Otro revés del TEPJF al INE

CIUDAD DE MÉXICO .- Los errores y omisiones que cometieron las autoridades administrativas electorales (Instituto Nacional Electoral y los órganos locales) en la organización de los procesos electorales del pasado 4 de junio son múltiples y variados (Proceso 2106, 2119 y 2125), pero al menos el primero parece haber tomado conciencia de algunos de ellos y trata de enmendarlos.
    Así lo muestran, por ejemplo, el acuerdo de cancha pareja, encaminado a impedir el uso de los tiempos en radio y televisión para la promoción anticipada de precandidatos y el que intenta frenar el uso propagandístico de los programas sociales.
    Otra decisión va en el sentido de modificar aspectos que fallaron en los comicios estatales recientes, sobre manera en el caso de Coahuila. Ahora, el traslado de los paquetes electorales de las casillas a los Consejos Distritales la revierte el INE en los convenios que firmó con los Organismos Públicos Locales (Oples) para las elecciones del próximo año y les cede esa responsabilidad.
    En esa misma ruta puede inscribirse el esfuerzo realizado en materia de fiscalización para detectar gastos no reportados en los informes de los candidatos y partidos políticos, lo que les permitió detectar el rebase de gastos de campaña de Miguel Ángel Riquelme y José Guillermo Anaya, los candidatos al gobierno de Coahuila por el PRI y el PAN, respectivamente.
    Una elemental observación de las campañas electorales permite detectar múltiples evidencias del excesivo gasto de los distintos candidatos a los puestos de elección popular, lo que provoca la indignación de la ciudadanía.
    Lo peor sucede cuando los votantes se percatan de que ese dispendio no tiene ninguna consecuencia para los candidatos, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala explícitamente que el rebase de topes de gastos de campaña en más de 5% de los topes y la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos de cinco puntos porcentuales –como ocurrió en Coahuila–, es motivo suficiente para anular la elección.
    Las dificultades para aplicar esa disposición constitucional son múltiples, pero básicamente pasan por tres obstáculos: el primero, los altísimos topes de gastos de campaña establecidos para los distintos puestos de elección popular, como ejemplo basta señalar que en el caso del Estado de México era de 285.5 millones de pesos para la campaña de gobernador (en promedio 25.31 pesos por cada elector potencial), con lo cual era prácticamente imposible rebasarlo; contrario a lo que sucedía en Coahuila, donde el tope era de 19.2 millones de pesos (en promedio 9.31 pesos por cada ciudadano inscrito en la lista nominal).El segundo obstáculo es la dificultad de realizar la labor de fiscalización de muchos procesos electorales y candidatos simultáneamente en sólo 47 días, el tiempo que les marca la ley, y el tercero, los incompletos informes que intencionalmente entregan prácticamente todos los partidos políticos y candidatos.Prácticamente en todos los casos en los cuales han sido sancionados los partidos –y ahora también algunos candidatos– es por información adicional a la que ellos reportaron.
    Así fue en los casos del Pemexgate y de Amigos de Fox, y así pretendía hacer el INE con respecto a los comicios del 4 de junio pasado en Coahuila, más allá de las multas que ya impuso. Los dos rubros adicionales, detectados a los informes de los partidos en los que se sustentaba el presunto rebase de topes de gastos de campaña de los candidatos a la gubernatura de Coahuila, eran la publicidad en Facebook y el pago a los representantes de los partidos ante las mesas directivas de casilla.