Peña Nieto alista otro “Fobaproa”

Ciudad de México, 16 de julio/ Un nuevo Fobaproa se discute al interior del Congreso de la Unión, en donde los diputados federales analizan rescatar con recursos públicos, a los estados endeudados por gobiernos que dejaron quebradas y saqueadas las finanzas de entidades como Tabasco y Coahuila en el apogeo de las administraciones de los priístas Andrés Granier y Humberto Moreira.
    De acuerdo a información de medios nacionales, los priístas en la Cámara de Diputados discutirán y eventualmente aprobará una propuesta para regular, sin frenar o controlar, el sobreendeudamiento de las entidades federativas, pero si implica sanciones a los que servidores públicos que divulguen “información confidencial”.
    Legisladores federales del PRD, advirtieron que Con esta medida, el gobierno de Enrique Peña Nieto, podrá absorber deudas de entidades quebradas en una especie de rescate tipo “Fobaproa”, en donde los ciudadanos pagarán el rescate de estados y municipios desfalcados financieramente, en vez de los bancos como ocurrió  en el sexenio de Salinas de Gortari.
    Explicaron, que esta iniciativa significaría, en términos reales, la posibilidad de rescatar a estados y municipios en quiebra mediante la creación de un fideicomiso que administrará y vigilará, sin mecanismos de control y sanción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
    De aprobarse, llevará el nombre de Reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios. Nació con el propósito de imponer candados al sobreendeudamiento como el registrado en el estado de Coahuila, que pasó de una deuda de 420 millones de pesos en 2006, a más de 36 mil millones de pesos en 2011 durante la administración del gobernador Humberto Moreira Valdés.
    Sin embargo, el producto legislativo que se pondrá a consideración de los diputados no contempla evitar que las entidades federativas contraigan deuda con instituciones bancarias u otros acreedores diferentes al gobierno federal y para ello, que coloquen como garantía de pago las participaciones federales, es decir, el dinero que le entrega la Federación para inversiones públicas productivas.
    Tampoco contempla un límite al endeudamiento de entidades federativas y municipios, el cual se disparó de 205 mil 287 millones de pesos en 2006, a más 404 mil millones de pesos en 2013, según reportó la Secretaría de Hacienda. Asimismo, el dictamen no integra muchas de las recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y organizaciones de la sociedad civil, como la Red por la Rendición de Cuentas, plantearon a los legisladores, en el sentido de establecer mecanismos para transparentar el destino específico de los recursos que se obtienen vía empréstitos.
    Por el contrario, la reforma al artículo 73 Constitucional, fracción octava, sienta las bases para que el Presidente de la República sirva como aval de los estados y municipios que soliciten nuevas líneas de crédito con la banca comercial.
    Además, faculta al Congreso a establecer las leyes “para que estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan”.
    Así como la obligación de estados y municipios de “inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un Registro Público Único” que administrará y vigilará la Secretaría de Hacienda, que depende del Presidente de la República.
    Por su parte, Hacienda establecerá un “sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones”. Aunque no especifica si esta sanción será de tipo penal, administrativa o sólo de amonestación.
    En el artículo séptimo transitorio, se especifica que el Registro Público Único incluirá los datos del deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago. Y precisa que hasta que se implemente el registro, “se pondrá a disposición de las comisiones legislativas competentes de la Cámara de Diputados un reporte de las obligaciones y empréstitos a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal con la que actualmente cuenta el registro, a más tardar en un plazo de 30 días naturales”, para que pueda dar puntual seguimiento al endeudamiento de los estados y municipios.
    También establece un candado para evitar filtraciones: “Los servidores públicos y demás personal de la Cámara de Diputados que tengan acceso a la información referente al presente artículo transitorio, serán responsables del manejo de la misma y responderán por los daños y perjuicios que en su caso ocasionen por su divulgación”.
    Diputados perredistas analizan reservar todo el artículo 73 en la discusión en lo particular del dictamen, a fin de evitar lo que consideraron un “Fobaproa” anticipado a estados y municipios.

SENADO DESPLAZADO
El camino de la reforma para regular las deudas de estados y municipios, inició en el Senado de la República, a principios de este año y culminaron en la aprobación del dictamen, el 16 de abril. Sin embargo, la Cámara de Diputados alegó que no correspondía al Senado la facultad constitucional para legislar en materia de deuda. Por lo que la Cámara Baja hizo suya la propuesta de la colegisladora, misma que se dictaminó en la Comisión de Puntos Constitucionales, la semana pasada.
    La propuesta del Senado sufrió importantes modificaciones en la citada Comisión de mayoría priista, cambios tendientes a establecer la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para “expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los estados y municipios y el Distrito Federal”.
    Al mismo tiempo, eliminó la propuesta del Senado otorgarse la facultad de revisar u objetar el financiamiento desmedido de las entidades federativas, que fuera aprobado por los Congresos estatales, en la mayoría de los casos, sometidos a los interés de los Gobernadores. Los senadores habían intentado plasmar en el artículo 76 Constitucional la facultad de “sancionar o, en su caso, objetar, a través de la comisión legislativa competente y en un plazo máximo de quince días hábiles, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en los convenios que, en su caso, pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garantías”.
    Este párrafo fue eliminado en el texto final. En un aspecto positivo, indica que la Auditoría Superior de la Federación podrá “fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales”.
    Asimismo, podrá fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos federales que hayan realizado los gobiernos locales “En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación”, esto es, las participaciones federales.