Reforma para militarizar seguridad es altamente cuestionable: Patricia González

Ciudad de México, 22 de junio de 2024.- Tras la posible implementación del llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, propuesto a principios de este 2024, para emprender reformas trascendentales para el país, el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, presentó un Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales, donde se señala que podrían ser iniciativas “regresivas” y “dañinas” para el país.
Basta recordar que el pasado 5 de febrero, en el marco del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de México, López Obrador presentó un paquete de 20 reformas, conocido como Plan C, donde destacó reformas importantes, incluida la Guardia Nacional y este Análisis universitario, dedica un capítulo especial para entender las contradicciones a derechos humanos que esto plantea.
En dicho análisis universitario, aseveran que “se trata de una reforma profundamente regresiva, que, más allá de la retórica del presidente López Obrador, simple y sencillamente, busca el desmantelamiento y la captura de los poderes judiciales, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
En ese análisis Patricia Lucila González Rodríguez, experta en temas de delito, violencia, derechos humanos, género y proceso penal acusatorio, también emitió su análisis sobre el tema del traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de lo cual señaló que los señalamientos descritos en la iniciativa bajo ningún aspecto justifican esa medida.
Patricia Lucila González Rodríguez, explicó que no se justifica ese traslado, cuando el componente constitucional y legal que originó la creación de la GN introdujo un diseño institucional enfocado en mayor medida con funciones preventivas dirigidas a evitar comisión de delitos y faltas administrativas, salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer la paz social como actividades propias de la seguridad ciudadana.
Destacó el hecho de que las líneas argumentativas que motivan la apuesta por una militarización de la seguridad pública nacional, son altamente cuestionables, y apuntan a ser una solución sencilla para un problema infinitamente más complejo.
Guardia Nacional
En el capítulo cuatro de dicho documento, Patricia Lucila González Rodríguez, realiza un análisis crítico de la Guardia Nacional como fuerza armada permanente.
La experta en temas de delito, violencia, derechos humanos, género y proceso penal acusatorio, detalló que «bajo ningún aspecto justifican el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)».
La especialista aborda el enfoque de la creación de la Guardia Nacional, afirmó que su componente constitucional y legal que la originó tuvo un diseño enfocado en funciones preventivas dirigidas a evitar comisión de delitos y faltas administrativas, salvaguardar la integridad de personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer la paz social como actividades propias de la seguridad ciudadana.
Desestimó su actuación como parte de investigaciones, explicó que la actuación de la GN solo tiene carácter complementario y de auxilio al Ministerio Público, quien es el encargado de esto, por lo tanto, está acotada a la policía de la Agencia de Investigación Criminal y los integrantes de la Fiscalía General de la República, por tanto, en este rubro tampoco podría haber avances significativos para el país.
“Resulta sumamente preocupante que con esta iniciativa de reforma se otorgue a los elementos de las Fuerzas Armadas facultades de prevención, investigación y persecución del delito, lo que se traduce en un grave retroceso en materia de acceso a la justicia. Asimismo, se propone que los elementos de la Guardia Nacional cuenten con fuero militar, lo que en términos prácticos dificultaría el acceso a la verdad y la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas”, reclama.
Red Feminista
Antimilitarista
El análisis de la experta en temas de delito, violencia, derechos humanos, género y proceso penal acusatorio alimenta el debate público sobre el papel y la naturaleza de la Guardia Nacional como una fuerza armada permanente en un país democrático.
Sus críticas se centran en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia para evitar que la militarización de la seguridad pública conduzca a violaciones de derechos humanos y erosione las instituciones civiles.
La periodista Lucía Lagunes Huerta en su columna La militarización caerá sobre nosotras, abunda «las mujeres lo sabemos bien, a mayor violencia generalizada con presencia de hombres armados en las calles, mayor violencia en nuestra contra y más restricciones a nuestras libertades».
Lo hemos aprendido a lo largo de la historia, las mujeres han sido los botines de todos los hechos de violencia sociales armados. Sus cuerpos y sus vidas se convierten en premios a ganar o dañar.
Y esto tiene que ver con la construcción genérica de la masculinidad y del sistema patriarcal en los cuales la violencia es uno de los pilares, a tal grado, que no solo está legitimada, sino se han legalizado; pensemos en los crímenes de honor o los que se comenten bajo el presunto Estado de Emoción Violenta, que en ambos casos son justificaciones de la violencia masculina contra las mujeres plasmadas en las leyes.
Lucía Lagunes Huerta
La Red Feminista Antimilitarista ha insistido en que se incorpore la perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad a las políticas de seguridad pública, lo cual no equivale a incrementar el número de mujeres en las Fuerzas Armadas, sino a tener claridad respecto a que la violencia que azota al país tiene repercusiones distintas en la vida de las mujeres y niñas, pues las ha afectado de manera estructural en el ejercicio de sus derechos.
