Presenta JJMP iniciativa para que Defensoria de Oficio cumpla con quienes no tienen recursos
VILLAHERMOSA, TABASCO, 8 DE MARZO.- El diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, presentó hoy una iniciativa para que la Defensoría de Oficio cumpla verdaderamente su papel de asistencia jurídica a quienes no cuenten con recursos para contratar abogados defensores. Para ello propone reformar el artículo cuarto constitucional y expedir la Ley de Defensoría Pública del Estado de Tabasco, pues no puede ser que 70 abogados, que integran la Defensoría de Oficio del Gobierno, atiendan mil 700 casos, lo que es evidente que tienen una sobrecarga de trabajo en perjuicio de sus defendidos. Martínez Pérez citó un diagnóstico elaborado por esa área dependiente de la Secretaría de Gobierno, en la que se da cuenta que “entre el 80 y el 90 por ciento de los casos que llegan a los juzgados en los 17 municipios terminan en manos de los abogados de la Defensoría de Oficio del gobierno del estado.” Sin embargo, la Defensoría de Oficios carece de recursos, lo mismo que los acusados, y “tan sólo en un mes cerca de mil 700 asuntos fueron tratados por 70 elementos que conforman esa dirección, lo que es clara muestra de la sobrecarga de trabajo que prevalece en esta vital área pública, situación que evidentemente no contribuye a una eficiente defensoría de oficio para la ciudadanía.”
Por ello planteó el diputado perredista que se establezca en la Constitución local la creación de un “órgano constitucional autónomo responsable de realizar la función de orientar, asesorar y patrocinar a todo ciudadano en todo litigio frente al Ministerio Público y los Tribunales”.
Se trata, apuntó, de un nuevo ordenamiento jurídico, que contenga las disposiciones que vengan a regular la organización y funcionamiento de un verdadero Instituto de Defensoría Pública para el Estado, con esa naturaleza de órgano constitucional autónomo. También propone la creación del Instituto de Defensoría Pública, no como un órgano desconcentrado sometido a la jurisdicción del Poder Ejecutivo Estatal, sino como un órgano constitucional autónomo, toda vez que puede ser instituido por este Poder Legislativo, para evitar cualquier injerencia o intervención de algún otro poder o autoridad en sus actividades y garantizar con ello, a los ciudadanos una defensoría bajo los principios de gratuidad, obligatoriedad, imparcialidad y profesionalismo, entre otros. “Una función y servicio del Estado, como es la de defensa jurídica y patrocinio legal de los ciudadanos, debe ser realizada por un órgano con autonomía de gestión y presupuestaria cuyas características le eviten cualquier tipo de injerencia de los poderes del estado, a fin de garantizar con su labor técnica, el derecho a una defensa adecuada”, puntualizó.
Por ello planteó el diputado perredista que se establezca en la Constitución local la creación de un “órgano constitucional autónomo responsable de realizar la función de orientar, asesorar y patrocinar a todo ciudadano en todo litigio frente al Ministerio Público y los Tribunales”.
Se trata, apuntó, de un nuevo ordenamiento jurídico, que contenga las disposiciones que vengan a regular la organización y funcionamiento de un verdadero Instituto de Defensoría Pública para el Estado, con esa naturaleza de órgano constitucional autónomo. También propone la creación del Instituto de Defensoría Pública, no como un órgano desconcentrado sometido a la jurisdicción del Poder Ejecutivo Estatal, sino como un órgano constitucional autónomo, toda vez que puede ser instituido por este Poder Legislativo, para evitar cualquier injerencia o intervención de algún otro poder o autoridad en sus actividades y garantizar con ello, a los ciudadanos una defensoría bajo los principios de gratuidad, obligatoriedad, imparcialidad y profesionalismo, entre otros. “Una función y servicio del Estado, como es la de defensa jurídica y patrocinio legal de los ciudadanos, debe ser realizada por un órgano con autonomía de gestión y presupuestaria cuyas características le eviten cualquier tipo de injerencia de los poderes del estado, a fin de garantizar con su labor técnica, el derecho a una defensa adecuada”, puntualizó.
