Retroceso priísta a la opacidad; no hay rendición de cuentas de Peña

nDesde el regreso al poder del PRI, va quedando rezagada una las grandes conquistas de la sociedad mexicana en la última década.

México, DF., 21 de agosto/ La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) es, sin duda alguna, una de las grandes conquistas de la sociedad mexicana en la última década.
    Sin embargo, esa legislación que considera el derecho de cada individuo a preguntar y obliga a los funcionarios públicos a contestar, y a proporcionar información de su actividad sistemáticamente, ahora está en riesgo.
    El reglamento –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003– tendrá ahora una regresión luego de que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), apoyada por sus socios del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (Panal) aprobara modificaciones que restan poder al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), erigido a partir de los cambios constitucionales resueltos al inicio del gobierno de Vicente Fox Quesada como la máxima autoridad para dirimir diferencias sobre las solicitudes ciudadanas de acceso a la información.
    Encabezados por el Diputado federal de Nuevo León, Héctor Gutiérrez de la Garza, identificado como uno de los hombres más cercanos al coordinador priista en la Cámara Baja, el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, el tricolor impuso mayoría en una votación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda intervenir y en su caso revertir fallos del IFAI.
     Aun cuando la mayor parte de los legisladores votó porque las decisiones del IFAI sean “definitivas” e “inatacables”, los priistas se impusieron al establecer corchetes para que los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) –que trabaja directamente para el Presidente de la República, en este caso Enrique Peña Nieto– puedan llevar sus recursos de inconformidad a la Suprema Corte.
    Con esto, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y el gobierno de Peña Nieto han impuesto un cerrojo a la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Desde el inicio del sexenio, cuando los miembros del Gabinete Legal y Ampliado del Presidente presentaron sus declaraciones patrimoniales incompletas y sesgadas, se preveía que la rendición de cuentas no iba a ser el fuerte de la presente administración.
    Así ha sido en estos más de ocho meses del gobierno federal priista que, de acuerdo con denuncias de ONG’s, no ha ofrecido la información mínima que debe hacerse pública en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
    Aunque el 20 de diciembre pasado, ya con EPN como Presidente, las bancadas del PRI, del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República acordaron, en consulta con organizaciones de la sociedad civil, reformar la LFTAIPG para otorgarle incluso mayores atribuciones, esa ganancia se revirtió la noche del lunes en la Cámara de Diputados.
    Por ejemplo, el acuerdo de diciembre entre senadores y ciudadanos planteaba darle autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, para aumentar su competencia en asuntos relacionados con los poderes Ejecutivo y Legislativo, otros organismos autónomos –como los sindicatos–, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Pero ahora es justo el PRI y los sindicatos a los que respalda los que le han dado un manotazo a la ciudadanía, para no ser sujetos obligados a responder al IFAI sobre su estructura orgánica, sus trámites y formatos, el presupuesto asignado, reportes de gastos, entre otros asuntos.
    Esa es la barrera que ha impuesto el tricolor, con ayuda de sus partiditos satélites. Es la vuelta atrás de una década de avances la que se impone ahora para que los ciudadanos en México no ejerzan su auténtico derecho a saber. Para que nadie se entere quién o quiénes son los políticos y servidores públicos corruptos que, bajo el manto de la impunidad, faltan a sus responsabilidades y desvían a placer dinero del erario público, el de todos, en su beneficio y el de sus familias. Para que, de nuevo, se imponga el reino de la opacidad.