Petroleros cumplen 30 días en huelga de hambre y encadenados a las rejas del Tribunal Federal
Álvaro Castillo Alegría, informó que ayer médicos del Centro de Salud de Gaviotas acudieron a valorarlos y se comprometieron a ir cada cuatro horas debido a la baja presión que presentan sus compañeros Francisco y Enrique
Ayer Álvaro Castillo, Enrique García y Francisco Sánchez cumplieron treinta días en huelga de hambre y encadenados a la reja de la sede de los juzgados y tribunales federales de justicia en Gaviotas, la merma en la salud de los tres ya se observa, y la ansiada justicia no llega.
Uno de los ayunantes, Álvaro Castillo Alegría, informó que ayer médicos del Centro de Salud de Gaviotas acudieron a valorarlos y se comprometieron a ir cada cuatro horas debido a la baja presión que presentan sus compañeros Francisco y Enrique, pero sobre todo este último.
Álvaro, Enrique y Francisco son tres de los más de 300 trabajadores que entre 1993 y 1994 fueron despedidos ilegalmente de la Terminal Marítima de Dos Bocas de Petróleos Mexicanos y que desde hace más de ocho años emprendieron una lucha por la vía jurídica para lograr su reinstalación.
Con maniobras legaloides y la ayuda de autoridades de la Junta de Federal de Conciliación y Arbitraje número 36 y la administración de justicia federal, según afirman los trabajadores, hasta el momento, PEMEX ha logrado evadir el cumplimiento del laudo 642/2004 a favor de los demandantes.
Hace un mes, junto con alrededor de cien de sus compañeros del Grupo Unificador de Petroleros de Paraíso, se encadenaron e iniciaron el ayuno como medida de presión para que el Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo, resuelva una queja por la irregularidad en la resolución del amparo 565/2009 que da marcha atrás al contenido del laudo mencionado.
Otra batalla sostienen estos mismos trabajadores en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de México, en donde desde hace un año solicitaron ante esa instancia un dictamen de impedimento en contra del presidente de la JFCyA número 36, con sede en Villahermosa y los otros dos integrantes de la misma, el representante patronal y el laboral.
El Grupo Unificado de Petroleros de Paraíso, a través de la investigación que realizó la Procuraduría General de la República, en contra del funcionario y los otros representantes, pudieron probar que los tres, incluyendo el presidente de la JFCyA número 36, Víctor Manuel Mendoza Orantes, estaban en la nómina de PEMEX.
En base a esas sospechas presentaron la solicitud de un dictamen de impedimento, para que una vez que el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Penal, emita la resolución de su queja, los actuales integrantes de la JFCyA 36, estén impedidos de emitir un nuevo laudo, por ser juez y parte.
Ayer, Álvaro Castillo informó que, su representante legal, el abogado Diego Carrasco Hinojosa, se encuentra en la ciudad de México esperando los resultados de la investigación de la PGR, para disponer de las pruebas legales de que los tres miembros de la JFCyA en Villahermosa, están impedidos para continuar este proceso.
En cuanto a la resolución respecto a la queja que interpusieron ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo, Álvaro Castillo informó que el recurso quedó fundamentado y presentado el pasado 18 de febrero y que los magistrados tiene un plazo de diez días hábiles para emitir su dictamen.
Uno de los ayunantes, Álvaro Castillo Alegría, informó que ayer médicos del Centro de Salud de Gaviotas acudieron a valorarlos y se comprometieron a ir cada cuatro horas debido a la baja presión que presentan sus compañeros Francisco y Enrique, pero sobre todo este último.
Álvaro, Enrique y Francisco son tres de los más de 300 trabajadores que entre 1993 y 1994 fueron despedidos ilegalmente de la Terminal Marítima de Dos Bocas de Petróleos Mexicanos y que desde hace más de ocho años emprendieron una lucha por la vía jurídica para lograr su reinstalación.
Con maniobras legaloides y la ayuda de autoridades de la Junta de Federal de Conciliación y Arbitraje número 36 y la administración de justicia federal, según afirman los trabajadores, hasta el momento, PEMEX ha logrado evadir el cumplimiento del laudo 642/2004 a favor de los demandantes.
Hace un mes, junto con alrededor de cien de sus compañeros del Grupo Unificador de Petroleros de Paraíso, se encadenaron e iniciaron el ayuno como medida de presión para que el Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo, resuelva una queja por la irregularidad en la resolución del amparo 565/2009 que da marcha atrás al contenido del laudo mencionado.
Otra batalla sostienen estos mismos trabajadores en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de México, en donde desde hace un año solicitaron ante esa instancia un dictamen de impedimento en contra del presidente de la JFCyA número 36, con sede en Villahermosa y los otros dos integrantes de la misma, el representante patronal y el laboral.
El Grupo Unificado de Petroleros de Paraíso, a través de la investigación que realizó la Procuraduría General de la República, en contra del funcionario y los otros representantes, pudieron probar que los tres, incluyendo el presidente de la JFCyA número 36, Víctor Manuel Mendoza Orantes, estaban en la nómina de PEMEX.
En base a esas sospechas presentaron la solicitud de un dictamen de impedimento, para que una vez que el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Penal, emita la resolución de su queja, los actuales integrantes de la JFCyA 36, estén impedidos de emitir un nuevo laudo, por ser juez y parte.
Ayer, Álvaro Castillo informó que, su representante legal, el abogado Diego Carrasco Hinojosa, se encuentra en la ciudad de México esperando los resultados de la investigación de la PGR, para disponer de las pruebas legales de que los tres miembros de la JFCyA en Villahermosa, están impedidos para continuar este proceso.
En cuanto a la resolución respecto a la queja que interpusieron ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo, Álvaro Castillo informó que el recurso quedó fundamentado y presentado el pasado 18 de febrero y que los magistrados tiene un plazo de diez días hábiles para emitir su dictamen.
