivo ha encendido el foco sobre el uso del aparato judicial en controversias fiscales, pues aunque la acusación no corresponde a un delito que amerite prisión preventiva automática, su ausencia a una audiencia clave detonó el proceso penal y generó una oleada de reacciones en el ámbito deportivo y legal.
Según se recuerda, el 20 de marzo, Alejandro Irarragorri Gutiérrez compareció mediante videoconferencia ante un juez de control en Torreón, Coahuila, como parte del proceso relacionado con la presunta defraudación; sin embargo, durante esa audiencia el juez determinó que el procedimiento debía continuar de forma presencial y reprogramó la diligencia para el día 24 del mismo mes.
Lamentablemente, el empresario no acudió a esa segunda cita, y si bien intentó justificar su inasistencia con un escrito, el tribunal no consideró válidos los motivos y determinó que se trataba de una desatención injustificada a un mandato judicial. Como resultado, se le declaró formalmente sustraído de la acción de la justicia, lo que llevó a la emisión de la orden de captura.
Por su parte, Santos Laguna, equipo del que Alejandro Irarragorri Gutiérrez es presidente del Consejo Administrativo, expresó su rechazo a la manera en que se ha manejado el proceso. Desde su perspectiva, el empresario actuó conforme a la ley al asistir puntualmente a la primera audiencia, y consideran que la reprogramación impuesta por el juez no cumplió con los tiempos ni formalidades legales.
De acuerdo con el comunicado del club, el empresario no fue debidamente advertido sobre posibles sanciones en caso de no asistir a la nueva audiencia presencial. Por ello, califican como excesiva la medida de declararlo prófugo.
