Por una política energética soberana y por el desarrollo nacional

La actual crisis financiera y económica mundial revela que el mercado, sin la regulación apropiada del Estado, no es capaz, por sí mismo, de ofrecer un desarrollo económico balanceado, eficiente y a la vez justo. La nueva política económica debe basarse en la planeación del desarrollo de acuerdo con el interés nacional y el ejercicio democrático.
    Los gobiernos neoliberales, en sistemática contravención del orden constitucional, han provocado el abatimiento y desmantelamiento del sector energético nacional, especialmente en el ámbito público, reservado al Estado.
    Las actividades del sector han sido convertidas en centros de negocios para intereses privados nacionales y trasnacionales. Se han desplazado y sustituido las capacidades nacionales de ejecución y desarrollo tecnológico, al grado de convertir a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad en simples administradoras de contratos que favorecen predominantemente a intereses particulares, sobre todo extranjeros.
    Los más recientes ejemplos, son la desintegración de Luz y Fuerza del Centro, el despojo al Sindicato Mexicano de Electricistas y el remate a Televisa de 21 mil kilómetros de estratégica fibra óptica instalada con presupuesto público.
    El sector energético nacional vive en una condición de corrupción generalizada y una pérdida de rumbo que lo desmantela y lo entrega al interés extranjero.
    Con base en estas consideraciones, proponemos el fortalecimiento del sector energético mexicano, a fin de orientarlo al logro del desarrollo nacional, la equidad social y el bienestar general de la población:
    Restablecer una nueva política energética integral con visión de largo plazo, que optimice el aprovechamiento de los recursos naturales y tecnológicos nacionales para un desarrollo sostenible, soberano, democrático, constitucional, no privatizador no desnacionalizador y con justicia social.
    Se debe planear el sector energético con una visión integral, optimizando las sinergias y compatibilidades entre PEMEX, CFE, los institutos de investigación del sector, del aparato de investigación de las universidades públicas del país y de la planta industrial nacional. Garantizando el dominio de la Nación sobre sus recursos energéticos no renovables así como su protagonismo, hoy desechado por los neoliberales, en el manejo y aprovechamiento de los recursos energéticos renovables. Todo esto con los objetivos de elevar el bienestar de los mexicanos, fortalecer la soberanía energética, dotar a la economía de energía suficiente y a los mejores precios, administrar con visión de largo plazo la sostenibilidad de nuestros recursos energéticos y en general aprovechar el sector energético nacional como una gran palanca de desarrollo y base de una nueva política industrial.
    Rescate e impulso de la importante tradición científica y tecnológica mexicana en el sector energético, tanto en sus institutos de investigación (Mexicano del Petróleo, de Investigaciones Eléctricas y de Investigaciones Nucleares), como en las universidades e institutos públicos de educación superior (UNAM, IPN, UAM, Universidades y Tecnológicos estatales y regionales).
    Iniciar una transición energética hacia el mejor y menor uso de los recursos no renovables, para su preservación sustentable. Se deberá revisar y reformar la actual LEY PARA EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, con la finalidad de que el estado mexicano recupere su protagonismo que le corresponde constitucionalmente y fortaleza en la promoción, desarrollo e investigación para las energías renovables, conservando una sana relación con los actores privados, que tienen un importante papel complementario en este tema.
    Garantizar y vigorizar los derechos de las comunidades afectadas por estos proyectos, informándolas y consultándolas previamente, incorporándolas a las tareas de la industria y promoviendo su desarrollo económico, social y cultural con los beneficios derivados.
    Fortalecer la responsabilidad social y ambiental de PEMEX y CFE, mediante sus capacidades de análisis y propuesta en estos temas, no más funcionarios tecnócratas y lejanos de las necesidades sociales. Revisar a fondo las políticas de seguridad industrial y protección civil de las industrias energéticas nacionales.
    Rescate e impulso de la exitosa experiencia mexicana en generación eléctrica nuclear, así como en las demás aplicaciones de la ciencia y las tecnologías nucleares.
    Dotar a PEMEX y a la CFE de autonomía constitucional, artículos 25, 27 y 28, alcanzando su autonomía técnica y administrativa, así como autosuficiencia financiera, librándolas de la tutela de la SHCP y de los amarres presupuestales federales.
    Fortalecer los organismos e instancias públicas y sociales de planeación, regulación y vigilancia de la política energética nacional y sus organismos e institutos de investigación.
    Promover regímenes laborales en PEMEX y CFE corresponsables con sus trabajadores, de alta productividad, respetuosos de la autonomía sindical y los derechos conquistados, sin colusión y a contrapelo de prácticas corruptas y represivas. Igualmente en los institutos de investigación del sector.
    Desvincular los subsidios a los combustibles y a las tarifas eléctricas de PEMEX y de CFE, para que sean políticas públicas decididas por el Congreso y parte del presupuesto federal.
    Que los excedentes petroleros, por ley, sólo sean utilizados como recursos de inversión en proyectos de desarrollo de largo plazo. Suspender los recursos económicos que se le otorgan a los gobernadores derivados del sobreprecio del petróleo hasta en cuanto no haya trasparencia y rendición de cuentas.
    Impulsar la presencia internacional de nuestras empresas públicas energéticas para elevar su rentabilidad, sus capacidades tecnológicas y fortaleza institucionales. Estrechar lazos de cooperación con las grandes empresas energéticas públicas de los países latinoamericanos y del Caribe afines a nuestro proyecto.