“Palo” a verdad histórica de PGR

Ciudad de México, 6 de septiembre.– La versión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la incineración de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado, es poco veraz, aseguró Francisco Cox, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    “Los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula”, dijo.
    Cox señaló que hay inconsistencias entre declaraciones de presuntos responsables, por lo que se pidió la opinión de un experto en manejo de fuegos.
    José Torero, el experto contratado por la CIDH, demostró que en esas condiciones el tiempo requerido para incinerar a un cuerpo, es entre 90 a 120 minutos.
    El experto internacional estableció que son necesarios 30 mil 100 kilos de madera 13 mil 330 kilos de neumáticos y 60 horas para incinerar los 43 cuerpos.
    “Los habitantes de Cocula hubieran visto la columna de humo de 200 metros de alto”, explicó Francisco Cox del GIEI.
    El perito independiente tampoco encontró evidencia en la vegetación adyacente al basurero de los estragos que científicamente generaría una incineración de ese tipo.
    La quema de 43 cuerpos en las condiciones necesarias, hubiera desatado un incendio forestal desde el basurero de Cocula, dijo.
    La PGR anunció en enero pasado que había llegado a “la verdad histórica” de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre a partir de numerosas pruebas científicas y los testimonios de los supuestos autores materiales.
    El entonces Procurador Jesús Murillo Karam, dijo que gracias a 487 dictámenes periciales, 386 declaraciones y dos reconstrucciones de hechos quedaba acreditado que los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados a Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero, para después arrojar sus restos al río San Juan.
    El experto en fuegos contratado por la CIDH destacó las limitaciones científicas y técnicas de los estudios realizados hasta ahora para una investigación de naturaleza, “por lo que sus conclusiones son, en su mayoría, erradas y en muchos casos no emergen de la evidencia material y de su posible interpretación”.
    Según los cuatro supuestos autores materiales confesos, ellos incineraron a los jóvenes durante 12 horas por órdenes del jefe del cártel, quien creyó que eran miembros del grupo rival Los Rojos.
    Sin embargo, el laboratorio de la Universidad de Innsbruck (Austria) que analizó los restos recuperados en el basurero y en el río San Juan solo pudo identificar genéticamente a uno de los 43 jóvenes, Alexander Mora.
    Por su parte, Carlos Beristain expuso que después de la desaparición hay una visita de una patrulla del Ejército y también existen evidencias de que hay un nivel de coordinación, ya que un testigo clave dijo que fue llevado a un lugar donde alguien daba las órdenes en una casa del centro de Iguala.
    Destacó que hay 700 familiares directos que han sufrido las consecuencias de la desaparición forzada de los estudiantes, además de “seis ejecuciones extrajudiciales, 40 lesionados y 43 desaparecidos”, detalló Beristain.
    Otra de las conclusiones es que el Ejército y la Policía Federal tuvieron conocimiento del movimiento de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, antes de la desaparición de los 43, señaló Ángela Buitrago, una de las expertas.
    El experto recordó que en el caso Ayotzinapa hay al menos nueve escenarios en donde se da ataque directo con uso de arma de fuego, “hay un aspecto central que es el tiempo en el que se desarrolla, el cual sucedió en un lapso de tres horas”.
    Dijo que los normalistas fueron vigilados en todo momento por policía estatal, federal y el Ejército desde que salieron de Chilpancingo. “El objetivo de los ataques estuvo dirigido a no dejar salir a los autobuses de Iguala, cuando salieron intentaron detenerlos, ese parece ser el patrón de acción”, explicó Beristain.
    Dijo que hubo contradicciones por parte de las autoridades porque los estudiantes afirmaban que eran cinco autobuses y las autoridades decían que eran cuatro. “Se pidió ayuda a la PGR quien ordenó que se revisará si había un quinto autobús, aunque en el expediente falta uno de ellos, el quinto autobús”, refirió el experto.
    En el informe se incluyen 20 recomendaciones para la investigación del caso Ayotzinapa”, explicó Alejandro Valencia, uno de los integrantes del GIEI. Dijo que las autoridades deben investigar como línea prioritaria el móvil de la agresión a los estudiantes normalistas, el patrimonio de los posibles responsables y el posible uso de hornos crematorios en el estado. Incorporar fotos satelitales. Considerar medidas de protección y prevención.
    Como parte de las conclusiones de la investigación del GIEI sobre la desaparición de los 43 normalistas, Ángela Buitrago señaló que al momento que una parte de los normalistas llegó a Iguala, ya había terminado el informe de la presidenta del DIF María de los Ángeles Pineda de Abarca, lo que contradice una de las conclusiones de las autoridades mexicanas en el sentido de que el Alcalde de esta población, José Luis Abarca, había dado la orden de atacarlos porque tenían la intención de interrumpir el acto.
    El grupo aclaró que sus conclusiones están basadas en declaraciones tomadas por el grupo y en testimonios y reportes oficiales denominados c-4, tarjetas informativas y documentos desclasificados del Ejército.
    “Hay escenas del crimen que no se encuentran procesadas ni por la procuraduría local ni por la PGR al día de hoy”, aseveró Claudia Paz y Paz, otra integrante de la Comisión. “Esa noche, la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] manejó información restringida”.
    El informe de los seis meses de trabajo del GIEI fue presentado en la Ciudad de México ante la prensa y con la presencia de los padres y familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
    Los expertos entregaron el informe a una comisión de representantes del Estado compuesto por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa y a representantes de los papás.
    La Comisión espera que sus 20 recomendaciones se convierta en una herramienta para “la lucha contra la impunidad y el y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos”.
EL MANDATO
 DEL GIEI
El GIEI fue creado a finales del año pasado mediante el Acuerdo de Asistencia Técnica firmado por el Estado mexicano, la CIDH y las familias y representantes de los 43 estudiantes, desaparecidos en la ciudad de Iguala el pasado 26 de septiembre.
    El grupo está integrado por Carlos Beristain (España), Francisco Cox (Chile), Claudia Paz y Paz (Guatemala), Ángela Buitrago (Colombia) y Alejandro Valencia Villa (Colombia) y arrancó sus investigaciones el pasado 2 de marzo.