A lo que añadió que sin la debida dimensión sobre el poder que las estructuras criminales tienen en nuestro país, y sin un marco de incentivos reales que permita contrarrestar su acción, es difícil afirmar que estos procesos de colusión delictiva no puedan presentarse aún con las fuerzas armadas al mando de la GN, y en el ejercicio de facultades relacionadas con la seguridad pública, más ante la ausencia de controles efectivos y mecanismos de vigilancia institucional en la función militar.
Las organizaciones que conforman la Red Feminista Antimilitarista han documentado diversos casos de protección e impunidad de los tribunales militares a los elementos que han violentado los derechos humanos de la ciudadanía, particularmente de mujeres y niñas.
Contradicciones
En otro orden de ideas, Patricia Lucila González Rodríguez, se remitió a las fallas que se advirtieron en la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), que derivaron en la pérdida de confianza ciudadana y en la incapacidad de esta corporación para atender el fenómeno delictivo en el ámbito de su competencia.
Por ejemplo, se enfrentó a insuficiencia de elementos, recursos materiales y logísticos, falta de mecanismos de rendición de cuentas y controles de confianza efectivos, así como la precarización laboral de integrantes de la extinta Policía Federal.
Al respecto señaló que si bien la precarización económica de las corporaciones policiacas es un hecho en el país, afirmó, que la solución a este problema no está en optar por la alternativa militar, con el traslado de la GN a las estructuras y funcionamiento de la Sedena.
Por tanto, adscribir la GN en la institución militar no cobra sentido hasta que el despliegue de la fuerza policial pueda ser dirigida bajo el mando del Ejército mexicano, de tal forma que deban ajustarse a métodos de trabajo e instrucciones recibidas por los líderes militares.
En cambio, agregó, un argumento respaldado en el actual artículo 21 constitucional sería consistente con la estrategia en materia de seguridad ciudadana, y apostaría especialmente por el fortalecimiento a las policías de seguridad, con un plan nacional en el que aplique mayores presupuestos destinados exclusivamente a atender diversas necesidades de las instituciones policiales.
En especial aquellas relacionadas con la capacitación especializada de sus integrantes, en disciplinas como la criminalística y la criminología, policía científica, psicología y sociología criminológica, seguridad comunitaria, entre otras áreas de conocimiento que modificarían la actividad policial cotidiana en un éxito de prevención de la criminalidad, mencionó.
Por otro lado, comentó que está claro que la iniciativa pretende el empoderamiento de la Sedena, pues la adecuación constitucional que se intenta desde el Ejecutivo aumentaría a más de 118 mil elementos nuevos, y contempla que los recursos presupuestarios, financieros y materiales de la GN sean transferidos a la Sedena, aumentando su presupuesto a más de 400 mil millones, según datos de México Unido contra la Delincuencia.
La experta en seguridad y defensa describió que en este orden de cosas, la iniciativa subraya que en los años más recientes el flujo de capitales, el intercambio acelerado de mercancías e información, y la movilidad desbordada de personas, han tenido como uno de sus efectos la diversificación de las distintas expresiones del crimen organizado, cuyos efectos se extienden más allá de las fronteras nacionales.
La Red Feminista Antimilitarista ya lo advertía en febrero de este año, al considerar preocupante el poderío económico que adquirirían las Fuerzas Armadas de aprobarse la reforma presidencial para normalizar su participación en tareas de seguridad pública.
Porque la Secretaria de la Defensa Nacional administraría el tercer presupuesto federal más grande de la administración pública, que ascendería a 400 mil millones de pesos solo para 2024 y con los 259 mil 434 millones de pesos que fueron aprobados en este año para la Sedena, se podrían financiar 624 Programas de Apoyo para Refugios.
Afirmaron que en lugar de fomentar políticas públicas que atiendan las exigencias de las víctimas, usan las Fuerzas Armadas para tareas ajenas a la disciplina militar e incluso en tareas de seguridad pública la cual parte de una visión patriarcal, en donde las mujeres y niñas son invisibilizadas, convirtiéndolas en víctimas de esta “guerra contra el crimen organizado”, dejando de lado la erradicación de las causas estructurales de la violencia y discriminación a la que nos enfrentamos.
“De aprobarse esta reforma presidencial, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) se adjudicaría los recursos presupuestales, financieros y materiales de la Guardia Nacional y pasaría a administrar el tercer presupuesto federal más grande de la administración pública, que ascendería a 400 mil millones de pesos sólo para el ejercicio fiscal 2024”, reiteró.
Así, se indica que el lavado de dinero, el tráfico de personas, y de flora y fauna silvestres, la explotación ilegal de recursos naturales, el comercio ilícito de armas, así como los crímenes cibernéticos, constituyen algunas de las expresiones icónicas de su complejidad, apuntó.
Ahora bien, sin disputar la radiografía criminal que presenta el Ejecutivo, los ya citados fenómenos criminales tampoco son una justificación o motivo para optar por el traslado de la GN a la Sedena.